8 de junio de 2010

Decretos, recortes, reformas y huelgas

Resulta curioso que, cuando ya estábamos iniciando “la senda de la recuperación”, el Gobierno haya tenido que lanzar un programa de ajuste del gasto público, quizá el más antisocial de toda la democracia. Pero parece que los mercados, esos diabólicos e insaciables órganos económicos, culpables últimos de cualquier contratiempo en la tarea de Gobierno, tienen más poder sobre los políticos de hueso rojo, como nuestro querido Presidente, que todo un país clamando soluciones.

Hoy muchos empleados públicos se han echado a la calle -más bien se han quedado en casa- para protestar por el recorte salarial que les ha propinado su jefe. Ellos son los grandes pagadores de este decretazo inspirado por Merkel, Sarkozy y Obama. Claro que también son los funcionarios los que no quisieron poner las barbas a remojar, creyéndose el discurso del eterno optimista y pensando que esto de la crisis no iba con ellos.

Ahora sabemos que Rodríguez Zapatero es cazador más de zoológico impositivo, que de selva bursátil. Más repartidor de cheques-regalo y hacedor de lluvias de millones para rebajar aceras, que inspirador de ajustes presupuestarios o ejecutor de ministros y asesores. Pecata minuta, ya saben.

Tampoco le van a Rodríguez Zapatero las reformas estructurales. Esas que llevan solicitándole desde hace dos años organismos internacionales, agentes sociales y oposición. Aunque poco pintan estos últimos para un Gobierno enrocado en el error. Mercado laboral, sistema financiero, engranaje fiscal y reforma del gasto público, tendrán que esperar a un nuevo tirón de orejas de los mercados… o de Obama.


Comentario realizado en el programa Andalucía Capital de Onda Cero el 8 de junio de 2010.

18 de mayo de 2010

Monarquía bananera


Cuando se escucha la expresión "república bananera" la mente se sitúa de forma automática en un paradisíaco país tropical, en el que unas cuantas familias rigen la vida del resto de los ciudadanos sin que a nadie importe demasiado. Uno piensa en una nación emprobrecida que necesita de la tutela -y los préstamos- del Fondo Monetario Internacional (FMI) para salir adelante. Incluso los más proclives a la socialdemocracia predominante, no dudan en protestar en cuanto cualquier potencia tiene la osadía de intervenir en los asuntos internos de la denominada "república bananera".

España no es una "república bananera". Para empezar porque en España al jefe de Estado no lo eligen los ciudadanos, sino que es designado por línea sucesoria, por obra y gracia de un dictador que murió hace ya 35 años. Por tanto, la denominación "república" no tiene aplicación. Para colmo los que reclaman un estado republicano a lo que se refieren es a una suerte de pseudodemocracia como la que nos llevó al más devastador episodio de nuestra Historia y que desembocó en una dictadura de casi cuarenta años.

Salvando el nominativo republicano, resulta que España ha pasado, en apenas tres años, de ser un país admirado a convertirse en una nación tutelada por el FMI y en cuyos asuntos económicos han tenido que intervenir Alemania, Francia, EE UU y ¡China!. Así es. A lo largo de los últimos días, los presidentes de todos esos países han llamado a Rodríguez Zapatero para indicarle que tenía que tomar medidas ante la preocupante situación económica de España. Con un déficit superior al 11 por ciento del Producto Interior Bruto y sin perspectivas de mejora, la credibilidad del país se desmoronaba por momentos. Una situación que hacía temer una nueva catástrofe en los mercados mundiales.

En cualquier país bajo la despectiva denominación de "república bananera" la intervención de líderes extranjeros en asuntos internos, como lo hicieron en el caso español Merkel, Sarkozy y, especialmente, Obama, hace unos días, hubiese provocado una reacción popular de magnitudes considerables. La izquierda se hubiese lanzado a las calles. La derecha habría apelado al sentimiento nacional y movido ficha para que el presidente se viese obligado a dimitir. Pero aquí, en esta monarquía bananera, no ha ocurrido absolutamente nada.

Pero voy más lejos. Ayer mismo la familia gobernante de un país latinoamericano, cuya capacidad para gobernarse sin el apoyo de los organismos internacionales está más que cuestionado, se permitió poner en tela de juicio la Justicia española por sentar en el banquillo al apartado juez Baltasar Garzón. Casi al mismo tiempo, Marruecos aprovecha para reclamar la soberanía sobre Ceuta y Melilla.

En medio de todo esto, el denominado por propios y extraños "mejor ministro" del momento, José Blanco, se dedica a dar entrevistas en la prensa rosa. Ver para creer.

España va camino de consagrarse como la primera monarquía bananera del posmodernismo... si es que no lo somos ya.

20 de abril de 2010

Los franquistas


No, no caigamos en el error. Baltasar Garzón, ex-diputado del PSOE, no estaba mínimamente interesado en desenterrar a los muertos de la época más oscura de nuestra Historia reciente. Si fuera así hubiese admitido a trámite querellas de todos los colores: nacionales contra republicanos, republicanos contra nacionales, republicanos contra republicanos y nacionales contra nacionales. Porque de todo hubo en aquella lamentable contienda que tanto parecen añorar algunos ahora.

Garzón, junto con su recién nacido club de admiradores -¡qué lejos aquellos tiempos de los GAL!-, no están nada interesados en esos muertos, ni en sus familiares. A ellos lo que les interesa es desenterrar al muerto más cotizado de todos: a Francisco Franco. De hecho lo han logrado. No hay más que echar un vistazo a los titulares del oficialismo progresista patrio, o a las tertulias radiofónicas y televisivas de los comunicadores ungidos por el halo divido de la socialdemocracia, para darse cuenta de que el desenterrado aquí ha sido el dictador. Se conoce que lo echan de menos.

Aunque en realidad de lo que se trata no es de volver a pasear al caudillo por los platós, sino que lo que se pretende es trasladar a la sociedad española al enfrentamiento fratricida. Imbuir a los españoles en un ambiente de tensión, de odio visceral, de estas-conmigo-o-estás-contra-mi. Por eso hablan de "linchamiento" de ese juez-objeto en el que se ha convertido Garzón. De ahí que insulten a los miembros del Tribunal Supremo y pongan en tela de juicio la propia esencia de la democracia, que es la división de poderes. Eso sí, siempre y cuando las resoluciones judiciales no sean de su conveniencia.

Resulta patético ver cómo se repite hasta la saciedad la consigna básica de todo este circo: "Se está juzgando a Garzón por investigar los crímenes del franquismo". Falso, falso y cien veces falso. Este señor está en el banquillo, entre otras cosas, por haber instruido, presuntamente a sabiendas, una causa para la cual no era incompetente. Amén de hacerlo sabiendo, presuntamente, insisto, que existe una ley que zanjó esos crímenes durante la transición.

Poco importa que la verdad sea diferente de la que cuentan y que el rutilante juez esté además imputado por otros dos delitos. Pero la verdad no puede ensombrecer una buena consigna. Menos aún para la plana mayor del propagandismo del régimen, de esos Goebbels mancomunados que usufructúan los privilegios del poder en forma de subvenciones, publicidad institucional, contratos televisivos o cargos oficiales.

Peor aún es la banda de palmeros que les sigue enfervorizada por salones de actos y plazas de capital de provincia. Estos ni tan siquiera conocieron la dictadura y ahora son capaces de desgañitarse con tal de rememorar aquellas míticas carreras delante de los grises. No, tampoco sus mentores corrieron en el 68, la mayoría la única carrera que entendían era la de medrar a la sombra del régimen, cuando no eran apenas criaturas de primaria.

Sí, el franquismo ha vuelto. Lo han traído aquellos que no tuvieron ocasión de luchar contra él, dado que se encontraban amparados bajo él, o estaban en edad poco propicia para ello o, simplemente. Ahora se ven obligados a rescatarlo, no vaya a ser que alguien se dé cuenta de sus enormes privilegios ahora que están en el poder.

5 de abril de 2010

Semana Santa, ejemplo de simbiosis de los sectores público y privado


No son pocos los que dudan a estas alturas, de que la Semana Santa, sus desfiles procesionales, son, amén de un evento religioso de primer orden, uno de los mayores acontecimientos culturales y turísticos de Andalucía. Sobre todo en Granada, Málaga y Sevilla. A muchos parece molestar la implicación de las administraciones públicas en este tipo de manifestaciones culturales y religiosas. Por lo que no resulta descabellado analizar en términos de gasto público esta destacada fecha.

Mucho más allá de las cifras que todos los años se publican, sobre el volumen de negocio que generan las procesiones para las empresas del sector de la hostelería, o acerca del coste de ir vestido de nazareno, analicemos el fenómeno en términos de colaboración entre la iniciativa pública y privada.

Hay que tener presente que los desfiles procesionales nacen hoy en día de la iniciativa privada de las hermandades, las cuales sufragan con el aporte de sus cofrades y benefactores el coste de poner en la calle los pasos y tronos. Se trata, por tanto, de un acto religioso y cultural pagado desde el sector privado, algo que los detractores de la Semana Santa olvidan. Quizá estén demasiado acostumbrados a que sea la subvención pública la que haga posible casi con absoluta exclusividad la puesta en escena de exposiciones, representaciones y producciones culturales patrias.

El sector público, por su parte, realiza una contribución esencial como facilitador de las procesiones. Desde la organización del tráfico, hasta el engalanado de las ciudades, pasando por la limpieza y alumbrado de los recorridos. Se trata de una importante aportación económica pública que complementa la que realiza el sector privado. Una simbiosis difícil de encontrar en otros ámbitos económicos.

Y afirmo que se trata de una simbiosis porque ambas partes obtienen su particular beneficio de la relación. Los cofrades porque sin el concurso público difícilmente podrían llevar a cabo su actividad por excelencia. El sector público, principalmente los ayuntamientos, porque obtienen la mayor proyección turística para sus ciudades, además de facilitar a sus ciudadanos en general un acontecimiento cultural seguido de forma mayoritaria.

Si comparamos el coste que tiene para las administraciones públicas el apoyo que prestan a las procesiones de Semana Santa, con el tremendo impacto económico que tiene esta actividad para mayoría de las ciudades en las que se celebra, veremos que se trata de una inversión más que rentable. Más aún si lo comparamos con el coste/impacto que tiene otras actividades culturales o de promoción turística a las que tan acostumbrados nos tiene el sector público.

Un ejemplo a seguir, sin duda, pero que mucho me temo que no va a cundir entre los círculos culturales, los cuales prácticamente viven de la subvención pública.

11 de marzo de 2010

La falacia del gasto público


Hace tiempo que se viene produciendo un falso debate acerca del papel que juega el Estado como principal actor de la economía de un país. Unos hablan de la imperiosa necesidad de que el Estado sea cada vez más grande y hablan de redistribución de la riqueza o de prestación de servicios básicos. Otros hablan de liberalismo y de menor papel del Estado -entendido como el conjunto de las administraciones públicas- en la economía. Pero la discusión es ficticia.

A cuenta de la subida de los impuestos aplicada por el Gobierno -subió el de la renta y los especiales y el siguiente será el IVA- este artificial debate se ha reabierto. Por un lado los que apoyan más y más gasto público dicen que esta subida de los impuestos sirve para mantener los servicios que presta el Estado. Falso. Esos servicios básicos, a saber, educación, sanidad, infraestructuras, seguridad y justicia, suponen aproximadamente un 18 por ciento del PIB, sin embargo, la presión fiscal ronda el 32 por ciento del PIB. En otras palabras, que el Estado en España recauda casi el doble de lo que gasta en esos "servicios básicos".

Los que defienden que no se suban los impuestos afirman que hay que poner encima de la mesa un plan de austeridad, es decir, gastar menos en lugar de intentar recaudar más. Tienen razón. Sin embargo rehuyen poner el cascabel al gato y lo único que se les ocurre es solicitar la reducción de cargos de confianza. Medida que, por otra parte, ellos no aplican en los ayuntamientos y comunidades autónomas que dirigen. Sin ir más lejos hoy se ha publicado que el Ayuntamiento de Madrid mantiene más de 1.500 puestos de libre designación, es decir, de confianza.

Y es que la realidad de nuestro panorama político nos dice que a nadie le interesa hablar abrir ese debate acerca del papel del Estado en la economía. Los políticos se han acostumbrado al coche oficial, a la televisión pública y la propaganda institucional como plataforma publicitaria partidista, a la subvención como fórmula para ganar simpatías y a la contratación masiva de miembros del partido para controlar los resortes del poder y como fórmula de clientelismo interno.

Por eso todas las afirmaciones que venimos escuchando sobre la necesidad de mantener o reducir el gasto público no más que el lejano eco de un debate artificial que ningún político en España se atrevería a abrir de verdad. Muchos periodistas, incluso de los más avezados y supuestamente incisivos, caen rápidamente en el mensaje fácil y hablan de mantenimiento de servicios básicos o de lo poco que supondría para mejorar las cuentas públicas reducir cargos de confianza. Al fin y al cabo no son más que los portavoces de las consignas que se lanzan desde PSOE y PP.

No nos engañemos. España no necesita una subida de impuestos, sino una profunda revisión del papel del Estado en la economía.

2 de marzo de 2010

Obteniendo resultados en política internacional


Hoy la Audiencia Nacional ha certificado lo que era un secreto a voces: el régimen dictatorial de Hugo Chávez apoya el terrorismo internacional, incluida ETA. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en la filas del Gobierno.

Si la semana pasada era la muerte de Orlando Zapata en manos de la dictadura cubana de la familia Castro, hoy es la revelación de que uno de los principales aliados de España protege a miembros de la banda terrorista que ha asesinado a más de 800 españoles. Lo de Zapata se saldó con una tibia condena, casi indirecta. Rodríguez tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para reprender a su admirada familia Castro.

Lo de hoy ha sido diferente. Ante la evidencia palmaria -no en vano uno de los últimos etarras detenidos en Francia no fue deportado desde Venezuela a España a petición del gobierno de Aznar en 1998 y se le otorgó la nacionalidad bolivariana-, el Gobierno ha pedido explicaciones a Caracas. La respuesta no se ha hecho esperar. El régimen venezolano considera "inaceptable" que se le acuse de colaborar con ETA.

Sin que el Ejecutivo español haya contestado por el momento, lo lógico en estos casos es llamar a consultas al embajador en Venezuela. Claro que no me extrañaría que sea Chávez el que se adelante y haga lo propio, ofendido por tan "injusta" acusación. ¿Cómo se atreve un tribunal español de señalarlo a él, todopoderoso heredero de Simón Bolívar, ascendido a los altares del mandato vitalicio por la vía del sufragio presuntamente universal, como sospechoso de nada?. Ahora escucharemos los discursos del antiimperialismo, de los "vendedores de espejos" o del genocidio colombino. Aquí encajaremos los golpes, cuando no, los apoyaremos, con esa actitud tan proclive a defender los intereses de los dictadores por parte de los Willies Toledo que pululan por la escena nacional.

La política exterior de España iniciada por Rodríguez hace ya seis largos años empieza a dar sus frutos. Ninguneados en Europa y convertidos en el hazmerreír de dictadores urbi et orbe lo único que nos queda es la famosa Alianza de Civilizaciones, de la que habrá que hablar de nuevo pronto, no vaya a ser que se note mucho.

25 de febrero de 2010

¿Es necesario un gran pacto en España?


Hoy se producirá la primera reunión de la tan cacareada comisión para buscar un pacto político. Esta comisión tiene por objeto buscar una especie de pacto de Estado por el cual, la inmensa mayoría de los representantes de la soberanía popular, converjan en una serie de medidas que ayuden al país a salir de la crisis. Esta supuesta necesidad de pactar tiene dos vertientes claramente diferenciadas: una política y otra económica.

Empecemos por la económica. Las variables macroeconómicas de España no pueden ser peores: importante caída de la actividad económica, déficit público galopante y espectacular aumento del desempleo, todas ellas con indicadores bastante más negativos que la media de los países desarrollados. Sin embargo estos datos no son la causa, sino las consecuencias del principal mal que padece la economía española: la incertidumbre.

Los agentes principales económicos, familias y empresas, se encuentran inmersos en una situación de tremenda incertidumbre que no les permite tomar decisiones a corto o medio plazo. En otras palabras, las familias no consumen y las empresas no invierten porque tienen miedo. Miedo a un futuro incierto. Esta situación requiere de una especial determinación por parte de los que gobiernan, es decir, de la demarcación de un rumbo para salir de la atonía económica actual. Para ello, ante la falta de medidas claras, pareciera que el Gobierno debe contar con el concurso de la oposición para marcar unas líneas básicas de actuación.

Políticamente, no obstante, hay que analizar la cruda realidad de la situación en la que se ha colocado el propio Gobierno. Después de negar la evidente caída de la economía española durante más de un año; y hablando de "brotes verdes" desde mediados de 2009 -es decir que la crisis, según Rodríguez, ha durado menos de seis meses-, parece ser que finalmente los mercados y la prensa internacional han abierto los ojos a nuestros gobernantes.

Los recientes varapalos recibidos por España en el ámbito internacional han forzado al Ejecutivo a plantearse tomar medidas reales contra la crisis. Estas medidas, que algunos preferimos llamar "reformas", claramente han de ser impopulares. Se acabaron los tiempos de las subvenciones, los cheques-regalo y las subidas ilimitadas de salarios, pensiones y subsidios. Ahora ha llegado la hora del ajuste. Un ajuste que vende muy mal de cara a las próximas elecciones, a saber, catalanas a final de año y municipales el año entrante.

De ahí que los hábiles asesores de nuestro presidente hayan visto esto del pacto de Estado contra la crisis, como la gran tabla de salvación. Rodríguez no quiere, no puede, acometer reformas que rompan su imagen de generoso derrochador de los recursos públicos y defensor de los supuestos débiles. De ahí que pretenda hacer copartícipe a su principal competidor de lo impopular de la crisis, es decir, de los ajustes y reformas necesarias para devolver la confianza a mercados, empresas y familias. En caso contrario la trampa ya está armada, si el PP no acepta el guión será el culpable de la propia crisis.

Por tanto, aunque desde un plano económico pudiera ser interesante hablar de gran pacto económico, no pareciera viable, ni siquiera lógico, dad la situación política actual. Para hablar de pacto el Gobierno debería empezar por reconocer los errores -no pocos- cometidos a lo largo de los dos últimos años. A partir de ahí podría empezar a construirse un escenario de salida de la crisis común. No sin antes plantear un rumbo que dista mucho de lo que viene haciendo le Ejecutivo de Rodríguez Zapatero desde que la crisis afecta realmente a millones de españoles.

15 de febrero de 2010

Tiempo de pactar en Costa Rica


Una vez dilucidada la contienda electoral es tiempo de que los dirigentes políticos unan esfuerzos para un mejor futuro de Costa Rica. Sobre todo porque, aunque la responsabilidad de gobernar vaya a recaer sobre Laura Chinchilla, el Poder Legislativo debe asumir más protagonismo en esta nueva etapa que se abre.

Son dos los motivos que nos pueden impulsar a creer que cabe un pacto de Estado que posibilite grandes reformas estructurales en el país.

Victoria clara. El primer factor procede de lo impecable que ha sido el proceso electoral. Una victoria clara de Laura Chinchilla –aunque no del PLN en las legislativas– y la ejemplar aceptación de la derrota por parte de los otros dos principales candidatos en liza, suponen una consolidación de la normalidad democrática que algunos grupos han intentado poner en tela de juicio en los dos anteriores sufragios.

Esto origina un clima propicio para que futura gobernante y oposición se sienten a dialogar para poner en marcha los grandes proyectos, principalmente en materia legislativa.

Por otra parte, a pesar de las grandes diferencias surgidas en el fragor de la campaña electoral, sin duda hay una serie de preocupaciones básicas que han centrado los mensajes de casi todas las opciones. Seguridad ciudadana y situación económica han sido los temas básicos tratados a lo largo de los últimos meses de proselitismo.

Las reformas estructurales que requiere la economía costarricense, amparadas ya de facto por el TLC, solo pueden ser llevadas a cabo por aquellos que creen en la economía de mercado y no en la planificación estatal al más puro estilo soviético.

En este sentido, en materia económica, parece que liberacionistas y libertarios están condenados a entenderse, siempre y cuando se superen las barreras ideológicas y se imponga en pragmatismo. El PAC, por su parte, se encuentra muy alejado de los planteamientos de las otras dos fuerzas mayoritarias.

En cuanto a la seguridad, el pacto de todas las principales fuerzas políticas, resulta clave, dada la urgencia de plantear profundas reformas legislativas en materia procesal y penal.

Así, los planteamientos más radicales protagonizados por los candidatos en la campaña electoral, no deben ser un óbice para que doña Laura reúna a la oposición en torno a un objetivo común: reducir los índices de criminalidad. Fin que la sociedad costarricense demanda desde hace ya bastante tiempo.

Aunar esfuerzos. Este nuevo panorama que se abre con la sólida victoria de Liberación Nacional, solo se traducirá en una época de prosperidad y progreso para Costa Rica si los diferentes actores son capaces de aunar esfuerzos.

Para ello Laura Chinchilla tiene que ser capaz de dejar a un lado las tentaciones partidarias del vencedor y Otto Guevara y Ottón Solís tener claro que para las próximas elecciones faltan aún cuatro años. Es tiempo de diálogo y de arrimar el hombro.


Publicado en La Nación de Costa Rica el 13 de febrero.

12 de febrero de 2010

Demagogia y recorte presupuestario


En los últimos días hemos presenciado toda una serie de declaraciones, presentaciones y episodios varios relacionados con la posible reducción del elevadísimo déficit público -diferencia entre ingresos y gastos de las Administraciones Públicas- que tiene España, concretamente un 11,4 por ciento del PIB. Para poner la cifra en contexto hemos de tener en cuenta que este nivel de déficit supone que las administraciones han gastado durante 2009 unos 100.000 millones de euros más de lo que han ingresado. En términos de porcentaje las estadísticas nacionales iniciadas en 1979 nunca han registrado un déficit de semejante calibre.

Este tremendo desequilibrio entre los ingresos y los gastos del sector público preocupa mucho a los inversores internacionales, que temen que España tenga dificultades para devolver el principal y los intereses de la deuda pública, es decir, de los créditos que mantiene para financiarse. El Gobierno ha anunciado un plan de reducción del gasto público de unos 50.000 millones de euros en tres años, aunque esta misma semana ha incrementado ese gasto en unos 500 millones para seguir pagando a los desempleados que dejen de percibir el subsidio.

Se han dado a conocer algunos detalles de este plan de ajuste presupuestario, aunque mucho de este recorte va a corresponder a las Comunidades Autónomas. Desconocemos el grado de aceptación que tendrá la propuesta entre los líderes regionales, aunque no hay que ser adivino para darse cuenta de que van a poner el grito en el cielo. Sobre todo porque hace sólo unos meses el propio Gobierno les entregaba una capacidad de gasto adicional de unos 11.000 millones de euros.

La oposición hizo una propuesta de recorte de ministerios y cargos de confianza (secretarios de estado, directores generales, asesores...), lo cual suponía, según el PP, un ahorro de unos 200 millones de euros. La iniciativa fue aprobada, por cuarta vez en menos de un año, por todas las fuerzas políticas salvo el PSOE. El Gobierno y no pocos analistas políticos han calificado la propuesta de "demagógica". Otros han afirmado que esta medida no es suficiente para reducir el elevado desequilibrio presupuestario de nuestro país, sino que es "el chocolate del loro", con perdón.

Tiene gracia que se diga que eliminar gastos absolutamente inútiles es una propuesta "demagógica" o "insuficiente" sin proponer nada a cambio. Algunos no entienden que para reducir unos 15.000 millones de gastos público al año de un sólo plumazo habría que prescindir de servicios básicos o dejar de construir infraestructuras. Aunque parece ser que se prefiere eso en vista de que es el Ministerio de Fomento el que más va a sufrir el recorte con unos 1.800 millones de euros menos para invertir.

Dicho de otro modo, rebajar el número de altos cargos, asesores y demás beneficiarios con carné parece ser mucho peor, según nuestros gobernantes, que reducir la inversión en carreteras. Eso sí es demagogia. Como demagógico es tachar las propuestas de los demás sin proponer en debate público nada a cambio. Pronto nos dirán que es mejor jubilarse a los 75 años con tal de contar con infinidad de cadenas de televisión autonómicas, o que es preferible que cada político de cierto nivel en este país tenga un coche oficial, secretaria, jefe de gabinete y dos escoltas en lugar de que nuestros hijos vayan a la universidad. Ver para creer.

27 de enero de 2010

¿Debate?. ¿Qué debate?.


Si echamos un vistazo a la portada de cualquier diario, nos percataremos de que existen unos cuantos temas fundamentales de convivencia democrática que requieren de un profundo debate si se quieren resolver de una forma eficaz. Esa resolución es válida cuando nace de un acuerdo político amplio, no de la mera imposición de una mayoría, en ocasiones muy escueta. Del mismo modo, buscar permanentemente el consenso sería poco menos que utópico y nos llevaría a la parálisis de la iniciativa legislativa.

Este pretendido ideal, al menos para el que redacta estas líneas, queda muy lejos de esta realidad nuestra. En España no existe un verdadero debate público sobre temas de tanta importancia como la energía nuclear, la reforma de la educación o la del mercado laboral. A no ser que confundamos el debate real de los que tienen voz y voto en sede parlamentaria, con esas discusiones que se reproducen en tertulias televisivas y radiofónicas.

Nuestros políticos no quieren tener que dar argumentos y rebatir los del contrario bajo el auspicio de la soberanía popular, es decir, en las cámaras legislativas. Prefieren la negociación bilateral para reunir votos, cuando no orientarse por los sondeos de opinión para tomar decisiones sin arriesgar demasiado, no vaya a ser que pierdan algunos votos. Lo suyo son las consignas, las soflamas y los ataques en lugar de los sólidos argumentos necesarios para ganar un debate público.

Como ejemplo palmario tenemos la recientemente aprobada Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, o sea del aborto. Sí, mucho tertuliano a favor y en contra, mucha columna a favor y en contra, mucho mitin dominguero y demagógico, incluso muchas manifestaciones y grupos en feisbuk, pero, ¿alguien recuerda el debate que hubo en el Congreso de los Diputados?. A la cámara baja se va ya con las leyes aprobadas gracias al chalaneo de votos, negociados sin luz ni taquígrafos y sin que los ciudadanos sepamos a qué se ha comprometido el partido en el poder a cambio de cinco votos.

Más grave aún es ese pretendido “Pacto de Estado de la Educación”, por el cual los dos partidos mayoritarios se sientan a discutir una ley fundamental para el futuro de nuestro país. Eso sí, se cuidan mucho de que los españoles sepamos lo que discuten. Como al PP se le ocurrió lanzar públicamente algunas de sus ideas sobre la reforma educativa, el propio Ministro de Educación no dudó en declarar públicamente que era “ilógico hacer declaraciones sobre un tema que se está negociando”. En otras palabras, mejor que no sepamos nada, no vaya a ser que la opinión pública lo estropee todo.

Los medios de comunicación, tan espléndidos ellos, nos quieren hacer ver lo contrario. Hablan sin cesar del “debate abierto” por esto y por aquello, pero en realidad ese debate no va más allá de las discusiones entre tertulianos o de las columnas, generalmente cargadas de soflamas, defendiendo posiciones, que no debatiendo.

Debatir es mucho más que lanzar proclamas en una rueda de prensa o sentarse a negociar en una oscura –no por falta de energía eléctrica- sala del Congreso de los Diputados. En un país en donde la Sociedad Civil no pinta nada, sin think tanks independientes, con una vida parlamentaria de encefalograma plano, resulta incluso vergonzoso que nos hablen continuamente de “debate” precisamente los que lo tienen secuestrado.

21 de enero de 2010

La revelación de José Blanco


Me cuesta mucho definir las declaraciones del ministro de Fomento, José Blanco, en las que afirma que el salario de los controladores aéreos es una rémora para las cuentas de AENA y el motivo por el que las tasas aeroportuarias españolas son tan elevadas. Sin duda se trata de una revelación que Blanco –o alguno de sus asesores- ha tenido, a buen seguro con la pretensión de ganar el aplauso fácil del público. Claro que estas palabras van mucho más allá del mero enfrentamiento que mantiene el colectivo laboral de marras con el ministro.

En primer lugar, hemos de preguntarnos por qué es “tan elevado” –en palabras del propio ministro- el salario medio de los controladores aéreos españoles, unos 350.000 euros anuales. Quizá Blanco no ha tenido en cuenta, antes de lanzarse en esta campaña contra los emolumentos de los controladores, que su partido lleva casi seis años gobernando España. Esto significa que algo habrá tenido que ver el propio ministro de Fomento o los compañeros de partido que lo precedieron en el asunto. En otras palabras, si los controladores tienen esos sueldos es porque el Gobierno al que pertenece Blanco lo ha permitido, como gestor que es de los aeropuertos españoles.

A continuación tenemos que pensar que esta misma revelación ministerial, sobre la causa de las pérdidas que tiene AENA y las elevadas tasas aeroportuarias, se va a empezar a prodigar en todo el Gobierno. A saber. Parece ser que un periodista que trabaja para el Gobierno gana dos veces y medio más que un periodista que trabaja para el sector privado. Con lo cual habrá que empezar a revisar esos niveles salariales. Sin hablar de los cuantiosos honorarios de los presentadores famosetes que trabajan para las televisiones públicas. Siguiendo el razonamiento ministerial, seguro que si empezamos a recortar los emolumentos de estos otros colectivos podríamos reducir el tremendo déficit público que arrastra el Estado.

Pero podemos llegar más lejos con la revelación de Blanco. Si empezásemos a reducir el enorme gasto público que su Gobierno emplea en cargos de confianza, asesores o publicidad institucional, estoy convencido, como el ministro, de que podríamos pensar en un Estado menos deficitario y endeudado. Sin hablar, por cierto, de la reducción de los impuestos que acompañaría a tales medidas. Exactamente igual que en AENA.

Algo me dice que, como reza el dicho tico, lo que es bueno para el ganso parece no ser bueno para la gansa. O sea que lo que vale para los sueldos de los controladores, no parece que vaya a servir para el resto de los estipendios gubernamentales. Así que la revelación de Blanco, muy en la línea del pensamiento liberal, por cierto, no parece ser más que un ardid demagógico y no una reflexión seria sobre el gasto público. Paradojas de la política.

14 de enero de 2010

España en descomposición


Años atrás acuñé el término Realidad Plurinacional Conocida como España (RPCE) para referirme a mi propio país. Hoy, como apreciará en amable lector, incluso me atrevo a ponerle siglas. En aquellos tiempos de debate estatutario en los que se gestó el término RPCE en mi mente, el fragor de las columnas a favor y en contra del texto que finalmente aprobaron las Cortes venía a enturbiarnos groseramente la capacidad para desbrozar lo que realmente se venía fraguando desde que comenzase la VIII Legislatura de la renovada democracia española. Me refiero a la ruptura de España como unidad nacional.

Mucho más allá de la semántica parda de los estatutos de autonomía, la realidad se ha impuesto. Una realidad basada en un único soporte: la matemática, es decir, la suma de votos y la suma de escaños. ¿Acaso importa otra cosa a nuestros gobernantes?. Aunque desde la época felipista este desmoronamiento de la unidad nacional venía siendo un hecho palpable, hay que reconocer que circunscribía básicamente a efectos presupuestarios. La primera pérdida de la mayoría absoluta tras el advenimiento socialista de 1982, vino a suponer esa ruptura de los Presupuestos Generales del Estado, que se convirtieron así en el instrumento inicial del chalaneo regionalista.

Sin embargo, hoy el asunto de los Presupuestos está más que superado. Por no decir santificado por la ley tácita parlamentaria que permite hasta que un partido demócrata cristiano refrende el aborto como derecho universal incluso para las menores de edad. Según esta ley no escrita, los Presupuestos Generales del Estado son un instrumento para comprar votos a cambio de aumentar el gasto público en determinadas regiones. Esto es lo que a la prostitución el precio, que venía a decir Groucho Marx:

- Señora, usted se acostaría conmigo por un millón de dólares.

- Hombre, la verdad es que me lo pensaría.

- ¿Y por 20 dólares?.

- ¡Pero, oiga!. ¿Usted qué se ha creído que soy yo?.

- Lo que usted es lo ha dejado bastante claro, ahora es cuestión de ponernos de acuerdo en el precio.

Dos noticias muy recientes nos indican que esto de la negociación presupuestaria es ya cosa del pasado. La primera es el volumen de la deuda de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que asciende a 10.480 millones de euros. A cuenta de contentar a determinados territorios, es decir, de conseguir votos de partidos regionalistas, el Estado se ha dedicado a construir y ampliar aeropuertos sin el más mínimo rigor económico -recordemos que la Economía es la ciencia dedicada a la asignación de los recursos escasos-. Desde la existencia de cinco aeropuertos entre el País Vasco, Navarra y La Rioja, algunos a menos de 70 kilómetros de distancia, hasta la desproporcionada ampliación del Prat en Barcelona, por no hablar de los tres aeropuertos gallegos. La cuestión es que parece evidente que no existe una política nacional integrada de transporte aéreo. A este tema habríamos de sumar cómo se está potenciando el ferrocarril como medio alternativo desde el propio Estado y con la petición unánime de todas las capitales de provincia -e incluso de alguna ciudad con pretensiones- para que les llegue el AVE. Si años atrás era el aeropuerto, ahora la petición generalizada es el tren de alta velocidad.

La segunda es la presentación de Barcelona como candidata a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, en clara competencia con el otro candidato nacional, Jaca, que aspira al mismo objetivo en alianza con Zaragoza. Creo que huelga cualquier comentario al respecto. Parece claro que cada región, cada ciudad, cada pueblo, tiene potestad para elevarse sobre los intereses nacionales, dado que nuestros gobernantes han abierto la puerta para que este tipo de disputas se produzca sin que nadie tenga que sonrojarse por ello.

Podríamos enumerar decenas de casos tan claros -quizá estos sean un tanto sutiles- de como la RPCE se está consolidando con el continuado oprobio de unos y el lacónico consentimiento de otros. El origen está, a poco que rasquemos un poco en la superficie, en nuestro sistema electoral, que ha consagrado la diferencia entre los españoles a la hora de elegir a sus gobernantes. Un hombre no es un voto, porque un voto en el Valle de Arán vale más que otro en Málaga capital, así que un aranés tiene más valor que un malagueño.

Y hablando del Valle de Arán, no se pierdan este video: ahora Cataluña, tampoco es una nación, sino una RPCC. Tiene su gracia.
 
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