Bono como Pinochet

José Bono, otrora firme postor a ser candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, se encuentra gravemente contrariado ante la hostilidad con la que la Iglesia Católica está tratando a los diputados favorables a la nueva ley del aborto. Tan afectado está Bono que ayer, en una entrevista concedida al diario oficial de la progresía patria, se comparó con el dictador chileno Augusto Pinochet. Casi nada.

Afirma Bono que "no puedo olvidar al asesino de Pinochet tomando la comunión". Hemos de inferir, por tanto, que esa imagen grabada en el imaginario personal del presidente del Congreso, se la transmitió a Juan Pablo II cuando lo visitó en Roma junto a su familia. Aunque algo me dice que esa imagen, sin duda figurada, le ha llegado a Bono a la mente tras alguna que otra conversación con alguno de los asesores de Rodríguez, o de los suyos, que también los tiene.

Resulta curioso que José Bono tenga que compararse con Pinochet para defender su voto favorable a una ley que viene a consagrar el aborto libre. Un hecho abominado por la Iglesia a la cual siempre ha dicho sentirse orgulloso de pertenecer, incluso cuando Pinochet comulgaba. Si su intención era salir airoso del trance, más bien parece que se está señalando aún más por su inaudita posición en este asunto.

Lo que nos está dejando claro José Bono con su actitud es que la disciplina de voto, para nuestra clase política, es más importante que los principios. Claro que a lo mejor esos principios que se le suponen, como dijo Groucho Marx, si no gustan, se saca otros de la manga y a seguir calentando el sillón.

Queremos ser como los alemanes

Ahora que parece que sindicatos, empresarios y gobierno se están poniendo de acuerdo en imitar el modelo alemán en una especie de reducción de jornada -y de salario- masiva se refiere, no estaría de más que esos mismos empezasen a plantearse algunas cosas a imitar de los alemanes.

Veamos, Alemania tiene unos 83 millones de habitantes, con un producto interior bruto (PIB) de unos 3.3 billones de dólares. En España somos unos 46 millones de personas y tenemos un producto interior bruto de unos 1.4 billones de dólares. En otras palabras, Alemania tiene casi el doble de habitantes y cerca de dos veces y media la producción de España. Sin embargo, en Alemania hay 1,9 millones de funcionarios públicos mientras que en España la cifra supera los 3 millones.

Evidentemente este dato no se lo plantea el gobierno, menos aún los sindicatos, y los empresarios ni se atreven, no vaya a ser que los tachen de neoliberales o de enemigos del sector público. Lo curioso es que todos hablan del modelo alemán en lo de las reducciones de jornada laboral, pero nadie se ha parado a pensar que la economía alemana es, evidentemente, mucho más productiva que la española.

Con cuatro administraciones públicas a las que mantener (Estado, autonomías, diputaciones y ayuntamientos), difícilmente podemos ser muy competitivos, dado que un porcentaje importantísimo de la población activa vive el presupuesto público, es decir, del pago de los impuestos de los sectores privados. Una reflexión casi prohibida en España.

A lo mejor el manoseado cambio de modelo productivo para por ir pareciéndonos a los alemanes: menos funcionarios.

Hacienda gana el Premio Planeta

Así es, señoras y señores. No ha escrito una sola línea, no ha tenido que pensar en el esquema clásico: planteamiento, nudo y desenlace, que nos enseñaron como obligatorios para cualquier novela. Sin embargo, la Agencia Tributaria se ha embolsado la mitad de la dotación del premio literario más conocido y mejor pagado de España. Lo ha dicho Angeles Caso: "La mitad del premio es para Hacienda".

Esta es nuestra realidad, a no ser que uno sea un "talento" de importación, es decir, un futbolista multimillonario, en cuyo caso la tarifa se reduce a la mitad. De ahí que doña Angeles diga que no le importa pagar la mitad, pero que pague lo mismo Cristiano Ronaldo, por ejemplo.

En España el personal trabaja una media de casi cinco meses al año para Hacienda. Si lo traducimos en horas y pensamos en una jornada de ocho, resulta que tres de ellas son para el erario público. Lo cual no podríamos afirmar si es mucho o poco, a no ser que lo pongamos en relación con lo que recibimos a cambio.

Miro a mi alrededor y veo que dos de los servicios básicos que presta el Estado con esos impuestos: educación y salud, se cubren de forma privada debido a la pésima calidad de la sanidad y la educación pública. Los mismos que dedican cinco meses al año a trabajar para el Estado, resulta que tienen que hacer un esfuerzo adicional para que sus hijos tengan una buena educación y un servicio sanitario básico aceptable.

Por otra parte compruebo que con esos impuestos se mantienen infinidad de organismos, sociedades y entes públicos dedicados a los fines más peregrinos: desde la promoción del flamenco, hasta la organización de cursos de masturbación. Sin olvidar interminable lista de medios de comunicación.

Dicho lo anterior, que cada cual valore si Hacienda se ha merecido o no el Premio Planeta.

Sacyr, menos publicidad y más realidades

No salgo de mi asombro cuando veo la tremenda campaña publicitaria lanzada por la constructora Sacyr para contarnos los parabienes de los mastodónticos proyectos que va a ejecutar o los que tiene en curso. Lamentablemente no todo lo que reluce en los anuncios es oro. Yo pondría en cuarentena cualquier noticia que tenga que ver con estos señores, porque la realidad dista mucho de lo que se dice gratuitamente en un anuncio de televisión.

Sacyr tiene detenida, un año y medio después de iniciarla, la obra de la autopista AP-46 Málaga-Las Pedrizas porque no tiene dinero para finalizarla. Parece ser que la constructora adjudicataria de la ampliación del Canal de Panamá es incapaz de terminar una carretera de apenas 25 kilómetros y 421 millones de euros de inversión en su propio país. El PP ya ha solicitado que se recupere la concesión -se trata de una autopista de peaje entregada por el sistema de la concesión administrativa por 30 años- pero el ministro de Fomento,José Blanco, parece no tener prisa y ni siquiera anuncia acciones.

Visto lo anterior, estaremos atentos a lo que ocurra en el Canal de Panamá, en donde Sacyr licitó un precio 1.000 millones de dólares inferior al del segundo ofertante, casi un 20 por ciento menos. Estoy convencido que en Panamá no van a ser tan indulgentes con ellos como lo son nuestros gobernantes aquí en España.

Porque, en mi opinión, en casos como estos el Estado debería actuar. Primero para rescatar la concesión. Segundo para impedir que esta constructora pueda volver a licitar ninguna obra pública. Y tercero denunciar en los tribunales de justicia a Sacyr por publicidad engañosa. El eslogan de la campaña no puede ser más falso: "Hacemos lo imposible", a lo que habría que añadir: "Mientras tengamos dinero".

Un país de alacranes

El trasunto del secuestro del buque pesquero Alakrana en aguas del Indico, sorprende aún más que el episodio del Playa de Bakio hace ya año y medio. Podríamos hablar largo y tendido del papel del Estado protegiendo intereses privados a miles de kilómetros de nuestras aguas territoriales. De la imposibilidad de los barcos para portar armas pesadas. De la incapacidad de Occidente para dar respuesta contundente a los ataques de bandas de mercenarios que han convertido la piratería en un negocio dirigido desde Londres.

Sin embargo yo prefiero dejar esos debates para reflexiones de mucho más calado y preguntarme si realmente al Gobierno de España le importa lo más mínimo lo que ocurra con el barco secuestrado y sus tripulantes. Pues sí, le interesa mucho. Sobre todo porque el buque es vasco. Me explico. Al proceder el Alakrana de esa región española, la cual cuenta con un partido llamado PNV que tiene los votos suficientes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, la cosa cobra su verdadero significado.

¿Qué ocurriría si el Alakrana hubiese partido del puerto de Algeciras?. Pues que el tema interesaría bastante poco, dado que en Andalucía no hay ningún partido que permita o impida con sus votos aprobar los surrealistas presupuestos de 2010. Así de simple.

Esta realidad política nuestra es así. A los políticos no les importa la vida de las personas, salvo si estas vidas generan votos, apoyos parlamentarios o pueden significar todo lo contrario. Al Gobierno de España lo que le importa es la opinión pública y el apoyo del PNV para aprobar sus cuentas. Si a nuestros políticos les preocupase la vida de los secuestrados, entonces los dos partidos mayoritarios se hubiesen reunido para buscar la mejor solución, sin fisuras. El bien nacional por encima de los intereses de partido.

Aquí, en esta España nuestra, eso es impensable. Porque somos un país que, como los alacranes, cuando nos vemos rodeados por el fuego, preferimos clavarnos nuestro propio aguijón.