27 de enero de 2010

¿Debate?. ¿Qué debate?.


Si echamos un vistazo a la portada de cualquier diario, nos percataremos de que existen unos cuantos temas fundamentales de convivencia democrática que requieren de un profundo debate si se quieren resolver de una forma eficaz. Esa resolución es válida cuando nace de un acuerdo político amplio, no de la mera imposición de una mayoría, en ocasiones muy escueta. Del mismo modo, buscar permanentemente el consenso sería poco menos que utópico y nos llevaría a la parálisis de la iniciativa legislativa.

Este pretendido ideal, al menos para el que redacta estas líneas, queda muy lejos de esta realidad nuestra. En España no existe un verdadero debate público sobre temas de tanta importancia como la energía nuclear, la reforma de la educación o la del mercado laboral. A no ser que confundamos el debate real de los que tienen voz y voto en sede parlamentaria, con esas discusiones que se reproducen en tertulias televisivas y radiofónicas.

Nuestros políticos no quieren tener que dar argumentos y rebatir los del contrario bajo el auspicio de la soberanía popular, es decir, en las cámaras legislativas. Prefieren la negociación bilateral para reunir votos, cuando no orientarse por los sondeos de opinión para tomar decisiones sin arriesgar demasiado, no vaya a ser que pierdan algunos votos. Lo suyo son las consignas, las soflamas y los ataques en lugar de los sólidos argumentos necesarios para ganar un debate público.

Como ejemplo palmario tenemos la recientemente aprobada Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, o sea del aborto. Sí, mucho tertuliano a favor y en contra, mucha columna a favor y en contra, mucho mitin dominguero y demagógico, incluso muchas manifestaciones y grupos en feisbuk, pero, ¿alguien recuerda el debate que hubo en el Congreso de los Diputados?. A la cámara baja se va ya con las leyes aprobadas gracias al chalaneo de votos, negociados sin luz ni taquígrafos y sin que los ciudadanos sepamos a qué se ha comprometido el partido en el poder a cambio de cinco votos.

Más grave aún es ese pretendido “Pacto de Estado de la Educación”, por el cual los dos partidos mayoritarios se sientan a discutir una ley fundamental para el futuro de nuestro país. Eso sí, se cuidan mucho de que los españoles sepamos lo que discuten. Como al PP se le ocurrió lanzar públicamente algunas de sus ideas sobre la reforma educativa, el propio Ministro de Educación no dudó en declarar públicamente que era “ilógico hacer declaraciones sobre un tema que se está negociando”. En otras palabras, mejor que no sepamos nada, no vaya a ser que la opinión pública lo estropee todo.

Los medios de comunicación, tan espléndidos ellos, nos quieren hacer ver lo contrario. Hablan sin cesar del “debate abierto” por esto y por aquello, pero en realidad ese debate no va más allá de las discusiones entre tertulianos o de las columnas, generalmente cargadas de soflamas, defendiendo posiciones, que no debatiendo.

Debatir es mucho más que lanzar proclamas en una rueda de prensa o sentarse a negociar en una oscura –no por falta de energía eléctrica- sala del Congreso de los Diputados. En un país en donde la Sociedad Civil no pinta nada, sin think tanks independientes, con una vida parlamentaria de encefalograma plano, resulta incluso vergonzoso que nos hablen continuamente de “debate” precisamente los que lo tienen secuestrado.

21 de enero de 2010

La revelación de José Blanco


Me cuesta mucho definir las declaraciones del ministro de Fomento, José Blanco, en las que afirma que el salario de los controladores aéreos es una rémora para las cuentas de AENA y el motivo por el que las tasas aeroportuarias españolas son tan elevadas. Sin duda se trata de una revelación que Blanco –o alguno de sus asesores- ha tenido, a buen seguro con la pretensión de ganar el aplauso fácil del público. Claro que estas palabras van mucho más allá del mero enfrentamiento que mantiene el colectivo laboral de marras con el ministro.

En primer lugar, hemos de preguntarnos por qué es “tan elevado” –en palabras del propio ministro- el salario medio de los controladores aéreos españoles, unos 350.000 euros anuales. Quizá Blanco no ha tenido en cuenta, antes de lanzarse en esta campaña contra los emolumentos de los controladores, que su partido lleva casi seis años gobernando España. Esto significa que algo habrá tenido que ver el propio ministro de Fomento o los compañeros de partido que lo precedieron en el asunto. En otras palabras, si los controladores tienen esos sueldos es porque el Gobierno al que pertenece Blanco lo ha permitido, como gestor que es de los aeropuertos españoles.

A continuación tenemos que pensar que esta misma revelación ministerial, sobre la causa de las pérdidas que tiene AENA y las elevadas tasas aeroportuarias, se va a empezar a prodigar en todo el Gobierno. A saber. Parece ser que un periodista que trabaja para el Gobierno gana dos veces y medio más que un periodista que trabaja para el sector privado. Con lo cual habrá que empezar a revisar esos niveles salariales. Sin hablar de los cuantiosos honorarios de los presentadores famosetes que trabajan para las televisiones públicas. Siguiendo el razonamiento ministerial, seguro que si empezamos a recortar los emolumentos de estos otros colectivos podríamos reducir el tremendo déficit público que arrastra el Estado.

Pero podemos llegar más lejos con la revelación de Blanco. Si empezásemos a reducir el enorme gasto público que su Gobierno emplea en cargos de confianza, asesores o publicidad institucional, estoy convencido, como el ministro, de que podríamos pensar en un Estado menos deficitario y endeudado. Sin hablar, por cierto, de la reducción de los impuestos que acompañaría a tales medidas. Exactamente igual que en AENA.

Algo me dice que, como reza el dicho tico, lo que es bueno para el ganso parece no ser bueno para la gansa. O sea que lo que vale para los sueldos de los controladores, no parece que vaya a servir para el resto de los estipendios gubernamentales. Así que la revelación de Blanco, muy en la línea del pensamiento liberal, por cierto, no parece ser más que un ardid demagógico y no una reflexión seria sobre el gasto público. Paradojas de la política.

14 de enero de 2010

España en descomposición


Años atrás acuñé el término Realidad Plurinacional Conocida como España (RPCE) para referirme a mi propio país. Hoy, como apreciará en amable lector, incluso me atrevo a ponerle siglas. En aquellos tiempos de debate estatutario en los que se gestó el término RPCE en mi mente, el fragor de las columnas a favor y en contra del texto que finalmente aprobaron las Cortes venía a enturbiarnos groseramente la capacidad para desbrozar lo que realmente se venía fraguando desde que comenzase la VIII Legislatura de la renovada democracia española. Me refiero a la ruptura de España como unidad nacional.

Mucho más allá de la semántica parda de los estatutos de autonomía, la realidad se ha impuesto. Una realidad basada en un único soporte: la matemática, es decir, la suma de votos y la suma de escaños. ¿Acaso importa otra cosa a nuestros gobernantes?. Aunque desde la época felipista este desmoronamiento de la unidad nacional venía siendo un hecho palpable, hay que reconocer que circunscribía básicamente a efectos presupuestarios. La primera pérdida de la mayoría absoluta tras el advenimiento socialista de 1982, vino a suponer esa ruptura de los Presupuestos Generales del Estado, que se convirtieron así en el instrumento inicial del chalaneo regionalista.

Sin embargo, hoy el asunto de los Presupuestos está más que superado. Por no decir santificado por la ley tácita parlamentaria que permite hasta que un partido demócrata cristiano refrende el aborto como derecho universal incluso para las menores de edad. Según esta ley no escrita, los Presupuestos Generales del Estado son un instrumento para comprar votos a cambio de aumentar el gasto público en determinadas regiones. Esto es lo que a la prostitución el precio, que venía a decir Groucho Marx:

- Señora, usted se acostaría conmigo por un millón de dólares.

- Hombre, la verdad es que me lo pensaría.

- ¿Y por 20 dólares?.

- ¡Pero, oiga!. ¿Usted qué se ha creído que soy yo?.

- Lo que usted es lo ha dejado bastante claro, ahora es cuestión de ponernos de acuerdo en el precio.

Dos noticias muy recientes nos indican que esto de la negociación presupuestaria es ya cosa del pasado. La primera es el volumen de la deuda de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que asciende a 10.480 millones de euros. A cuenta de contentar a determinados territorios, es decir, de conseguir votos de partidos regionalistas, el Estado se ha dedicado a construir y ampliar aeropuertos sin el más mínimo rigor económico -recordemos que la Economía es la ciencia dedicada a la asignación de los recursos escasos-. Desde la existencia de cinco aeropuertos entre el País Vasco, Navarra y La Rioja, algunos a menos de 70 kilómetros de distancia, hasta la desproporcionada ampliación del Prat en Barcelona, por no hablar de los tres aeropuertos gallegos. La cuestión es que parece evidente que no existe una política nacional integrada de transporte aéreo. A este tema habríamos de sumar cómo se está potenciando el ferrocarril como medio alternativo desde el propio Estado y con la petición unánime de todas las capitales de provincia -e incluso de alguna ciudad con pretensiones- para que les llegue el AVE. Si años atrás era el aeropuerto, ahora la petición generalizada es el tren de alta velocidad.

La segunda es la presentación de Barcelona como candidata a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, en clara competencia con el otro candidato nacional, Jaca, que aspira al mismo objetivo en alianza con Zaragoza. Creo que huelga cualquier comentario al respecto. Parece claro que cada región, cada ciudad, cada pueblo, tiene potestad para elevarse sobre los intereses nacionales, dado que nuestros gobernantes han abierto la puerta para que este tipo de disputas se produzca sin que nadie tenga que sonrojarse por ello.

Podríamos enumerar decenas de casos tan claros -quizá estos sean un tanto sutiles- de como la RPCE se está consolidando con el continuado oprobio de unos y el lacónico consentimiento de otros. El origen está, a poco que rasquemos un poco en la superficie, en nuestro sistema electoral, que ha consagrado la diferencia entre los españoles a la hora de elegir a sus gobernantes. Un hombre no es un voto, porque un voto en el Valle de Arán vale más que otro en Málaga capital, así que un aranés tiene más valor que un malagueño.

Y hablando del Valle de Arán, no se pierdan este video: ahora Cataluña, tampoco es una nación, sino una RPCC. Tiene su gracia.
 
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