Después de las rebajas

Ya ha pasado, aparentemente, la cuesta de enero. Ha sido una temporada de rebajas muy diferente a las que suele darse en las fechas posnavideñas. Este año los descuentos y bonificaciones han venido en forma de promesas electorales. Lo del Corte Inglés ha quedado en un segundo plano. Algunos han prometido descuento lineal de un puñado de euros por barba en el impuesto de la renta. Con su habitual estilo efectista, los asesores de publicidad y relaciones públicas que venimos pagando desde hace cerca de cuatro años entre todos los españoles, han sabido aprovechar el tirón de la cuesta de enero.

A Rajoy la cosa lo ha agarrado, como de costumbre, a contrapié. Con la tormenta pasajera vivida en sus propias filas, la cual no es más que el anticipo de la catarsis pepera que se le viene encima tras la eminente derrota electoral, el líder de la oposición no ha tenido más remedio que encajar el golpe y prometer guarderías para todos. Imaginamos que gratis.

Pero la realidad económica es tozuda. Inflación y desempleo es lo que indican con crudeza de las cifras que va a tener enfrentar el que gane las elecciones en marzo. Seguramente por eso Rodríguez haya querido ofrecer la regalía de los 400 euros, porque ya el público en general está notando los efectos de la crisis económica forjada –y disimulada- en los dos últimos años. El superávit presupuestario, herencia sin duda de los días de vino y rosas del “ladrillo de oro”, se ha ido dilapidando sin parpadear en ese derroche vergonzoso que los políticos llaman “gasto social”.

Para los no iniciados diré que el “gasto social” viene a ser todo ese dinero que se gasta un gobierno para favorecer a los más “desfavorecidos”. O sea, a los que necesitan de subvenciones, ayudas, regalías varias, empleos inútiles que no conseguirían jamás en el sector privado, etc. Por tanto, de lo que hablan nuestros dirigentes al referirse al término “gasto social” es de la compra –o alquiler- de votos a cuenta del presupuesto del Estado. Ni más ni menos. Claro, todo rodeado de un halo de generosidad –algunos tienen el descaro de llamarlo “redistribución de la riqueza”- que hacen que estas palabras suenen de lo más políticamente incorrectas.

Si en algo coinciden las tendencias de política económica es en que en tiempos de crisis el Estado debe ganar protagonismo e insuflar recursos al sistema para sustituir la menor actividad del sector privado. Estos recursos deben dedicarse principalmente a invertir en infraestructuras para que la actividad de la construcción –“Si la construcción va, todo va”, que vino a decir Le Corbusier- no se detenga y a apoyar al sector privado para que la inversión no colapse.

Pero lo que ha hecho este Gobierno hasta ahora ha sido dedicarse a poner más y más dinero en la economía a base de subvenciones, ayudas y convocatorias de empleos innecesarios, amén de derrochar unos 600 millones de euros al año en publicidad “corporativa”. En otras palabras en “gasto social” para asegurarse dos cosas. Primero dilatar al máximo el colapso de la economía española. Segundo asegurarse la victoria electoral, por medio de golpes de efecto que han costado muy caros a las arcas del Estado.

La inflación en España duplica la media de la UE, consecuencia inequívoca del engaño, fraguado a base de “gasto social”, en el que vive la economía patria. La factura llegará. Lástima que va a tardar más de un mes.