
Hoy se producirá la primera reunión de la tan cacareada comisión para buscar un pacto político. Esta comisión tiene por objeto buscar una especie de pacto de Estado por el cual, la inmensa mayoría de los representantes de la soberanía popular, converjan en una serie de medidas que ayuden al país a salir de la crisis. Esta supuesta necesidad de pactar tiene dos vertientes claramente diferenciadas: una política y otra económica.
Empecemos por la económica. Las variables macroeconómicas de España no pueden ser peores: importante caída de la actividad económica, déficit público galopante y espectacular aumento del desempleo, todas ellas con indicadores bastante más negativos que la media de los países desarrollados. Sin embargo estos datos no son la causa, sino las consecuencias del principal mal que padece la economía española: la incertidumbre.
Los agentes principales económicos, familias y empresas, se encuentran inmersos en una situación de tremenda incertidumbre que no les permite tomar decisiones a corto o medio plazo. En otras palabras, las familias no consumen y las empresas no invierten porque tienen miedo. Miedo a un futuro incierto. Esta situación requiere de una especial determinación por parte de los que gobiernan, es decir, de la demarcación de un rumbo para salir de la atonía económica actual. Para ello, ante la falta de medidas claras, pareciera que el Gobierno debe contar con el concurso de la oposición para marcar unas líneas básicas de actuación.
Políticamente, no obstante, hay que analizar la cruda realidad de la situación en la que se ha colocado el propio Gobierno. Después de negar la evidente caída de la economía española durante más de un año; y hablando de "brotes verdes" desde mediados de 2009 -es decir que la crisis, según Rodríguez, ha durado menos de seis meses-, parece ser que finalmente los mercados y la prensa internacional han abierto los ojos a nuestros gobernantes.
Los recientes varapalos recibidos por España en el ámbito internacional han forzado al Ejecutivo a plantearse tomar medidas reales contra la crisis. Estas medidas, que algunos preferimos llamar "reformas", claramente han de ser impopulares. Se acabaron los tiempos de las subvenciones, los cheques-regalo y las subidas ilimitadas de salarios, pensiones y subsidios. Ahora ha llegado la hora del ajuste. Un ajuste que vende muy mal de cara a las próximas elecciones, a saber, catalanas a final de año y municipales el año entrante.
De ahí que los hábiles asesores de nuestro presidente hayan visto esto del pacto de Estado contra la crisis, como la gran tabla de salvación. Rodríguez no quiere, no puede, acometer reformas que rompan su imagen de generoso derrochador de los recursos públicos y defensor de los supuestos débiles. De ahí que pretenda hacer copartícipe a su principal competidor de lo impopular de la crisis, es decir, de los ajustes y reformas necesarias para devolver la confianza a mercados, empresas y familias. En caso contrario la trampa ya está armada, si el PP no acepta el guión será el culpable de la propia crisis.
Por tanto, aunque desde un plano económico pudiera ser interesante hablar de gran pacto económico, no pareciera viable, ni siquiera lógico, dad la situación política actual. Para hablar de pacto el Gobierno debería empezar por reconocer los errores -no pocos- cometidos a lo largo de los dos últimos años. A partir de ahí podría empezar a construirse un escenario de salida de la crisis común. No sin antes plantear un rumbo que dista mucho de lo que viene haciendo le Ejecutivo de Rodríguez Zapatero desde que la crisis afecta realmente a millones de españoles.