22 de enero de 2018

Esto era el cambio. Una reflexión pre-electoral para Costa Rica.

Nadie puede negar que Luis Guillermo Solís (LGS) está cumpliendo a cabalidad con su promesa de establecer el Gobierno del Cambio en Costa Rica. El cambio ha sido más que evidente, sobre todo en la forma de ejercer la máxima autoridad del país durante estos casi cuatro años.

Para empezar LGS cambió a todos los cargos de relevancia en todas las instuciones, empresas y organismos del Estado. No quedaron al margen los bancos estatales, uno de ellos hoy quebrado bajo el mandato de algunos de sus más allegados colaboradores. Tampoco el ICE, hoy con un tremendo déficit en sus cuentas, las cuales no quiso hacer públicas LGS a pesar de su prometida transparencia. En paralelo también hemos vivido, gracias a las políticas de expansión del gasto público, cómo las tarifas de los servicios básicos incrementaron astronómicamente, a pesar de la promesa electoral contraria. Cambio sí, a peor.

Cambió también LGS a los jerarcas del MOPT, con su brazo armado el Conavi, o la piñata de la obra pública. No, no lo cerró, a pesar de su cacareado compromiso de cierre. Ahí cambió poco, sólo los jerarcas que, como los anteriores, hicieron de las suyas. Aún tenemos en la memoria la adjudicación de la construcción del edificio del MOPT con un cartel que sólo permitía presentarse a dos empresas.

En la DIS, que tampoco cerró, cambió a su director y puso a su íntimo amigo Mariano Figueres, el cual ya sabemos que también modificó algunas cosas sobre la forma de utilizar la inteligencia patria y, de paso, las visitas a Casa Presidencial. Pero el que más sabe de estos cambios es Juan Carlos Bolaños, hoy en prisión preventiva, que fue invitado de Zapote en numerosas ocasiones. La versión oficial es que lo hizo para “abrir el duopolio cementero”, lo cual nunca sucedió pero sí se enriquecieron unos cuantos de estos gobernantes del cambio.

Pocos recuerdan que el cambio también pasaba por el estado laico. Menos aún que el 6 de febrero de 2014, día de la primera ronda presidencial que llevó al poder a LGS, éste se encontraba en la Catedral Metropolitana. Había que rascar votos católicos el día E. En cualquier caso pocos cambios hemos visto en este tema. Si acaso la patada de los matrimonios homosexuales hacia la CIDH para no mojarse mucho. ¿Ha visto alguien algún movimiento del Gobierno del Cambio para hacer efectiva la sentencia?.

Pero el cambio más profundo se ha producido en la forma de interpretar el mandato popular por parte de LGS. La transparencia y la cercanía han consistido en convertir la Presidencia de la República en una suerte de espectáculo público diario. Miles de posteos en redes sociales, transmisiones en vivo a diario para dar a conocer cualquier avance de obra, videos propagandísticos varios, por no hablar del afán carnavalesco de LGS. Decenas de disfraces nos ha mostrado el mandatario: bombero, piloto, ingeniero, explorador, afrodescenciente y hasta imitador del comandante del Air Force One, con bomber y gorra, cada vez que el viento soplaba más fuerte de lo habitual.  No ha existido un gobierno más atento a las señales meteorológicas que el de LGS.

El resultado del cambio es un país fragmentado con un caldo de cultivo óptimo para el arribo de algún líder populista -¿acaso no hasido el de LGS un gobierno populista?-. Una Costa Rica en la que las redes sociales tienen más credibilidad de los debates en sede parlamentaria o los discursos bien argumentados. Un déficit fiscal galopante imposible de atajar sin una subida de impuestos y, en paralelo, un recorte importante de la estructura estatal, incrementada por el cambio de sillones.


A pocos días de las elecciones, los costarricenses se sienten confundidos ante la fragmentación del voto que auguran las encuestas. Los debates principales, que rentan votos al populismo, poco tienen que ver con la realidad de nuestro día a día como afanados trabajadores, profesionales o empresarios. Sin embargo, lo que parece necesario es un Gobierno que ofrezca estabilidad, medidas concretas, rigor presupuestario y que permita al país seguir avanzando para mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Medite bien su voto… y su futuro.

2 de noviembre de 2017

¿Qué ocurre en Cataluña?. Una versión para no españoles.

Muchos amigos de fuera de España me preguntan acerca de lo que viene sucediendo en nuestro país con respecto al intento de secesión de Cataluña. En primer lugar, hay que tener muy claro que la sociedad catalana es diversa y no coincide con esa identidad independentista que a veces se nos ofrece desde algunos medios. El 27 de septiembre de 2015 los catalanes fueron llamados a las urnas –los catalanes han acudido a las urnas tres veces en menos de dos años- para elegir al gobierno autonómico por medio del sistema de representación parlamentario. Los partidos independentistas (Junts Pel Sí y CUP) obtuvieron un 47,8 por ciento de los sufragios.

Esta victoria simple permitió al independentismo formar mayoría absoluta parlamentaria gracias a la distribución de los votos frente a las escaños. Las provincias catalanas más proclieves al secesionismo necesitan menos votos para conseguir representación, frente a Barcelona, la provincia más poblada y menos nacionalista. La coalición en el poder autonómico catalán nombró a Carles Puigdemont president. Si bien él nunca fue el candidato, el partido anticapitalista CUP obligó a Junts Pel Sí a sustituir al candidato más votado: Artur Mas.

Autonomía regional

España está conformada por diecisiete comunidades autónomas, las cuales cuentan con diferentes niveles de autogobierno. Cataluña es una de las regiones con mayor capacidad en la gestión de los servicios. Salud, educación, seguridad pública o infraestructuras, son algunas de las competencias que corresponden administrar de forma autónoma a la Generalitat de Cataluña. A pesar de este alto nivel de autogobierno, similar e incluso superior en algunos casos al de los lander alemanes, el nacionalismo reclama más soberanía a España.

Un intento de obtener más competencias para Cataluña se produjo en 2006, con la aprobación de un estatuto de autonomía que incorporaba elementos de autogobierno que fueron desestimados por el Tribunal Constitucional español en 2010. A partir de ahí, sumida España en plena crisis económica, el independentismo comienza a fortalecerse mezclando crisis y recortes con autogobierno. El discurso secesionista se centra en la fortaleza de la economía catalana, la continuidad de Cataluña en la Unión Europea (UE) y en una narrativa histórica sobre la existencia de una singularidad territorial ancestral y reprimida por España. La salida es la realización de un referéndum de independencia el cual no tiene encaje en la Constitución Española de 1978, a la sazón aprobada por más del 90 por ciento de los catalanes en sufragio universal.

La situación actual

La exigua mayoría parlamentaria separatista aprueba el día 6 de septiembre la celebración de este referéndum para el 1 de octubre. Esta consulta vinculante fue decretada inconstitucional y anulada por el Tribunal Constitucional.  A pesar de la ilegalidad, Carles Puigdemont y sus socios de gobierno autonómico insisten en realizar el referéndum sin ningún tipo de garantía democrática -censo universal, votos duplicados, etc-. Del inválido resultado se obtiene una declaración de independencia votada el 27 de octubre por 70 de los 135 miembros del parlament.

A raíz de estos hechos, Cataluña entra en una especie de incertidumbre jurídica que tiene importantes consecuencias. Más de 1.800 empresas, entre ellas los bancos y la industria más importante, decide cambiar su sede a otros lugares de España. La UE expresa la imposibilidad de aceptar una Cataluña independiente en su seno de forma directa.

A partir de ahí el Gobierno español de Mariano Rajoy, el mismo 27 de octubre, con el apoyo de más del 70 por ciento de las fuerzas parlamentarias españolas, aplica los mecanismos de intervención para devolver la legalidad a Cataluña. El famoso artículo 155 de la Constitución Española, que es votado a favor por 214 de los 262 senadores elegidos en 2016 por el pueblo español.

Con la autorización del Senado, el Gobierno catalán es cesado y se convocan elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.  Estas medidas son aceptadas por la práctica totalidad de los cargos políticos catalanes, si bien los que instigaron la declaración tendrán que asumir las consecuencias legales al considerar la justicia que cometieron delito de rebelión. Sin embargo, el presidente regional cesado, Puigdemont, junto con cuatro de sus ex-consejeros, decide marcharse a Bélgica huyendo de las posibles consecuencias legales de la declaración unilateral de independencia.

Convocatoria electoral 21D

Se abre así un proceso electoral aceptado por todos los partidos catalanes, si bien la resistencia a acatar las decisiones de la justicia española por parte de Puigdemont y algunos de sus correligionarios, pueden mantener este escenario de incertidumbre.

Ante la convocatoria electoral, el independentismo tiene ante sí el reto de retomar la senda de la legalidad y la negociación dentro del marco constitucional. Asumiendo las consecuencias que desmontan su discurso sobre la economía y la permanencia en la UE. Por su parte las fuerzas constitucionalistas deben encontrar cauces para demostrar que Cataluña es mucho más dentro de España que aislada y recuperar así la normalidad social. Mención aparte merece la formación política de corte chavista Podemos (aliada a otra marca electoral denominada Catalunya Sì que es Pot), la cual mantiene una actitud ambivalente sobre el independentismo, en la búsqueda de mantener o ampliar su caudal de votos entre del nacionalismo catalán.

22 de octubre de 2017

Recuperemos la sensatez

Los acontecimientos recientes nos invitan a tomar un poco de distancia de todo lo que viene sucediendo desde el 6 de septiembre en España, en Cataluña. La distancia que nos ofrecen los hechos, ya consumados, para recobrar la sensatez propia de una de las democracias más fuertes del mundo. Esto del nivel democrático de España no lo digo yo, lo dice el semanario económico más prestigioso del mundo The Economist en su Democracy Index 2016. Nuestro país está en el puesto 17 de 167 países, por delante de Francia o Japón, por ejemplo.

Quizá este sea el primer paso hacia la sensatez perdida: reconocer que España es una democracia mejorable, como todas, pero que funciona con total normalidad. El pacto constitucional de 1978 no ha dado malos frutos, por mucho que ahora nos empeñemos en revisarlo ante cualquier visicitud propia del Estado de Derecho. Como digo mejorable, pero afirmar que es inválido, sencillamente es faltar a la verdad o intentar deslegitimar la solidez democrática de España.

La tozudez de la realidad, que nos insta de igual modo a recuperar la sensatez, desmonta muchas de las consignas que se vierten para fortalecer una determinada posición política. Veamos algunas. Cataluña es parte de la Unión Europea (UE) como consecuencia de su pertenencia a España. Una Cataluña independiente no se convertiría de forma automática en miembro de la UE. No es una opinión personal, sino la realidad del marco legal de la Unión, como todos los líderes europeos han expresado a lo largo de las últimas semanas.

Fuera de la UE parece claro que Cataluña tendría serios problemas de estabilidad económica y jurídica. La huida de más de 1.000 empresas en menos de dos semanas así lo pone de manifiesto. El dinero es cobarde y no quiere riesgos. Lo cual ha provocado la caída del mito del maná de una economía catalana autónoma. Un mercado de 7 millones de catalanes es menos interesante que un mercado de 40 millones de españoles o 500 millones de europeos. La UE es la economía más grande del mundo. Un mercado abierto, sólido y confiable.

Otro hecho que ha quedado constatado en estas últimas semanas es la división de opiniones existente en la sociedad catalana. Si bien las elecciones de 2015 dejaron claro que el independentismo logró el 48 por ciento de los votos, la propaganda contínua del separatismo hace creer que los catalanes que quieren dejar de pertenecer a España son una inmensa mayoría de población. Una falsedad que el propio reférendum ilegal dejó claro al conseguir tan sólo un 38 por ciento de votos de la totalidad de catalanes llamados a la consulta. Datos que además están en entredicho dada la falta de rigor del proceso.

Esa división de opiniones ha dado paso, gracias al empeño secesionista por arrinconar a la población catalana que se siente española, a una importante fractura social. Quizá se a esta la más grave de las consecuencias de todo este sinsentido. Una Cataluña dividida, enfrentada y sumida en la protesta contínua, no puede ser una región pujante como lo ha sido históricamente. Aquí es donde la recuperación del ´seny´, la sensatez, es crucial para Cataluña y el resto de España.

Del lado de los gobiernos centrales, también se requiere recuperar la sensatez. Dejar crecer un problema larvado, en una comunidad autónoma con tanta capacidad de autogobierno como es Cataluña, ha llevado el estado de las cosas hasta aquí. Décadas de adoctrinamiento en los colegios, propaganda institucional separatista e incluso la instalación en el exterior de células en busca de apoyos internacionales, no podrían arrojar otro resultado.

Pensar que todo el sentimiento secesionista cultivado por décadas, puede desaparecer por la vía de la legalidad coercitiva sería iluso. El Gobierno tiene que encontrar cauces para demostrar que Cataluña es mucho más dentro de España que aislada. Tienen los partidos constitucionalistas un reto importante dentro del Estado de Derecho, pero con altura de miras para devolver la sensatez y la concordia al pueblo catalán.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución no puede tener como resultado una mayor fractura social en Cataluña. Tampoco puede derivar en una campaña electoral de seis meses en la que los argumentos, aunque destrozados por la realidad, continúen siendo los mismos. Tiene que quedar clara la voluntad de normalizar la vida en Cataluña dentro del marco de convivencia democrática, entendiendo que existen demandas con un amplio respaldo de la población catalana, pero también excesos en la búsqueda de homogeneizar a ese mismo pueblo.


Hay que recuperar la sensatez y ahí los catalanes, todos los catalanes, tienen mucho que decir porque ha llegado su momento.

15 de octubre de 2017

Nosotros, los fascistas

Madrid 12 de octubre de 2017, un joven se aproxima a presenciar el desfile conmemorativo del Día de la Hispanidad. Porta una bandera de España a la que anexa otra con los colores arcoiris de la diversidad sexual. El resto de los asistentes lo saludan amigablemente, algunos “incluso me han pedido tomarse fotos conmigo”, confirma Valentín Garal, orgulloso defensor de la libertad.

Esa misma noche, Valentín accede a una discoteca gay con un lazo con los colores de la enseña nacional. El joven es increpado hasta en cuatro ocasiones por personas de su misma orientación sexual, tachándolo de facha, fascista o pregúntandole de forma despectiva “¿por qué llevas eso?”.

Les da la razón a los que acusan a Valentín el conocido columnista Javier Marías en su hoja parroquial dominical en El País, el medio de comunicación del centroizquierda español. Dice Marías que “siempre que veía gran número de banderas me acordaba de Núremberg” y que esta oleada de banderas españolas es “el despertar de un nacionalismo peligroso que llevaba décadas adormecido”.

Estas afirmaciones procedentes de uno de los líderes intelectuales de la izquierda moderada española no es un caso aislado. Portar una bandera de España es considerado, para una parte de los españoles, un símbolo de pertenencia a la extrema derecha. Dicho de otro modo, los que nos sentimos españoles y lo confirmamos usando la bandera de nuestro país somos unos fascistas.

Nosotros, los fascistas, no increpamos a los que usan la bandera del orgullo gay. Lo respetamos, porque respetamos la diversidad, pero no hacemos alharacas por ello. Quizá sea porque en nuestras filas fascistas militan muchos homosexuales y no los señalamos como tales, sino como uno más. Por el contrario estos repartidores de carnés de fascista, los intelectuales de la izquierda y los portadores de camisetas del Ché Guevara –homófobo de reconodida trayetoria criminal, pero al que se le perdona todo por sus revolucionarias ideas-, tienen la necesidad de repertirnos una y otra vez su rechazo al hetropatricarcado o a la ideología de género.

En esta misma línea, nosotros, los fascistas, somos hombres y mujeres, sin distinción, sin necesidad de anunciar a los cuatro vientos si cumplimos o no con las políticas de paridad de género. No vemos necesario sacar pecho si una mujer es nombrada presidenta, portavoz o alcaldesa. Es algo normal. Por el contrario los repartidores de carnés de fascista, siempre con su actitud de macho alfa, tienen que dejar clara su política de igualdad de genéro, segregando a las mujeres en grupos feministas.

Nosotros, los fascistas, no vamos proclamando nuestra simpatía con esta o aquella minoría, por el contrario las integramos a todas dentro del respeto por la libertad, la democracia y la diversidad. Quizá por eso, los repartidores de carnés de demócrata, necesiten llamarnos fascistas.

A nosotros, los fascistas, nos invade la zozobra cuando vemos el resurgimiento en Europa y América de movimientos de extrema derecha o extrema izquierda, así como las derivas totalitarias que experimentan algunos países. A los repartidores de carnés de fascista, por el contrario, sólo les molestan los movimientos de extrema derecha, mientras que miran con buenos ojos cualquier ascenso de la izquierda totalitaria o los avances de las dictaduras de izquierdas en América Latina.

Quizá lo que los repartidores de carnés de fascista no quieren ver es que nosotros, los fascistas, somos demócratas convencidos, nacidos, criados o defensores del Estado de Derecho; somos de izquierda, de centro y de derecha; somos hombres y mujeres adinerados, de clase media y pobres; heterosexuales y homosexuales; católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, agnósticos y ateos. No quieren ver que la sociedad española ha evolucionado y superado la larga noche de la dictadura hace mucho tiempo. Que enarbolar nuestra bandera es un síntoma de normalidad democrática, como lo es en Japón, en Grecia, en Venezuela o en Francia.

Nosotros, los fascistas, somos, al fin y al cabo, personas que, sin sectarismos, sin rencores, sin resentimientos, pero también sin miedo, creemos en la libertad, en la democracia y en el Estado de Derecho. Quizá por eso nos llamen fascistas. ¡Ya basta!.