El balance necesario

A pesar de que desde abril de este año, mes y medio después del inicio de los efectos de la pandemia, ya se hablaba de una negociación con el FMI para la obtención de un crédito blando, no es hasta mediados de septiembre que el Gobierno de Costa Rica anuncia su propuesta de negociación con el organismo internacional. Para sorpresa de propios y extraños, las condiciones se basan en una reforma fiscal en busca de nuevos ingresos para el Estado, tan sólo 15 meses después de la entrada en vigor de la reforma anterior. Una ley tributaria que creaba nuevos impuestos e incrementaba otros. 

En 2018 la sociedad civil, encabezada por el sector privado, comprendió la necesidad de esta reforma, si bien desde el primer momento el apoyo contenía un importante mensaje para el Gobierno de Carlos Alvarado: el balance a la mayor presión fiscal debía ser un ajuste del aparato estatal. Sin embargo, este ajuste nunca llegó. Como tampoco llegaron medidas de reactivación económica que redujeran el impacto en el empleo que supusieron nuevos impuestos en una economía estancada. No parece que nuestros gobernantes hayan aprendido la lección.

 

Resulta evidente que esta propuesta gubernamental busca romper de forma definitiva aquel pacto tácito de 2018, así como el acuerdo político firmado por Carlos Alvarado y Rodolfo Piza, denominado Acuerdo Nacional, que muchos respaldamos y que un año después se convirtió en papel mojado. Las evidencias son contundentes y ya la maquinaria de los depredadores del presupuesto público está en marcha. Dos son los mensajes perversos que se están lanzando desde el depredador insaciable de recursos en que se ha convertido el Estado costarricense.

 

El primero es la amenaza clara y contundente que llega desde las filas de esa academia estatal elitista, sesgada y todopoderosa contra el principal generador de empleo privado de Costa Rica: las zonas francas. Ya las redes sociales arden contra el régimen fiscal de las zonas francas y la presión será mayor en los próximos días. Se trata de una suerte de chantaje brutal contra el sector privado, principalmente contra las decenas de miles de costarricenses que se desempeñan profesionalmente en las zonas francas. “O aceptas el nuevo paquete de impuestos o iré contra las zonas francas”, es el mensaje claro que los mamporreros de los que quieren mantener sus privilegios -hoy en el poder- nos están enviando.

 

El segundo mensaje consiste en culpar al sector privado de ser consistentemente evasor de impuestos. La Contraloría de la República hizo público en estos días un informe -¿casualidad?- acerca de la incapacidad del Ministerio de Hacienda para recaudar los impuestos existentes y señala una serie de falencias en los sistemas de control tributario. Este informe es troceado, interpretado, manoseado de forma partidaria para señalar que la culpa de dicha incapacidad es de los evasores, no del que debería controlar o, sencillamente, cobrar a los sujetos pasivos de los impuestos. La trágica noticia es que hasta en una parte del sector empresarial se aplaude dicha interpretación y se entona el mea culpa.

 

Ante este panorama el sector privado, de nuevo, se divide. Ya se oyen voces hablando de “balancear” la voracidad fiscal del Gobierno Alvarado. Algunos, quizá con irrisorias aspiraciones electorales, creen que este nuevo zarpazo a la creación de empleo y la inversión, les dejaría unas arcas estatales menos depauperadas en un hipotético -y muy remoto- triunfo en 2022. Otros ya han comprado las amenazas y prefieren que se hable de impuestos que no les afectan tanto antes de que les toquen el bolsillo por otro lado, al fin y al cabo siempre hay ganadores y perdedores.

 

Pero aquí el único balance que cabe es el de cumplir con el acuerdo de 2018: ajustar las finanzas públicas agrupando o eliminando instituciones, vendiendo activos que no cumplen ninguna función social o ajustando gasto público en donde menos afecte a la inversión pública. Cualquier otra propuesta que no empiece por un plan de choque de ajuste del gasto público resulta a todas luces inadmisible por parte de los que acordaron soportar el resultado de la reforma fiscal de 2018.

La otra pandemia

Vivimos tiempos convulsos de pandemia, cuarentena, alejamiento social y otros males, quizá el peor sea el que nos ofrecen diariamente todos los medios: las estadísticas. Casos diarios, muertos diarios, recuperados diarios, etc. Como siempre los datos sueltos y aislados no significan mucho. A este respecto, a los interesados en la raíz profunda de la estadística popular, voy a recomendar la lectura de El tigre que no está. Un paseo por la jungla de la estadística, de Michael Blastland y Andrew Dilnot, Turner 2009. Así, en Costa Rica, vemos con cierto grado de tranquilidad, cuando no de satisfacción, la lenta escalada de la pandemia. Sin embargo, a las estadísticas diarias o acumuladas de parte, hay que meterlas en ciertos contextos: el primero el del volumen de pruebas realizadas. Un dato que los propios responsables políticos han relegado a la insignificancia para no alarmar. En Costa Rica se han realizado 1.053 pruebas por cada millón de habitantes desde que inició la crisis. Panamá ha hecho 2.386, Chile 3.156 y Uruguay 1.550 test por cada millón de personas. El dato es relevante.

La cuestión es que se toman datos se dividen por otros y se comparan. Costa Rica es el país con menos muertos por afectados por coronavirus del mundo. Un dato estadístico como si decimos que Corea del Sur es el país que tiene menos muertos por test realizados. Cada país ha tomado medidas diferentes ante la situación. Desde la negación de España hasta el 15 de marzo, con 196 muertos en las morgues, hasta la extrema cautela de Israel, cerrando fronteras a finales de febrero.

Lo que preocupa es que estos datos, pensemos que creíbles y positivos, están generando un discurso con un importante peligro para el futuro del país. Hablo del discurso de la “épica del 48” -o la del 49, según el autor-, por el que estos datos y sus estadísticas (de parte) son el fiel reflejo de un modelo de Estado paternalista, protector, bienhechor, con una “mísitica” -palabro que gusta mucho pronunciar a Román Macaya- única de esforzadas  mujeres y hombres, funcionarias y funcionarios, luchadoras y luchadores, ¡oh!. La arenga, la narrativa épica, el relato heroico es necesario sin duda para levantar el ánimo de la población, recluida en casa y llena de incertidumbres.

Lo importante es que detrás de esas mujeres y hombres que están dando más de lo que se les pidió -personal sanitario, policías, transportistas, empleados de comercio y restaurantes, públicos y privados-, a los que aplaudimos cada noche escuchando el himno nacional en mi barrio, pretenden esconderse otros cuyo único mérito es recibir un salario público y garantizado. No son pocos los que están cayendo en el error de creer en esa epopeya del Estado maravilloso que, sufragado con impuestos, tasas y contribuciones, está respondiendo ante una crisis sanitaria nunca vista. Sí, la sanidad, la educación, las seguridad y la justicias públicas son irremplazables, pero no sumemos a esos servicios la inmensidad de un Estado anquilosado y monstruoso.

No, no escuchemos esos cantos de sirena de que toda la estructura estatal es la salvadora de una situación límite. Estamos hablando del encomiable trabajo de una serie de trabajadores amparados por lo público, pero sufragrados desde lo privado. No, no pongamos en la misma balanza a cualquiera que percibe un salario bajo unas siglas, ahora consideradas intocables. Recordemos que miles de ciudadanos, que pagan por este servicio la contribucion legal establecida, tienen que recurrir de forma habitual a servicios de sanidad privados para evitar largas listas de espera, en ocasiones con resultados catastróficos.

Tampoco dejemos de lado que Costa Rica ya cuenta con un Estado enorme, desproporcionado, con salarios muy superiores a los del sector privado, duplicidad de funciones e ineficiencias por doquier. No olvidemos que ya en 2008-2009 sufrimos la epidemia de vanagloriar lo público, que generó miles de nuevos funcionarios y grandes incrementos salariales que seguimos pagando por la vía de la deuda pública, hoy con categoría de bono basura. Aún perdura en mi memoria -y en la hemeroteca- aquel artículo del entonces presidente del BCCR, Francisco de Paula Gutiérrez, que insistía en que la crisis de 2008 no iba a afectar a Costa Rica. Luego llegó el Gobierno de Oscar Arias a inflar el Estado para que, en efecto, la crisis pasara de puntillas por aquí, ya la pagarían otros.

Hoy Costa Rica se aboca a una crisis económica importante, quizá no tan larga como pronostican algunos. La cuestión es que es una crisis que nos agarra saliendo de otra, de una pronunciada crisis fiscal aún sin resolver por la falta de medidas de ajuste y de reformas estructurales, más allá de una reforma fiscal. Sería dramático que ésta crisis sanitaria desembocara, merced a una trasnochada épica estatista, en una pandemia política y social irreparable. Una situación en la que olvidemos que es el sector privado el que genera la inmensa mayoría del empleo en nuestra economía. Un escenario en el que demos prioridad a un Estado fuerte pero con claras prioridades: salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura. Un Estado eficaz y eficiente que pueda hacer frente a nuevas crisis, pero también a proveer de iguales oportunidades a todos sus ciudadanos.

Nosotros, los fascistas

Madrid 12 de octubre de 2017, un joven se aproxima a presenciar el desfile conmemorativo del Día de la Hispanidad. Porta una bandera de España a la que anexa otra con los colores arcoiris de la diversidad sexual. El resto de los asistentes lo saludan amigablemente, algunos “incluso me han pedido tomarse fotos conmigo”, confirma Valentín Garal, orgulloso defensor de la libertad.

Esa misma noche, Valentín accede a una discoteca gay con un lazo con los colores de la enseña nacional. El joven es increpado hasta en cuatro ocasiones por personas de su misma orientación sexual, tachándolo de facha, fascista o pregúntandole de forma despectiva “¿por qué llevas eso?”.

Les da la razón a los que acusan a Valentín el conocido columnista Javier Marías en su hoja parroquial dominical en El País, el medio de comunicación del centroizquierda español. Dice Marías que “siempre que veía gran número de banderas me acordaba de Núremberg” y que esta oleada de banderas españolas es “el despertar de un nacionalismo peligroso que llevaba décadas adormecido”.

Estas afirmaciones procedentes de uno de los líderes intelectuales de la izquierda moderada española no es un caso aislado. Portar una bandera de España es considerado, para una parte de los españoles, un símbolo de pertenencia a la extrema derecha. Dicho de otro modo, los que nos sentimos españoles y lo confirmamos usando la bandera de nuestro país somos unos fascistas.

Nosotros, los fascistas, no increpamos a los que usan la bandera del orgullo gay. Lo respetamos, porque respetamos la diversidad, pero no hacemos alharacas por ello. Quizá sea porque en nuestras filas fascistas militan muchos homosexuales y no los señalamos como tales, sino como uno más. Por el contrario estos repartidores de carnés de fascista, los intelectuales de la izquierda y los portadores de camisetas del Ché Guevara –homófobo de reconodida trayetoria criminal, pero al que se le perdona todo por sus revolucionarias ideas-, tienen la necesidad de repertirnos una y otra vez su rechazo al hetropatricarcado o a la ideología de género.

En esta misma línea, nosotros, los fascistas, somos hombres y mujeres, sin distinción, sin necesidad de anunciar a los cuatro vientos si cumplimos o no con las políticas de paridad de género. No vemos necesario sacar pecho si una mujer es nombrada presidenta, portavoz o alcaldesa. Es algo normal. Por el contrario los repartidores de carnés de fascista, siempre con su actitud de macho alfa, tienen que dejar clara su política de igualdad de genéro, segregando a las mujeres en grupos feministas.

Nosotros, los fascistas, no vamos proclamando nuestra simpatía con esta o aquella minoría, por el contrario las integramos a todas dentro del respeto por la libertad, la democracia y la diversidad. Quizá por eso, los repartidores de carnés de demócrata, necesiten llamarnos fascistas.

A nosotros, los fascistas, nos invade la zozobra cuando vemos el resurgimiento en Europa y América de movimientos de extrema derecha o extrema izquierda, así como las derivas totalitarias que experimentan algunos países. A los repartidores de carnés de fascista, por el contrario, sólo les molestan los movimientos de extrema derecha, mientras que miran con buenos ojos cualquier ascenso de la izquierda totalitaria o los avances de las dictaduras de izquierdas en América Latina.

Quizá lo que los repartidores de carnés de fascista no quieren ver es que nosotros, los fascistas, somos demócratas convencidos, nacidos, criados o defensores del Estado de Derecho; somos de izquierda, de centro y de derecha; somos hombres y mujeres adinerados, de clase media y pobres; heterosexuales y homosexuales; católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, agnósticos y ateos. No quieren ver que la sociedad española ha evolucionado y superado la larga noche de la dictadura hace mucho tiempo. Que enarbolar nuestra bandera es un síntoma de normalidad democrática, como lo es en Japón, en Grecia, en Venezuela o en Francia.

Nosotros, los fascistas, somos, al fin y al cabo, personas que, sin sectarismos, sin rencores, sin resentimientos, pero también sin miedo, creemos en la libertad, en la democracia y en el Estado de Derecho. Quizá por eso nos llamen fascistas. ¡Ya basta!.

¿Dónde están los catalanes?

El 27 de septiembre de 2015 los catalanes fueron llamados a las urnas –los catalanes han acudido a las urnas tres veces en menos de dos años- para elegir al gobierno autonómico por medio del sistema de representación parlamentario. Los partidos independentistas (Junts Per Si y CUP) obtuvieron un 47,8 por ciento de los sufragios. Debido al sistema electoral que distribuye los votos de forma no proporcional, los soberanistas obtuvieron un 53,33 por ciento de los escaños parlamentarios en juego y formaron gobierno.

Las negociaciones para componer este gobierno de corte independentista, culminaron con la designación de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña, el cual no se presentó a las elecciones. Dicho de otro modo, los catalanes tienen como presidente autonómico a un señor que ni siquiera era candidato, sino que llegó al poder por medio de negociaciones entre partidos.

La mayoría de los catalanes que no votaron por partidos independentistas guardó silencio, como lo guardan ahora. Muchos amedrentados por la virulencia con la que ejercen sus derechos de libertad de expresión y manifestación una parte de los vencedores en aquella contienda electoral: los partidarios de extrema izquierda agrupados en torno a la formación anticapitalista denominada Candidatura de Unidad Popular (CUP) y a los que se unen los militantes más radicales de Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC).

La fractura de Cataluña quedó evidenciada en las elecciones de 2015 y ha ido en aumento desde entonces. Los independentistas, con su pírrica victoria en la contienda electoral, han ido capitalizando espacios de opinión e invadiendo todos los ámbitos de la vida pública catalana. Desde las instituciones catalanas, hasta la educación.

Esta apropiación de lo público ha contado en gran medida con el apoyo de la marca local del partido nacional de izquierda populista Podemos, En Comú Podem, que gobierna en varios municipios catalanes, destacando la alcaldía de Barcelona. Una agrupación que se opone a la independencia pero que apoya la convocatoria de un referéndum. Esta posición ambivalente sirve a los populistas para captar votos en las revueltas aguas de la política catalana.

Este adueñamiento institucional del independentismo, ha creado una imagen falsa de Cataluña y los catalanes, de forma que se nos hace creer que todos los catalanes quieren la independencia de España. Las urnas indican que es falso: la mayoría de los catalanes no votó por partidos independentistas.

Sin embargo, esa mayoría de catalanes permanecen en silencio. Como en silencio permanecen también otros muchos catalanes que, aunque son partidarios de la celebración de un referéndum legal, no al margen de la ley como el convocado por los independentistas, son personas moderadas y sensatas que ven cómo la convivencia en Cataluña se va deteriorando a pasos agigantados.

Parece que los partidos moderados catalanes, integrantes de la antigua Convergencia y Unió (CiU), hoy en vías de extinción, no quieren ver que sus aliados en este intento de quebrar España, son grupos radicales que poco a poco van tomando el control de la situación. No parecen darse cuenta de que, en el remoto escenario de una independencia catalana, ellos exigirán el poder. “Nosotros conseguimos la independencia, ahora queremos el poder”, será la frase que tendrán que soportar los catalanes, todos los catalanes, si continúan dejando el protagonismo a los radicales.

Adicional a lo anterior, está la escalada de tensión que viene generando el independentismo en su pulso contra el estado de derecho. Este movimiento táctico, crea un sentimiento de posibilidad entre muchos catalanes que ven cerca la independencia. No parecen ser conscientes de la gravedad de la ruptura unilateral que promulgan los líderes radicalizados del independentismo. La frustración de una parte importante, aunque minoritaria y resentida, de la sociedad catalana ante la imposibilidad de la independencia, puede tener graves consecuencias en términos de violencia.

Ante este sombrío escenario, no para la unidad de España, si no para el futuro de Cataluña. Llega la hora de que los catalanes levanten su voz de forma pacífica contra la deriva radical a la que los conduce el independentismo. Muchos se escudan en la posición cómoda de la llamada al diálogo. Otros tienen miedo porque saben que serán señalados como botiflers –apelativo del siglo XVIII con el que se insulta a los contrarios a la independencia-. Pero que los catalanes nunca olviden que ellos son más y tienen el apoyo del resto de los españoles.

De la nueva relatividad moral

No cabe duda de que vivimos en una época extraña. Un tiempo en el que la relatividad moral se ha adueñado de la escena pública sin ningún reparo. En el que los derechos humanos se relativizan sin sonrojo a conveniencia de intereses espurios.

Así, nos encontramos con paradojas como el contínuo reproche a cualquier actitud o insinuación que tenga un lejano atisbo de machismo. Eso tiene validez siempre y cuando el presunto machista sea occidental y, además, pertenezca a algún grupo sospechoso de no comulgar con las tendencias globales de lo políticamente correcto. Si esto ocurre el emisor del mensaje puede ser vilipendiado, valupeado e insultado sin sonrojo.

La relatividad moral se pone de manifiesto cuando los vilipendiadores del supuesto machista, no tienen empacho a la hora de simpatizar con regímenes autoritarios que someten a la mujer en sus sociedades. Más aún si el régimen de turno extiende pingües subvenciones a favor de las actividades propagandísticas de los defensores de esta nueva moral occidental.

Tres cuartos de lo mismo ocurre cuando algunos políticos, abanderados de los derechos de los homosexuales, resultan ser acérrimos defensores de dictaduras que aplastan esos mismos derechos de forma sistemática. No olvidemos la admiración que sienten –siempre desde la comodidad de la democracia occidental-, todos estos impulsores de la nueva moral pública por el régimen de la familia Castro en Cuba.

Algo parecido sucede con los derechos de los trabajadores, los parados o los más necesitados. Siempre son los demás, los reaccionarios, los que los violentan de forma sistemática. Pero la realidad es tozuda y nos muestra a los líderes de esos movimientos sociales (sic) en su actuar fuera de cámaras y de redes sociales como verdaderos déspotas. Verbigracia ese gran líder argentino que no pagaba la seguridad social a su asistente doméstico. Por no hablar del nepotismo ilustrado que copa los puestos públicos en aquellos lugares en los que gobierna cualquiera de estos predicadores de la nueva moral.

Muchos se rasgan las vestiduras por los derechos de los animales. Algunos incluso los tratan como a seres humanos -¡cuánto daño ha hecho Disney a nuestra tierna y acomplejada conciencia colectiva!-.  Pero no tenemos reparo a la hora de justificar o incluso sentir cierta simpatía por los actos terroristas contra seres humanos. No extraña ver a los propietarios de la verdadera moral moderna, ensalzar la figura de terroristas. Incluso los admiten en sus filas con regocijo.

Cualquier intento de un gobierno democrático por regular derechos como la libertad de expresión o libre movimiento de los ciudadanos es criticado, como no puede ser de otro modo, de forma unánime y contundente. Pero mucho cuidado con criticar la represión brutal a la que los regímenes de izquierda someten a su pueblo. Los líderes bolivarianos, por ejemplo, pueden cerrar medios de comunicación contrarios al régimen, apalear manifestantes o encarcelar opositores a su antojo. No hay problema. La mera adscripción a las tendencias morales globales les exime de su cumplimiento.

Algo igual sucede con la división de poderes. Las democracias occidentales, con sus mejorables sistemas de elección de poderes siempre serán, a los ojos de los apóstoles de la nueva moral, sistemas represivos en manos de las oligarquías. Por el contrario, la inexistencia de división de poderes de sus admirados –y benefactores- regímenes dictatoriales, ejercen siempre el poder estatal a favor de los más desfavorecidos.

Y así, sin darnos cuenta, vamos cayendo en el juego terrible de esa doble moral de la que acusábamos al clero en los tiempos del franquismo: “Haced lo que yo os diga, pero no hagáis lo que yo hago”. Lo mejor de todo es que la compramos, la hacemos propia y la divulgamos mediante inocentes videos con grandes letras en nuestros muros en redes sociales. Y cuídese el amable lector de no hacerlo, de no apoyar alguno de los aspectos generalmente aceptados por esta nueva -y relativa- moral, porque puede ser tachado de insolidario, fascista, reaccionario...

Democracia de saldo y sus efectos en Occidente

Reino Unido,  23 de junio de 2016, el 51,9 por ciento de los votantes deciden que su país debe abandonar la Unión Europea. Colombia, 2 de octubre de 2016, el 50,2 por ciento de los votantes no respaldan los acuerdos de paz del Gobierno con el grupo terrorista FARC. Turquía, 16 de abril de 2017, el 51,4 por ciento de los electores apoyan un cambio constitucional para susituir el sistema democrático parlamentario por uno presidencialista, el cual otorga amplios poderes a Erdogan para gobernar sin control del legislativo.

Son tres ejemplos a los que podemos añadir lo sucedido en las recientes elecciones presidenciales de los EE UU y Ecuador, entre otros. Soy consciente de que estos dos casos pueden ser idénticos muchos otros balotajes. La cuestión es que las opciones que se enfrentan son cada vez más antagónicas. No podemos comparar la elección de Obama versus Romney, con la de los dos últimos contendientes en las presidenciales estadounidenses.

La exaltación del patriotismo –más bien patrioterismo-, la apelación a sentimientos de clase o la tergiversación de los argumentos hasta límites insospechados, cuando no la vil mentira, son las armas empleadas por los políticos en pleno siglo XXI para ganar elecciones. Goebbels  tiene más seguidores que Churchill en esta época en la que vivimos.

Los resultados de los comicios son automáticos: la población del país dividida en dos, polarización social y problemas de convivencia. A las elecciones en los EE UU y al referédum del Brexit siguieron manifestaciones de los perdedores. A las de Ecuador y Turquía, impugnaciones.

El impacto de resultados electorales en los que se confronta a la población de forma interesada puede ser devastador para la economía y la sociedad de un país. La cuestión que hay que plantearse es si es sostenible democráticamente que continuemos viendo campañas así o, lo que es peor, sus consecuencias. Dramáticas en algunos casos.

La democracia ha comenzado a ser utilizada como arma arrojadiza por parte de los vencedores contra los vencidos. Las urnas son sagradas a pesar de que, en el fragor de la batalla, para vencer, se haya mentido, manipulado o destruido la credibilidad de un país entero. Como ejemplo más palmario el del impulsor del Brexit, Nigel Farage que, tras vencer el referendo, admitió haber ofrecido datos inflados sobre lo que el Reino Unido aporta a la Unión Europea.

Por no hablar de la campaña de Trump contra el traslado de empleos de mano de obra barata a México o China. Empleos que nadie quiere en los EE UU, país te cuenta con una de las tasas de desempleo más bajas de los últimos 20 años. Pero la Historia no recordará las mentiras y falacias de los líderes políticos a lo largo de las campañas electorales, sólo quedarán los resultados.

Los procesos electorales están quedando en entredicho. El populismo, filtraciones periodísticas interesadas unidas a la falta de información contrastada o el desinterés de la población por la política, están haciendo de nuestro sistema democrático una suerte de mercado de votos sin pies ni cabeza. Los economistas alertan de la creciente influencia de líderes populistas, como la ultraderecha en Francia o la extrema izquierda en España. De lo que hablamos poco es de cómo está afectando esta deriva antidemocrática a Occidente.