13 de febrero de 2007

A vueltas con la Justicia española

Resulta muy difícil abstraerse de la sucesión de noticias que se están produciendo en España con la Justicia como epicentro de la realidad política. Desde las solicitudes de pena dulcificadas contra los terroristas por parte de los fiscales, hasta las sentencias del Supremo, pasando por la caída del cártel de algún juez/asesor del TC o por la persecución de las tramas urbanísticas, curiosamente siempre con alcaldes de la oposición como objetivo.

Con este panorama, sin duda preocupante, el Gobierno viene a nombrar un ministro del ramo precedido por la polémica. Un ejemplo claro de la politización de la justicia española. Rodríguez ha nombrado a un fiscal con un interesante historial de enfrentamientos con el PP y uno no menos curioso de dedicación a temas político-jurídicos. Su discurso de toma de posesión no ha podido ser más delatador de lo que está sucediendo en la corrupta democracia española.

Para empezar se ha despachado a gusto con su eterno rival político: "vivimos un momento delicado, fruto de la estrategia de quienes, sin haber aceptado la derrota en las urnas, se empeñan en trasladar a la Justicia lo que sólo pertenece al ámbito del debate político". Y esto lo dice un fiscal nombrado ministro, compañero de gabinete de otra jueza, Fernández de la Vega, los cuales seguramente se incorporarán a impartir ¿justicia? cuando los cesen las urnas o su superior, como ya ocurriera con Baltasar Garzón.

Pero eso no ha sido todo. Fernández Bermejo se ha despachado a gusto con el Consejo General del Poder Judicial, al cual acusa de haber perdido la "legitimidad". Claro que a continuación nos quedamos más tranquilos ya que no tiene intención de "intervenir en la bronca y responder al insulto". Es decir, que sus ataques directos al PP y al CGPJ deben algo así como "consejos" sin más intención que la de inciar su período ministerial con "diálogo y talante", que diría su jefe.

Hoy la Justicia en España está absolutamente en entredicho. Uno de los poderes fundamentales y pilar básico de la democracia se está demostrando absolutamente dependiente de los intereses políticos. No hay más que ver el esperpento que vivimos la semana pasada a cuenta de la recusación de Pérez Temps. Tras su salida del tema sobre el estatuto catalán, el PSC amenazó al Gobierno, "si el Estatut cae, el Gobierno cae", así que la jugada estaba servida. Pérez Temps dimite y entra un sustituto nombrado por la mayoría parlamentaria actual y se deshace la minoría en el TC. A cambio surge una igualdad que se rompe con el voto de calidad de la presidenta, a la sazón, esposa del socio de Pérez Temps.

Para la inmensa mayoría de los españoles todos estos movimientos de ingeniería judicial pasan desapercibidos. Es más, si un escucha sólo las declaraciones del fiscal/ministro cualquiera diría que el tipo es un auténtico defensor de la independencia del Poder Judicial, pero esos son los tradicionales fuegos de artificio a los que nos tiene acostumbrados este Gobierno con espíritu de oposición.
 
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