En ocasiones se producen acontecimientos que ponen a prueba la solidez de una sociedad. Estos meses, desde que iniciara la huelga de los sindicatos del sector público, venimos viviendo una de esas situaciones. Por fortuna, la sociedad en general respondió con solidez. No obstante, se puso de manifiesto la descomposición de los valores de una parte importante de la Administración Pública costarricense.
Decenas de miles de funcionarios públicos dejan claro que su conciencia como ciudadanos es nula. Que lo único que les interesa es recibir un salario –seguro- a fin de mes, sin importar la función pública para la que se postularon en su momento. Esos servicios públicos y esenciales que se jactan defender en sus alegatos, no les interesan en lo más mínimo.
Cientos de miles de escolares perdieron un trimestre completo de educación gracias a los que pasean banderas arrogándose la postestad de hablar en nombre del pueblo. ¿Acaso los escolares a los que afectan no son hijos del pueblo costarricense?. ¿No va en contra del pueblo dejar sin el derecho a la educación a infinidad de niños?.
Centenares de cirujías se suspendieron, algunos niños no pudieron recibir su sesión de quimioterapia o ser intervenidos para ser curados, a pesar de que sus padres pagan todos los meses su cuota obrera a la Caja Costarricense del Seguro Social. Amenazantes y altaneros se les veía a los empleados en la puerta de los hospitales, aunque otros aprovecharon para salir de vacaciones sin el menor recato, mientras el Pueblo no podía acceder a los servicios esenciales.
Miles de casos o trámites judiciales quedaron empantanados gracias al paro indiscriminado e irresponsable de los funcionarios de los juzgados. Por cierto que sus máximos jerarcas, por el camino, decretaron que sus retribuciones no pueden ser ajustadas por el resto de los poderes de la República. Como si el presupuesto del Poder Judicial procediera de sus propios recursos.
En este mismo sentido las universidades estatales, aprovechando la oleada populista sindical, decretaron que su independencia administrativa es también territorial y que sus recursos no son susceptibles de revisión o supervisión por parte del Estado. Lo más curioso fue ver a una supuesta estudiante de origen cubano defender la extraterritorialidad de la UCR, hecho este que causaría tremenda hilaridad en las autoridades de su país de origen.
En definitiva, estos sucesos han venido a dejar claro que el servicio público en Costa Rica está plagado de personas que no tienen ninguna vocación profesional. Que su presunto patriotismo no es más que una excusa para dejar a los ciudadanos sin los servicios esenciales para los que fueron contratados.
Una situación que tiene que llevarnos a reflexionar acerca de cómo revertir esta falta de conciencia. ¿Cómo hemos llegado a este escenario tan desbalanceada?. ¿Qué medidas debemos tomar, representantes políticos y sociedad civil, para dar vuelta a este sinsentido de Estado de Derecho fallido?. En mi opinión, lejos de buscar culpables o recurrir a la retórica de la limpieza, hemos de encontrar una conciencia compartida como sociedad. Quizá haya llegado el momento de desterrar el falso patriotismo de los derechos sagrados y comenzar a pensar en valores compartidos.