El balance necesario

A pesar de que desde abril de este año, mes y medio después del inicio de los efectos de la pandemia, ya se hablaba de una negociación con el FMI para la obtención de un crédito blando, no es hasta mediados de septiembre que el Gobierno de Costa Rica anuncia su propuesta de negociación con el organismo internacional. Para sorpresa de propios y extraños, las condiciones se basan en una reforma fiscal en busca de nuevos ingresos para el Estado, tan sólo 15 meses después de la entrada en vigor de la reforma anterior. Una ley tributaria que creaba nuevos impuestos e incrementaba otros. 

En 2018 la sociedad civil, encabezada por el sector privado, comprendió la necesidad de esta reforma, si bien desde el primer momento el apoyo contenía un importante mensaje para el Gobierno de Carlos Alvarado: el balance a la mayor presión fiscal debía ser un ajuste del aparato estatal. Sin embargo, este ajuste nunca llegó. Como tampoco llegaron medidas de reactivación económica que redujeran el impacto en el empleo que supusieron nuevos impuestos en una economía estancada. No parece que nuestros gobernantes hayan aprendido la lección.

 

Resulta evidente que esta propuesta gubernamental busca romper de forma definitiva aquel pacto tácito de 2018, así como el acuerdo político firmado por Carlos Alvarado y Rodolfo Piza, denominado Acuerdo Nacional, que muchos respaldamos y que un año después se convirtió en papel mojado. Las evidencias son contundentes y ya la maquinaria de los depredadores del presupuesto público está en marcha. Dos son los mensajes perversos que se están lanzando desde el depredador insaciable de recursos en que se ha convertido el Estado costarricense.

 

El primero es la amenaza clara y contundente que llega desde las filas de esa academia estatal elitista, sesgada y todopoderosa contra el principal generador de empleo privado de Costa Rica: las zonas francas. Ya las redes sociales arden contra el régimen fiscal de las zonas francas y la presión será mayor en los próximos días. Se trata de una suerte de chantaje brutal contra el sector privado, principalmente contra las decenas de miles de costarricenses que se desempeñan profesionalmente en las zonas francas. “O aceptas el nuevo paquete de impuestos o iré contra las zonas francas”, es el mensaje claro que los mamporreros de los que quieren mantener sus privilegios -hoy en el poder- nos están enviando.

 

El segundo mensaje consiste en culpar al sector privado de ser consistentemente evasor de impuestos. La Contraloría de la República hizo público en estos días un informe -¿casualidad?- acerca de la incapacidad del Ministerio de Hacienda para recaudar los impuestos existentes y señala una serie de falencias en los sistemas de control tributario. Este informe es troceado, interpretado, manoseado de forma partidaria para señalar que la culpa de dicha incapacidad es de los evasores, no del que debería controlar o, sencillamente, cobrar a los sujetos pasivos de los impuestos. La trágica noticia es que hasta en una parte del sector empresarial se aplaude dicha interpretación y se entona el mea culpa.

 

Ante este panorama el sector privado, de nuevo, se divide. Ya se oyen voces hablando de “balancear” la voracidad fiscal del Gobierno Alvarado. Algunos, quizá con irrisorias aspiraciones electorales, creen que este nuevo zarpazo a la creación de empleo y la inversión, les dejaría unas arcas estatales menos depauperadas en un hipotético -y muy remoto- triunfo en 2022. Otros ya han comprado las amenazas y prefieren que se hable de impuestos que no les afectan tanto antes de que les toquen el bolsillo por otro lado, al fin y al cabo siempre hay ganadores y perdedores.

 

Pero aquí el único balance que cabe es el de cumplir con el acuerdo de 2018: ajustar las finanzas públicas agrupando o eliminando instituciones, vendiendo activos que no cumplen ninguna función social o ajustando gasto público en donde menos afecte a la inversión pública. Cualquier otra propuesta que no empiece por un plan de choque de ajuste del gasto público resulta a todas luces inadmisible por parte de los que acordaron soportar el resultado de la reforma fiscal de 2018.

Como no puedo hablar del Covid, hablo de números

No voy a hablar del coronavirus, no me está permitido. Ya el pueblo decidió que no tengo autoridad para hacerlo. No tengo un postgrado en epidemiología en la UNA, ni estudios en la materia que me acrediten como experto, así que no hablaré. El presidente Alvarado parece que leyó -o le contaron- un artículo de Tomás Pueyo, por cierto del 19 de marzo de 2020, titulado El martillo y el baile y nos lo narran en cadena pública a diario, con desparpajo, como el que cuenta una anécdota. Entre el artículo y los conocimientos del Ministro de la Cosa, aquí nadie puede opinar sobre pandemias. 

 

Se le conoce como falacia de autoridad y está causando estragos, no sólo en Costa Rica. En España, un tipo que el 30 de enero dijo que España tendría apenas un caso suelto, se convirtió en el que manejó la crisis del coronavirus. El resultado ya lo conocemos 28.000 muertos oficiales y otros 16.000 que, según el experto, pudieron morir “en un accidente de tráfico enorme” en pleno confinamiento. Pero son los que saben, así que calladito más bonito. Cuando las cosas se tuercen salen sus palmeros diciendo “nadie tenía un manual para la pandemia”, ni yo un cargo de ministro.

 

Por suerte de números sí nos dejan hablar, pero con cuidado, no vaya a ser que no coincidan con las verdades universales que nos cuentan en cadena pública nacional a diario. ¿Pero esos no son epidemiólogos y expertos en salud? -se preguntarán. La respuesta es que ya trascendieron sus conocimientos académicos y ahora son semidioses que toman agua embotellada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), disponible sólo para las mentes privilegiadas de Zapote.

 

La cuestión es que este humilde economista hace números. Veamos, según los informes del Ministro de Seguridad Pública, entre el lunes y el miércoles de esta semana se han producido 1.700 denuncias al 911 relacionadas con “fiestas y otros comportamientos contrarios a las restricciones sanitarias”. Digamos que sólo la mitad eran fiestas, es decir, 850 fiestas privadas. Consideremos que “fiesta” es una actividad con una media de 20 personas (habrá fiestas de 10 y fiestas de 30), es decir, 17.000 personas estuvieron de fiesta entre el lunes y el miércoles en Costa Rica. Somos muy fiesteros.

 

En plena restricción vehicular, porque no hay taxis para movilizar a tanta gente, quiere decir que, si la mitad iban en su carro, a dos personas por carro, se desplazaron 4.250 vehículos. Debemos preguntarnos: ¿cuántas multas se pusieron por incumplir la restricción vehicular en esos días? Según indica algún diario fueron 484. Primer dato 4.250 contra 484, infiriendo que todos multados iban o venían de fiestas.

 

Pero ahondemos un poco más en los números que nos ofrecen a diario. El gran problema, según los que saben oficialmente del Covid-19, son las fiestas, especialmente los baby showers. A raíz de un té de canastilla se infectaron 21 de las personas que asistieron, los números luego cambiaron porque fue una celebración móvil, pero eso no importa, detalles, ¡bah!. La cuestión es que el riesgo es muy grande. Fijénse en los datos. Si entre lunes y miércoles hubo 17.000 personas de fiesta -de acuerdo con las 1.700 denuncias-, quiere decir que en los últimos siete días, sin contar con el factor fin de semana, unos 39.700 costarricenses estuvieron en fiestas. 

 

Digamos que sólo un 20 por ciento de los desalmados fiesteros se contagiaron en esas arriesgadas -sino suicidas- actividades sociales, entonces podemos pensar que unas 8.000 personas saldrán positivas por Covid-19 entre esta semana y la próxima. Eso sin contar con el factor de contagio comunitario que se calcula en 4 por cada infectado, o sea, 32.000 infectados en unos días. Si lo multiplicamos por 4 semanas ya tenemos 128.000 y, como es “exponencial”, tal y como dicen a diario mientras toman agua embotellada del AyA, podríamos pensar que en septiembre el Covid-19 ya estuvo en el 50 por ciento de la población.

Ahí llega la pregunta para los sabios: ¿qué sucedió entre el 8 de marzo y el 3 de junio, lapso de tiempo en el que los casos estuvieron bajo control? ¿no hubo fiestas? ¿no hubo baby showers? ¿no había gente que tomaba cerveza en la puerta de la pulpería?. Algo no cuadra en ese eslogan “Fiesta que veo fiesta que sapeo”. ¿Será que no hay tantas “fiestas”? ¿Será que hemos generado un mecanismo de odio y revanchismo contra el vecino que escucha música y toma cerveza en el balcón? ¿Será que no son tan peligrosas las “fiestas”?

 

Hoy, los que saben, nos sacan otro dato interesante: “A este paso en agosto habrá 360 personas en camas UCI”. Asusta, ¿eh? Veamos, de los 8.986 casos detectados al 15 de julio, 7.881 se produjeron desde el 3 de junio, es decir, en unos 40 días. Los casos se multiplicaron por siete, pero los hospitalizados en UCI sólo por dos. Para multiplicar por 10 los internados en UCI como están suponiendo en un mes, los casos se deberían multiplicar por 35. Con estas cifras llegaríamos a 314.000 casos. 

 

Hagamos otro número menos alegre y basado en los datos que tenemos desde que empezó la pandemia. Aproximadamente un 2 por ciento de los infectados detectados son hospitalizados y de esos un 12 por ciento pasan por la UCI. Para llegar a 360 personas en UCI los casos serían 150.000, en otras palabras, 15,8 veces el número actual de contagios en un mes. ¿Cómo lo ven? ¿Factible?

 

A pesar lo que pueda pensar el lector, yo no soy negacionista de los riesgos del virus y tomo muy en serio las recomendaciones (mascarilla, burbuja, etc). Tampoco soy un talibán de los que van señalando con el dedo a cualquiera que desacata los consejos diarios de los ministros. Creo que hay que ser prudente, sin caer en el pánico recomendado diariamente, ni en el intento claro de señalar a la población por el manejo de la crisis. Los responsables políticos, cuando les escribían loas en los medios internacionales y ahora que están enfrentando la verdadera pandemia que parecía no ir con ellos durante tres meses, son los únicos que deben rendir cuentas. Para lo bueno y para lo malo.

 

PD. Gracias a mi amigo Pepe por la serie de datos sobre el Covid-19 en Costa Rica.

La nueva anormalidad costarricense

Hablan los noticieros de que hicieron una fiesta en un “lujoso” condominio en Escazú el sábado. Un crimen de lesa humanidad sin duda. Ahí está el video, tomado por un vecino solitario y preocupado. Antes lo denominaban sapazo, pero ahora está bien visto. El Gobierno no descarta la creación de brigadas patrióticas para vigilar el comportamiento de los vecinos, al tiempo.

-       Papá, ¿tú nunca haces fiestas así? -le pregunta Roberto a su padre después de grabar y publicar la intimidad sus vecinos en un área privada.

-       No hijo, con esto del Covid no se pueden hacer fiestas -contesta el padre.

-       Bueno papá, antes de la pandemia tampoco hacías fiestas…

-       Es que a tu madre y a mí no nos gustan mucho las fiestas -decreta el progenitor para zanjar la conversación.

-       Por cierto, me das cinco mil pesos para pagar el glovo. Me pedí una pizza porque mamá no tenía ganas de cocinar y se fue a Multiplaza a comprar no sé qué.

     Los del Ministerio de Salud no pudieron entrar al condominio a recetar multas, que es lo que les pone, el glovo del videoaficionado sí, lo normal.

     Daniel Salas, Ministro de la Cosa, explica en la cadena pública diaria que hacer fiestas es malo, que va en contra de la nueva anormalidad y que hay que denunciar a los fiesteros y a los que hacen tés de canastilla, que son los nuevos forajidos. A renglón seguido anuncia que a partir del sábado hay que llevar mascarilla en el bus, que el bicho se compromete desde el lunes hasta el fin de semana a no atacar al personal en transporte público, aunque no lleven cubrebocas. Los buses son fiestas rodantes con 30 pasajeros, pero no salen en los noticieros, quizá porque no son “lujosos” o porque no hay música, ni tragos, ni vecinos de las brigadas patrióticas, vigilantes y amargados.

     Un helicóptero de la fuerza pública sobrevuela Tamarindo y sus alrededores buscando gente que pueda estar inclumpliendo las recomendaciones del régimen. Nos pasa por encima tres veces mientras estamos en la piscina del condominio para cerciorarse de que somos burbuja social, es decir, familia. Sin duda las rupturas de burbujas sociales son el primer problema del país en pleno estado de alarma por la pandemia. La frontera Norte es un mal menor, no hacen falta helicópteros de vigilancia por allí, en esa zona no hacen fiestas y menos en condominios "lujosos". 

     El Gobierno dice que es malo pasear por los parques y las playas, que se acumula mucha gente y tal. Es como ver a la Gestapo en las películas de nazis, ven un grupo de más de dos personas y se acercan a ordenarles “¡Dispérsense, dispérsense!”. El otro día los de la nueva Gestapo covidiana me sacaron de un parque cuando entré a retirar los excrementos de mi perro, me jugué la multa, pero dudé entre la multa por la caca del perro o la de entrar a un parque público. Hay que ser muy cauto en estos días de Covid-19 y Gestapo con gafas de Clark Kent.

     Uno ya no sabe si ir a un restaurante es bueno o es malo. La cuestión es que están abiertos -lo cual me alegra mucho- y allí sí se puede tomar con los amigos sin tanta complicación. Igual podemos pasear por un centro comercial sin mayor problema, pero jamás por un parque o una playa. En un centro comercial caben unas cinco mil personas, a diez metros cuadrados por alma. En el Parque Metropolitano de la Sabana el riesgo es mayor, ¡dónde va a parar!.

     Lo más importante de todo es no hacer muchos planes. De repente hoy te ponen el barrio en alerta naranja, te cierran dos carreteras o te dicen que tienes que andar con mascarilla al café de la esquina, los autobuses se conoce que aún tienen bula covidiana. Por lo menos en el café te puedes quitar el cubrebocas “para consumir”, dice Salas, Ministro de la Cosa, que es el que sabe del asunto. Faltaría más. 

Valores, no derechos

En ocasiones se producen acontecimientos que ponen a prueba la solidez de una sociedad. Estos meses, desde que iniciara la huelga de los sindicatos del sector público, venimos viviendo una de esas situaciones. Por fortuna, la sociedad en general respondió con solidez. No obstante, se puso de manifiesto la descomposición de los valores de una parte importante de la Administración Pública costarricense.

Decenas de miles de funcionarios públicos dejan claro que su conciencia como ciudadanos es nula. Que lo único que les interesa es recibir un salario –seguro- a fin de mes, sin importar la función pública para la que se postularon en su momento. Esos servicios públicos y esenciales que se jactan defender en sus alegatos, no les interesan en lo más mínimo.

Cientos de miles de escolares perdieron un trimestre completo de educación gracias a los que pasean banderas arrogándose la postestad de hablar en nombre del pueblo. ¿Acaso los escolares a los que afectan no son hijos del pueblo costarricense?. ¿No va en contra del pueblo dejar sin el derecho a la educación a infinidad de niños?. 

Centenares de cirujías se suspendieron, algunos niños no pudieron recibir su sesión de quimioterapia o ser intervenidos para ser curados, a pesar de que sus padres pagan todos los meses su cuota obrera a la Caja Costarricense del Seguro Social. Amenazantes y altaneros se les veía a los empleados en la puerta de los hospitales, aunque otros aprovecharon para salir de vacaciones sin el menor recato, mientras el Pueblo no podía acceder a los servicios esenciales.

Miles de casos o trámites judiciales quedaron empantanados gracias al paro indiscriminado e irresponsable de los funcionarios de los juzgados. Por cierto que sus máximos jerarcas, por el camino, decretaron que sus retribuciones no pueden ser ajustadas por el resto de los poderes de la República. Como si el presupuesto del Poder Judicial procediera de sus propios recursos.

En este mismo sentido las universidades estatales, aprovechando la oleada populista sindical, decretaron que su independencia administrativa es también territorial y que sus recursos no son susceptibles de revisión o supervisión por parte del Estado. Lo más curioso fue ver a una supuesta estudiante de origen cubano defender la extraterritorialidad de la UCR, hecho este que causaría tremenda hilaridad en las autoridades de su país de origen.

En definitiva, estos sucesos han venido a dejar claro que el servicio público en Costa Rica está plagado de personas que no tienen ninguna vocación profesional. Que su presunto patriotismo no es más que una excusa para dejar a los ciudadanos sin los servicios esenciales para los que fueron contratados. 

Una situación que tiene que llevarnos a reflexionar acerca de cómo revertir esta falta de conciencia. ¿Cómo hemos llegado a este escenario tan desbalanceada?. ¿Qué medidas debemos tomar, representantes políticos y sociedad civil, para dar vuelta a este sinsentido de Estado de Derecho fallido?. En mi opinión, lejos de buscar culpables o recurrir a la retórica de la limpieza, hemos de encontrar una conciencia compartida como sociedad. Quizá haya llegado el momento de desterrar el falso patriotismo de los derechos sagrados y comenzar a pensar en valores compartidos.

100 días menos

Los que saben de mercadeo dicen que la satisfacción de un cliente es inversamente proporcional a las expectativas creadas. Dicho de otra forma, más expectativas suponen una mayor dificultad para lograr la satisfacción de un cliente. En política sucede igual. Tenía lógica que PAC de Carlos Alvarado elevara las expectativas de los votantes para lograr la victoria del primero de abril. En eso consisten las campañas, también las políticas. Pero Alvarado redobló la apuesta con la victoria disparando aún más el nivel de las expectativas.

La formación de un gabinete de alto nivel político, escenificando así ese Gobierno de Unidad Nacional, logró el efecto deseado. El líder de la Unidad Social Cristiana, la líder del Frente Amplio, destacadas figuras de Liberación Nacional, empresarios como André Garnier o figuras independientes como Edgar Altamirano, pusieron por las nubes las expectativas acerca de la ejecución del ejecutivo de Carlos Alvarado y Claudia Dobles. Las reuniones posteriores con diferentes sectores económicos y sociales concretaron esas expectativas: apertura total para escuchar propuestas… café para todos.

Algunos se percataron enseguida de que la segunda línea del gabinete se llenaba de personajes sin relevancia política o profesional alguna.Pegabanderas de turno, al más puro estilo liberacionista y continuación de lo visto durante la desastrosa Administración Solís. Alvarado y Dobles no quieren perder el control y menos aún el protagonismo. Pero es precisamente la segunda línea la que puede ejecutar programas más allá del discurso. Todos sabemos que la administración pública costarricense está llena de funcionarios con gran capacidad para bloquear iniciativas o entorpecer la ejecucion de propuestas gubernamentales. Sin líderes capaces nada va a suceder más allá del discurso, del ruido.

Comités, grupos de análisis, de expertos, de sabios, nada nuevo bajo el sol. Moverse, hacer por hacer, reunirse en torno a ideas, ocurrencias y propuestas sin planes concretos para su ejecución. Así se resumen estos 100 días de milenialismo y expectativas. Nada sucedió. 

Volvemos a las excusas clásicas: es poco tiempo, la Asamblea está muy fraccionada, el Gobierno anterior dejó una situación pésima... Pero la realidad es que con excusas no se gobierna y la promesa de campaña de Alvarado de gobernar a base de decretos, si fuese necesario, está muy lejos de cumplirse. ¿Alianzas complicadas?. Las que ya conocía para poder lograr la victoria. ¿Un PAC fraccionado y débil?. Algo que no sorprende a nadie y que más bien le genera más posibilidad de liderazgo al Presidente, lo cual no está aprovechando.

Y lo peor es que si en estos días de popularidad arrolladora del tándem Alvarado-Dobles no se ha logrado más que elevar las expectativas sin tomar ni una sola medida contundente contra los problemas tan serios que afectan al país, poco podemos esperar de los 1.360 que quedan. Suena duro, pero es la realidad de la política patria: elecciones municipales en un año y meses después empezará el baile de pre-candidatos.