No son pocos los que dudan a estas alturas, de que la Semana Santa, sus desfiles procesionales, son, amén de un evento religioso de primer orden, uno de los mayores acontecimientos culturales y turísticos de Andalucía. Sobre todo en Granada, Málaga y Sevilla. A muchos parece molestar la implicación de las administraciones públicas en este tipo de manifestaciones culturales y religiosas. Por lo que no resulta descabellado analizar en términos de gasto público esta destacada fecha.
Mucho más allá de las cifras que todos los años se publican, sobre el volumen de negocio que generan las procesiones para las empresas del sector de la hostelería, o acerca del coste de ir vestido de nazareno, analicemos el fenómeno en términos de colaboración entre la iniciativa pública y privada.
Hay que tener presente que los desfiles procesionales nacen hoy en día de la iniciativa privada de las hermandades, las cuales sufragan con el aporte de sus cofrades y benefactores el coste de poner en la calle los pasos y tronos. Se trata, por tanto, de un acto religioso y cultural pagado desde el sector privado, algo que los detractores de la Semana Santa olvidan. Quizá estén demasiado acostumbrados a que sea la subvención pública la que haga posible casi con absoluta exclusividad la puesta en escena de exposiciones, representaciones y producciones culturales patrias.
El sector público, por su parte, realiza una contribución esencial como facilitador de las procesiones. Desde la organización del tráfico, hasta el engalanado de las ciudades, pasando por la limpieza y alumbrado de los recorridos. Se trata de una importante aportación económica pública que complementa la que realiza el sector privado. Una simbiosis difícil de encontrar en otros ámbitos económicos.
Y afirmo que se trata de una simbiosis porque ambas partes obtienen su particular beneficio de la relación. Los cofrades porque sin el concurso público difícilmente podrían llevar a cabo su actividad por excelencia. El sector público, principalmente los ayuntamientos, porque obtienen la mayor proyección turística para sus ciudades, además de facilitar a sus ciudadanos en general un acontecimiento cultural seguido de forma mayoritaria.
Si comparamos el coste que tiene para las administraciones públicas el apoyo que prestan a las procesiones de Semana Santa, con el tremendo impacto económico que tiene esta actividad para mayoría de las ciudades en las que se celebra, veremos que se trata de una inversión más que rentable. Más aún si lo comparamos con el coste/impacto que tiene otras actividades culturales o de promoción turística a las que tan acostumbrados nos tiene el sector público.
Un ejemplo a seguir, sin duda, pero que mucho me temo que no va a cundir entre los círculos culturales, los cuales prácticamente viven de la subvención pública.
2 comentarios:
La II República, en 1932, prohibió cualquier tipo de manifestación pública religiosa,sin embargo permitió la celebración de la Semana Santa en Sevilla,por la cantidad de jornales que producía.Creo que eso es un ejemplo claro de todo lo expuesto,ya que ahora la cosa se multiplica.El arte sacro es una industría muy fructífera en nuestra tierra,aunque algunos lo digan con la boca pequeña.
Un saludo.
Interesante reflexión y como siempre estoy de acuerdo!
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