¿Qué ocurre en Cataluña?. Una versión para no españoles.

Muchos amigos de fuera de España me preguntan acerca de lo que viene sucediendo en nuestro país con respecto al intento de secesión de Cataluña. En primer lugar, hay que tener muy claro que la sociedad catalana es diversa y no coincide con esa identidad independentista que a veces se nos ofrece desde algunos medios. El 27 de septiembre de 2015 los catalanes fueron llamados a las urnas –los catalanes han acudido a las urnas tres veces en menos de dos años- para elegir al gobierno autonómico por medio del sistema de representación parlamentario. Los partidos independentistas (Junts Pel Sí y CUP) obtuvieron un 47,8 por ciento de los sufragios.

Esta victoria simple permitió al independentismo formar mayoría absoluta parlamentaria gracias a la distribución de los votos frente a las escaños. Las provincias catalanas más proclieves al secesionismo necesitan menos votos para conseguir representación, frente a Barcelona, la provincia más poblada y menos nacionalista. La coalición en el poder autonómico catalán nombró a Carles Puigdemont president. Si bien él nunca fue el candidato, el partido anticapitalista CUP obligó a Junts Pel Sí a sustituir al candidato más votado: Artur Mas.

Autonomía regional

España está conformada por diecisiete comunidades autónomas, las cuales cuentan con diferentes niveles de autogobierno. Cataluña es una de las regiones con mayor capacidad en la gestión de los servicios. Salud, educación, seguridad pública o infraestructuras, son algunas de las competencias que corresponden administrar de forma autónoma a la Generalitat de Cataluña. A pesar de este alto nivel de autogobierno, similar e incluso superior en algunos casos al de los lander alemanes, el nacionalismo reclama más soberanía a España.

Un intento de obtener más competencias para Cataluña se produjo en 2006, con la aprobación de un estatuto de autonomía que incorporaba elementos de autogobierno que fueron desestimados por el Tribunal Constitucional español en 2010. A partir de ahí, sumida España en plena crisis económica, el independentismo comienza a fortalecerse mezclando crisis y recortes con autogobierno. El discurso secesionista se centra en la fortaleza de la economía catalana, la continuidad de Cataluña en la Unión Europea (UE) y en una narrativa histórica sobre la existencia de una singularidad territorial ancestral y reprimida por España. La salida es la realización de un referéndum de independencia el cual no tiene encaje en la Constitución Española de 1978, a la sazón aprobada por más del 90 por ciento de los catalanes en sufragio universal.

La situación actual

La exigua mayoría parlamentaria separatista aprueba el día 6 de septiembre la celebración de este referéndum para el 1 de octubre. Esta consulta vinculante fue decretada inconstitucional y anulada por el Tribunal Constitucional.  A pesar de la ilegalidad, Carles Puigdemont y sus socios de gobierno autonómico insisten en realizar el referéndum sin ningún tipo de garantía democrática -censo universal, votos duplicados, etc-. Del inválido resultado se obtiene una declaración de independencia votada el 27 de octubre por 70 de los 135 miembros del parlament.

A raíz de estos hechos, Cataluña entra en una especie de incertidumbre jurídica que tiene importantes consecuencias. Más de 1.800 empresas, entre ellas los bancos y la industria más importante, decide cambiar su sede a otros lugares de España. La UE expresa la imposibilidad de aceptar una Cataluña independiente en su seno de forma directa.

A partir de ahí el Gobierno español de Mariano Rajoy, el mismo 27 de octubre, con el apoyo de más del 70 por ciento de las fuerzas parlamentarias españolas, aplica los mecanismos de intervención para devolver la legalidad a Cataluña. El famoso artículo 155 de la Constitución Española, que es votado a favor por 214 de los 262 senadores elegidos en 2016 por el pueblo español.

Con la autorización del Senado, el Gobierno catalán es cesado y se convocan elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.  Estas medidas son aceptadas por la práctica totalidad de los cargos políticos catalanes, si bien los que instigaron la declaración tendrán que asumir las consecuencias legales al considerar la justicia que cometieron delito de rebelión. Sin embargo, el presidente regional cesado, Puigdemont, junto con cuatro de sus ex-consejeros, decide marcharse a Bélgica huyendo de las posibles consecuencias legales de la declaración unilateral de independencia.

Convocatoria electoral 21D

Se abre así un proceso electoral aceptado por todos los partidos catalanes, si bien la resistencia a acatar las decisiones de la justicia española por parte de Puigdemont y algunos de sus correligionarios, pueden mantener este escenario de incertidumbre.

Ante la convocatoria electoral, el independentismo tiene ante sí el reto de retomar la senda de la legalidad y la negociación dentro del marco constitucional. Asumiendo las consecuencias que desmontan su discurso sobre la economía y la permanencia en la UE. Por su parte las fuerzas constitucionalistas deben encontrar cauces para demostrar que Cataluña es mucho más dentro de España que aislada y recuperar así la normalidad social. Mención aparte merece la formación política de corte chavista Podemos (aliada a otra marca electoral denominada Catalunya Sì que es Pot), la cual mantiene una actitud ambivalente sobre el independentismo, en la búsqueda de mantener o ampliar su caudal de votos entre del nacionalismo catalán.