Muchos amigos de fuera de España me preguntan acerca de lo que
viene sucediendo en nuestro país con respecto al intento de secesión de Cataluña. En
primer lugar, hay que tener muy claro que la sociedad catalana es diversa y no
coincide con esa identidad independentista que a veces se nos ofrece desde
algunos medios. El 27 de septiembre de 2015 los catalanes fueron llamados a las
urnas –los catalanes han acudido a las urnas tres veces en menos de dos años-
para elegir al gobierno autonómico por medio del sistema de representación
parlamentario. Los partidos independentistas (Junts Pel Sí y CUP) obtuvieron un 47,8 por ciento de los sufragios.
Esta victoria simple permitió al independentismo formar
mayoría absoluta parlamentaria gracias a la distribución de los votos frente a
las escaños. Las provincias catalanas más proclieves al secesionismo necesitan
menos votos para conseguir representación, frente a Barcelona, la provincia más
poblada y menos nacionalista. La coalición en el poder autonómico catalán nombró
a Carles Puigdemont president. Si
bien él nunca fue el candidato, el partido anticapitalista CUP obligó a Junts Pel Sí a sustituir al candidato
más votado: Artur Mas.
Autonomía regional
España está conformada por diecisiete comunidades autónomas,
las cuales cuentan con diferentes niveles de autogobierno. Cataluña es una de
las regiones con mayor capacidad en la gestión de los servicios. Salud,
educación, seguridad pública o infraestructuras, son algunas de las
competencias que corresponden administrar de forma autónoma a la Generalitat de
Cataluña. A pesar de este alto nivel de autogobierno, similar e incluso superior
en algunos casos al de los lander alemanes,
el nacionalismo reclama más soberanía a España.
Un intento de obtener más competencias para Cataluña se
produjo en 2006, con la aprobación de un estatuto de autonomía que incorporaba
elementos de autogobierno que fueron desestimados por el Tribunal
Constitucional español en 2010. A partir de ahí, sumida España en plena crisis
económica, el independentismo comienza a fortalecerse mezclando crisis y
recortes con autogobierno. El discurso secesionista se centra en la fortaleza
de la economía catalana, la continuidad de Cataluña en la Unión Europea (UE) y
en una narrativa histórica sobre la existencia de una singularidad territorial
ancestral y reprimida por España. La salida es la realización de un referéndum
de independencia el cual no tiene encaje en la Constitución Española de 1978, a
la sazón aprobada por más del 90 por ciento de los catalanes en sufragio
universal.
La situación actual
La exigua mayoría parlamentaria separatista aprueba el día 6
de septiembre la celebración de este referéndum para el 1 de octubre. Esta
consulta vinculante fue decretada inconstitucional y anulada por el Tribunal
Constitucional. A pesar de la
ilegalidad, Carles Puigdemont y sus socios de gobierno autonómico insisten en
realizar el referéndum sin ningún tipo de garantía democrática -censo
universal, votos duplicados, etc-. Del inválido resultado se obtiene una
declaración de independencia votada el 27 de octubre por 70 de los 135 miembros
del parlament.
A raíz de estos hechos, Cataluña entra en una especie de
incertidumbre jurídica que tiene importantes consecuencias. Más de 1.800
empresas, entre ellas los bancos y la industria más importante, decide cambiar
su sede a otros lugares de España. La UE expresa la imposibilidad de aceptar
una Cataluña independiente en su seno de forma directa.
A partir de ahí el Gobierno español de Mariano Rajoy, el
mismo 27 de octubre, con el apoyo de más del 70 por ciento de las fuerzas
parlamentarias españolas, aplica los mecanismos de intervención para devolver
la legalidad a Cataluña. El famoso artículo 155 de la Constitución Española,
que es votado a favor por 214 de los 262 senadores elegidos en 2016 por el
pueblo español.
Con la autorización del Senado, el Gobierno catalán es
cesado y se convocan elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Estas medidas son aceptadas por la práctica
totalidad de los cargos políticos catalanes, si bien los que instigaron la declaración tendrán que asumir las consecuencias legales al considerar la justicia que cometieron delito de rebelión. Sin embargo, el presidente
regional cesado, Puigdemont, junto con cuatro de sus ex-consejeros, decide marcharse a Bélgica huyendo de las posibles
consecuencias legales de la declaración unilateral de independencia.
Convocatoria electoral
21D
Se abre así un proceso electoral aceptado por todos los
partidos catalanes, si bien la resistencia a acatar las decisiones de la
justicia española por parte de Puigdemont y algunos de sus correligionarios,
pueden mantener este escenario de incertidumbre.
Ante la convocatoria electoral, el independentismo tiene
ante sí el reto de retomar la senda de la legalidad y la negociación dentro del
marco constitucional. Asumiendo las consecuencias que desmontan su discurso
sobre la economía y la permanencia en la UE. Por su parte las fuerzas
constitucionalistas deben encontrar cauces para demostrar que Cataluña es mucho
más dentro de España que aislada y recuperar así la normalidad social. Mención
aparte merece la formación política de corte chavista Podemos (aliada a otra
marca electoral denominada Catalunya Sì que es Pot), la cual mantiene una
actitud ambivalente sobre el independentismo, en la búsqueda de mantener o ampliar
su caudal de votos entre del nacionalismo catalán.