15 de octubre de 2017

Nosotros, los fascistas

Madrid 12 de octubre de 2017, un joven se aproxima a presenciar el desfile conmemorativo del Día de la Hispanidad. Porta una bandera de España a la que anexa otra con los colores arcoiris de la diversidad sexual. El resto de los asistentes lo saludan amigablemente, algunos “incluso me han pedido tomarse fotos conmigo”, confirma Valentín Garal, orgulloso defensor de la libertad.

Esa misma noche, Valentín accede a una discoteca gay con un lazo con los colores de la enseña nacional. El joven es increpado hasta en cuatro ocasiones por personas de su misma orientación sexual, tachándolo de facha, fascista o pregúntandole de forma despectiva “¿por qué llevas eso?”.

Les da la razón a los que acusan a Valentín el conocido columnista Javier Marías en su hoja parroquial dominical en El País, el medio de comunicación del centroizquierda español. Dice Marías que “siempre que veía gran número de banderas me acordaba de Núremberg” y que esta oleada de banderas españolas es “el despertar de un nacionalismo peligroso que llevaba décadas adormecido”.

Estas afirmaciones procedentes de uno de los líderes intelectuales de la izquierda moderada española no es un caso aislado. Portar una bandera de España es considerado, para una parte de los españoles, un símbolo de pertenencia a la extrema derecha. Dicho de otro modo, los que nos sentimos españoles y lo confirmamos usando la bandera de nuestro país somos unos fascistas.

Nosotros, los fascistas, no increpamos a los que usan la bandera del orgullo gay. Lo respetamos, porque respetamos la diversidad, pero no hacemos alharacas por ello. Quizá sea porque en nuestras filas fascistas militan muchos homosexuales y no los señalamos como tales, sino como uno más. Por el contrario estos repartidores de carnés de fascista, los intelectuales de la izquierda y los portadores de camisetas del Ché Guevara –homófobo de reconodida trayetoria criminal, pero al que se le perdona todo por sus revolucionarias ideas-, tienen la necesidad de repertirnos una y otra vez su rechazo al hetropatricarcado o a la ideología de género.

En esta misma línea, nosotros, los fascistas, somos hombres y mujeres, sin distinción, sin necesidad de anunciar a los cuatro vientos si cumplimos o no con las políticas de paridad de género. No vemos necesario sacar pecho si una mujer es nombrada presidenta, portavoz o alcaldesa. Es algo normal. Por el contrario los repartidores de carnés de fascista, siempre con su actitud de macho alfa, tienen que dejar clara su política de igualdad de genéro, segregando a las mujeres en grupos feministas.

Nosotros, los fascistas, no vamos proclamando nuestra simpatía con esta o aquella minoría, por el contrario las integramos a todas dentro del respeto por la libertad, la democracia y la diversidad. Quizá por eso, los repartidores de carnés de demócrata, necesiten llamarnos fascistas.

A nosotros, los fascistas, nos invade la zozobra cuando vemos el resurgimiento en Europa y América de movimientos de extrema derecha o extrema izquierda, así como las derivas totalitarias que experimentan algunos países. A los repartidores de carnés de fascista, por el contrario, sólo les molestan los movimientos de extrema derecha, mientras que miran con buenos ojos cualquier ascenso de la izquierda totalitaria o los avances de las dictaduras de izquierdas en América Latina.

Quizá lo que los repartidores de carnés de fascista no quieren ver es que nosotros, los fascistas, somos demócratas convencidos, nacidos, criados o defensores del Estado de Derecho; somos de izquierda, de centro y de derecha; somos hombres y mujeres adinerados, de clase media y pobres; heterosexuales y homosexuales; católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, agnósticos y ateos. No quieren ver que la sociedad española ha evolucionado y superado la larga noche de la dictadura hace mucho tiempo. Que enarbolar nuestra bandera es un síntoma de normalidad democrática, como lo es en Japón, en Grecia, en Venezuela o en Francia.

Nosotros, los fascistas, somos, al fin y al cabo, personas que, sin sectarismos, sin rencores, sin resentimientos, pero también sin miedo, creemos en la libertad, en la democracia y en el Estado de Derecho. Quizá por eso nos llamen fascistas. ¡Ya basta!.

24 de septiembre de 2017

¿Dónde están los catalanes?

El 27 de septiembre de 2015 los catalanes fueron llamados a las urnas –los catalanes han acudido a las urnas tres veces en menos de dos años- para elegir al gobierno autonómico por medio del sistema de representación parlamentario. Los partidos independentistas (Junts Per Si y CUP) obtuvieron un 47,8 por ciento de los sufragios. Debido al sistema electoral que distribuye los votos de forma no proporcional, los soberanistas obtuvieron un 53,33 por ciento de los escaños parlamentarios en juego y formaron gobierno.

Las negociaciones para componer este gobierno de corte independentista, culminaron con la designación de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña, el cual no se presentó a las elecciones. Dicho de otro modo, los catalanes tienen como presidente autonómico a un señor que ni siquiera era candidato, sino que llegó al poder por medio de negociaciones entre partidos.

La mayoría de los catalanes que no votaron por partidos independentistas guardó silencio, como lo guardan ahora. Muchos amedrentados por la virulencia con la que ejercen sus derechos de libertad de expresión y manifestación una parte de los vencedores en aquella contienda electoral: los partidarios de extrema izquierda agrupados en torno a la formación anticapitalista denominada Candidatura de Unidad Popular (CUP) y a los que se unen los militantes más radicales de Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC).

La fractura de Cataluña quedó evidenciada en las elecciones de 2015 y ha ido en aumento desde entonces. Los independentistas, con su pírrica victoria en la contienda electoral, han ido capitalizando espacios de opinión e invadiendo todos los ámbitos de la vida pública catalana. Desde las instituciones catalanas, hasta la educación.

Esta apropiación de lo público ha contado en gran medida con el apoyo de la marca local del partido nacional de izquierda populista Podemos, En Comú Podem, que gobierna en varios municipios catalanes, destacando la alcaldía de Barcelona. Una agrupación que se opone a la independencia pero que apoya la convocatoria de un referéndum. Esta posición ambivalente sirve a los populistas para captar votos en las revueltas aguas de la política catalana.

Este adueñamiento institucional del independentismo, ha creado una imagen falsa de Cataluña y los catalanes, de forma que se nos hace creer que todos los catalanes quieren la independencia de España. Las urnas indican que es falso: la mayoría de los catalanes no votó por partidos independentistas.

Sin embargo, esa mayoría de catalanes permanecen en silencio. Como en silencio permanecen también otros muchos catalanes que, aunque son partidarios de la celebración de un referéndum legal, no al margen de la ley como el convocado por los independentistas, son personas moderadas y sensatas que ven cómo la convivencia en Cataluña se va deteriorando a pasos agigantados.

Parece que los partidos moderados catalanes, integrantes de la antigua Convergencia y Unió (CiU), hoy en vías de extinción, no quieren ver que sus aliados en este intento de quebrar España, son grupos radicales que poco a poco van tomando el control de la situación. No parecen darse cuenta de que, en el remoto escenario de una independencia catalana, ellos exigirán el poder. “Nosotros conseguimos la independencia, ahora queremos el poder”, será la frase que tendrán que soportar los catalanes, todos los catalanes, si continúan dejando el protagonismo a los radicales.

Adicional a lo anterior, está la escalada de tensión que viene generando el independentismo en su pulso contra el estado de derecho. Este movimiento táctico, crea un sentimiento de posibilidad entre muchos catalanes que ven cerca la independencia. No parecen ser conscientes de la gravedad de la ruptura unilateral que promulgan los líderes radicalizados del independentismo. La frustración de una parte importante, aunque minoritaria y resentida, de la sociedad catalana ante la imposibilidad de la independencia, puede tener graves consecuencias en términos de violencia.


Ante este sombrío escenario, no para la unidad de España, si no para el futuro de Cataluña. Llega la hora de que los catalanes levanten su voz de forma pacífica contra la deriva radical a la que los conduce el independentismo. Muchos se escudan en la posición cómoda de la llamada al diálogo. Otros tienen miedo porque saben que serán señalados como botiflers –apelativo del siglo XVIII con el que se insulta a los contrarios a la independencia-. Pero que los catalanes nunca olviden que ellos son más y tienen el apoyo del resto de los españoles.

23 de agosto de 2017

¿Por qué Cataluña?. Reflexiones sobre el atentado de Barcelona.

Después de muchos años el terrorismo islámico vuelve a golpear con fuerza a España. De nuevo en una de sus grandes ciudades y buscando una masacre de grandes proporciones. Desde la tragedia de 2004, España había permanecido inmune a este tipo de atentados. En gran parte gracias a la experiencia adquirida durante décadas de lucha contra la banda asesina ETA, hoy en vías de desaparición, por parte de los cuerpos de seguridad españoles.

Ante este tipo de ataques indiscriminados da la impresión, visto lo sucedido en La Rambla barcelonesa,  que nadie está a salvo. No obstante, el atentado del pasado jueves, que se cobró la vida de 15 seres humanos inocentes, nos lleva a reflexionar más allá de las noticias que se producen al calor de los acontecimientos. Un análisis que nos lleva a pensar si la infalibilidad de la seguridad convencional es suficiente.

Lo primero que aprendo después del criminal acontencimiento es que en Cataluña viven más de 500.000 musulmanes –más de 200.000 son marroquíes-, representando un 7 por ciento del total de la poblacion catalana. Se trata de la primera comunidad autónoma española con más población de esta tendencia religiosa, seguida muy de lejos por Andalucía que apenas llega a los 300.000 residentes musulmanes, en donde apenas representan un 3,7 por ciento de los ciudadanos.

Una cifra que, aislada, nada tiene de particular. Por eso hemos de indagar más y saber que hace quince años el número de musulmanes en Cataluña era de apenas 30.000. A pesar de la dura crisis económica vivida en España, el número de inmigrantes musulmanes en Cataluña no ha cesado de crecer. Las causas se deben a dos factores fundamentales: la erradicación progresiva del castellano y la promoción de la inmigración marroquí.

Las políticas lingüísiticas emprendidas por los diferentes gobiernos catalanes a lo largo de los 20 últimos años, han ido profundizando en una paulatina eliminación del español en todos los ámbitos de la vida. Comenzando por los puestos de trabajo a los que aspiran los recién llegados y continuando por las escuelas en las que los hijos de los inmigrantes se inscriben.

Esto motiva que, a diferencia del resto de España, para los inmigrantes latinoamericanos, mayoritarios en la totalidad de la geografía nacional, se dificulta acceder por motivos lingüísticos a un puesto de trabajo. Dicho de otro modo, para un ecuatoriano, colombiano o argentino es mucho más fácil iniciar una nueva vida en un lugar en el que se habla su lengua materna que en uno en el que tiene que aprender un idioma nuevo.


Pero la causa más importante de la masiva llegada de musulmanes a Cataluña, parecen ser las campañas activas emprendidas por el nacionalismo catalán para atraer a ciudadanos marroquíes. Su precursor más significativo fue el ex ERC Angel Colom que, tras pasarse a las filas de CDC, inició todo un periplo “diplomático” en Marruecos para beneficiar la inmigración del país magrebí a Cataluña.

El fin de esta estrategia era generar una masa crítica de ciudadanos de origen musulman catalanizados para profundizar en el proceso separatista. El propio Colom llegó a afirmar que "no se puede construir un Estado catalán sin la participación de los catalanomarroquíes". En 2012 creó con el apoyo de la Generalitat la fundación Nous Catalans, dedicada a hacer proselitismo del independentismo entre la población inmigrante en Cataluña. La fundación cerró sus puertas el año pasado tras una larga lista de escándalos. Destaca en el historial de político de Colom –involucrado en el caso de corrupción del Palau de la Música- la deportación de su mano derecha, el marroquí Noureddin Ziani, por su vinculación con el yihadismo.

Llegados a este punto entra en juego la relación entre todo este movimiento político-migratorio con la consideración, por parte de los servicios de inteligencia de medio mundo, de Cataluña como uno de los focos más importanes del yihadismo en Europa. Un dato clave es que el 75 por ciento, de las mezquitas radicalizadas -79 mezquitas salafistas, según datos de los propios Mossos d´Esquadra-  existentes en España, se encuentran en territorio catalán. Sin ir más lejos el imán de la mezquita de Ripoll era uno de los terroristas –muy probablemente el líder de la célula- involucrados en los sucesos del 17 de agosto.

Con este panorama, el cual parece ser tabú en los medios de comunicación más leídos de España. El atentado de La Rambla se enmarca lejos de esa afirmación que hacía la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, “está claro que nadie está a salvo y un hecho así puede ocurrir en cualquier lugar”. En Cataluña parece que el caldo de cultivo para un suceso como este, desgraciadamente, se fue gestando a lo largo de los años.


No faltará quien trate de encontrar un tufo de islamofobia en estas líneas. Nada más lejos de la realidad. El islamismo es una religión basada en el amor al prójimo como lo son el resto de religiones monoteístas mayoritarias. El asunto es que dentro de sus filas el radicalismo crece y se esconde con total impunidad. Quizá deberían ser los musulmanes de bien, muy posiblemente víctimas en estos tiempos que corren del miedo y la amenaza, los que dieran un paso al frente para ayudar a las fuerzas de seguridad a erradicar esta lacra del siglo XXI.

22 de junio de 2017

De la nueva relatividad moral

No cabe duda de que vivimos en una época extraña. Un tiempo en el que la relatividad moral se ha adueñado de la escena pública sin ningún reparo. En el que los derechos humanos se relativizan sin sonrojo a conveniencia de intereses espurios.

Así, nos encontramos con paradojas como el contínuo reproche a cualquier actitud o insinuación que tenga un lejano atisbo de machismo. Eso tiene validez siempre y cuando el presunto machista sea occidental y, además, pertenezca a algún grupo sospechoso de no comulgar con las tendencias globales de lo políticamente correcto. Si esto ocurre el emisor del mensaje puede ser vilipendiado, valupeado e insultado sin sonrojo.

La relatividad moral se pone de manifiesto cuando los vilipendiadores del supuesto machista, no tienen empacho a la hora de simpatizar con regímenes autoritarios que someten a la mujer en sus sociedades. Más aún si el régimen de turno extiende pingües subvenciones a favor de las actividades propagandísticas de los defensores de esta nueva moral occidental.

Tres cuartos de lo mismo ocurre cuando algunos políticos, abanderados de los derechos de los homosexuales, resultan ser acérrimos defensores de dictaduras que aplastan esos mismos derechos de forma sistemática. No olvidemos la admiración que sienten –siempre desde la comodidad de la democracia occidental-, todos estos impulsores de la nueva moral pública por el régimen de la familia Castro en Cuba.

Algo parecido sucede con los derechos de los trabajadores, los parados o los más necesitados. Siempre son los demás, los reaccionarios, los que los violentan de forma sistemática. Pero la realidad es tozuda y nos muestra a los líderes de esos movimientos sociales (sic) en su actuar fuera de cámaras y de redes sociales como verdaderos déspotas. Verbigracia ese gran líder argentino que no pagaba la seguridad social a su asistente doméstico. Por no hablar del nepotismo ilustrado que copa los puestos públicos en aquellos lugares en los que gobierna cualquiera de estos predicadores de la nueva moral.

Muchos se rasgan las vestiduras por los derechos de los animales. Algunos incluso los tratan como a seres humanos -¡cuánto daño ha hecho Disney a nuestra tierna y acomplejada conciencia colectiva!-.  Pero no tenemos reparo a la hora de justificar o incluso sentir cierta simpatía por los actos terroristas contra seres humanos. No extraña ver a los propietarios de la verdadera moral moderna, ensalzar la figura de terroristas. Incluso los admiten en sus filas con regocijo.

Cualquier intento de un gobierno democrático por regular derechos como la libertad de expresión o libre movimiento de los ciudadanos es criticado, como no puede ser de otro modo, de forma unánime y contundente. Pero mucho cuidado con criticar la represión brutal a la que los regímenes de izquierda someten a su pueblo. Los líderes bolivarianos, por ejemplo, pueden cerrar medios de comunicación contrarios al régimen, apalear manifestantes o encarcelar opositores a su antojo. No hay problema. La mera adscripción a las tendencias morales globales les exime de su cumplimiento.

Algo igual sucede con la división de poderes. Las democracias occidentales, con sus mejorables sistemas de elección de poderes siempre serán, a los ojos de los apóstoles de la nueva moral, sistemas represivos en manos de las oligarquías. Por el contrario, la inexistencia de división de poderes de sus admirados –y benefactores- regímenes dictatoriales, ejercen siempre el poder estatal a favor de los más desfavorecidos.

Y así, sin darnos cuenta, vamos cayendo en el juego terrible de esa doble moral de la que acusábamos al clero en los tiempos del franquismo: “Haced lo que yo os diga, pero no hagáis lo que yo hago”. Lo mejor de todo es que la compramos, la hacemos propia y la divulgamos mediante inocentes videos con grandes letras en nuestros muros en redes sociales. Y cuídese el amable lector de no hacerlo, de no apoyar alguno de los aspectos generalmente aceptados por esta nueva -y relativa- moral, porque puede ser tachado de insolidario, fascista, reaccionario...

19 de abril de 2017

Democracia de saldo y sus efectos en Occidente

Reino Unido,  23 de junio de 2016, el 51,9 por ciento de los votantes deciden que su país debe abandonar la Unión Europea. Colombia, 2 de octubre de 2016, el 50,2 por ciento de los votantes no respaldan los acuerdos de paz del Gobierno con el grupo terrorista FARC. Turquía, 16 de abril de 2017, el 51,4 por ciento de los electores apoyan un cambio constitucional para susituir el sistema democrático parlamentario por uno presidencialista, el cual otorga amplios poderes a Erdogan para gobernar sin control del legislativo.
Son tres ejemplos a los que podemos añadir lo sucedido en las recientes elecciones presidenciales de los EE UU y Ecuador, entre otros. Soy consciente de que estos dos casos pueden ser idénticos muchos otros balotajes. La cuestión es que las opciones que se enfrentan son cada vez más antagónicas. No podemos comparar la elección de Obama versus Romney, con la de los dos últimos contendientes en las presidenciales estadounidenses.

La exaltación del patriotismo –más bien patrioterismo-, la apelación a sentimientos de clase o la tergiversación de los argumentos hasta límites insospechados, cuando no la vil mentira, son las armas empleadas por los políticos en pleno siglo XXI para ganar elecciones. Goebbels  tiene más seguidores que Churchill en esta época en la que vivimos.

Los resultados de los comicios son automáticos: la población del país dividida en dos, polarización social y problemas de convivencia. A las elecciones en los EE UU y al referédum del Brexit siguieron manifestaciones de los perdedores. A las de Ecuador y Turquía, impugnaciones.

El impacto de resultados electorales en los que se confronta a la población de forma interesada puede ser devastador para la economía y la sociedad de un país. La cuestión que hay que plantearse es si es sostenible democráticamente que continuemos viendo campañas así o, lo que es peor, sus consecuencias. Dramáticas en algunos casos.

La democracia ha comenzado a ser utilizada como arma arrojadiza por parte de los vencedores contra los vencidos. Las urnas son sagradas a pesar de que, en el fragor de la batalla, para vencer, se haya mentido, manipulado o destruido la credibilidad de un país entero. Como ejemplo más palmario el del impulsor del Brexit, Nigel Farage que, tras vencer el referendo, admitió haber ofrecido datos inflados sobre lo que el Reino Unido aporta a la Unión Europea.

Por no hablar de la campaña de Trump contra el traslado de empleos de mano de obra barata a México o China. Empleos que nadie quiere en los EE UU, país te cuenta con una de las tasas de desempleo más bajas de los últimos 20 años. Pero la Historia no recordará las mentiras y falacias de los líderes políticos a lo largo de las campañas electorales, sólo quedarán los resultados.


Los procesos electorales están quedando en entredicho. El populismo, filtraciones periodísticas interesadas unidas a la falta de información contrastada o el desinterés de la población por la política, están haciendo de nuestro sistema democrático una suerte de mercado de votos sin pies ni cabeza. Los economistas alertan de la creciente influencia de líderes populistas, como la ultraderecha en Francia o la extrema izquierda en España. De lo que hablamos poco es de cómo está afectando esta deriva antidemocrática a Occidente.