El balance necesario

A pesar de que desde abril de este año, mes y medio después del inicio de los efectos de la pandemia, ya se hablaba de una negociación con el FMI para la obtención de un crédito blando, no es hasta mediados de septiembre que el Gobierno de Costa Rica anuncia su propuesta de negociación con el organismo internacional. Para sorpresa de propios y extraños, las condiciones se basan en una reforma fiscal en busca de nuevos ingresos para el Estado, tan sólo 15 meses después de la entrada en vigor de la reforma anterior. Una ley tributaria que creaba nuevos impuestos e incrementaba otros. 

En 2018 la sociedad civil, encabezada por el sector privado, comprendió la necesidad de esta reforma, si bien desde el primer momento el apoyo contenía un importante mensaje para el Gobierno de Carlos Alvarado: el balance a la mayor presión fiscal debía ser un ajuste del aparato estatal. Sin embargo, este ajuste nunca llegó. Como tampoco llegaron medidas de reactivación económica que redujeran el impacto en el empleo que supusieron nuevos impuestos en una economía estancada. No parece que nuestros gobernantes hayan aprendido la lección.

 

Resulta evidente que esta propuesta gubernamental busca romper de forma definitiva aquel pacto tácito de 2018, así como el acuerdo político firmado por Carlos Alvarado y Rodolfo Piza, denominado Acuerdo Nacional, que muchos respaldamos y que un año después se convirtió en papel mojado. Las evidencias son contundentes y ya la maquinaria de los depredadores del presupuesto público está en marcha. Dos son los mensajes perversos que se están lanzando desde el depredador insaciable de recursos en que se ha convertido el Estado costarricense.

 

El primero es la amenaza clara y contundente que llega desde las filas de esa academia estatal elitista, sesgada y todopoderosa contra el principal generador de empleo privado de Costa Rica: las zonas francas. Ya las redes sociales arden contra el régimen fiscal de las zonas francas y la presión será mayor en los próximos días. Se trata de una suerte de chantaje brutal contra el sector privado, principalmente contra las decenas de miles de costarricenses que se desempeñan profesionalmente en las zonas francas. “O aceptas el nuevo paquete de impuestos o iré contra las zonas francas”, es el mensaje claro que los mamporreros de los que quieren mantener sus privilegios -hoy en el poder- nos están enviando.

 

El segundo mensaje consiste en culpar al sector privado de ser consistentemente evasor de impuestos. La Contraloría de la República hizo público en estos días un informe -¿casualidad?- acerca de la incapacidad del Ministerio de Hacienda para recaudar los impuestos existentes y señala una serie de falencias en los sistemas de control tributario. Este informe es troceado, interpretado, manoseado de forma partidaria para señalar que la culpa de dicha incapacidad es de los evasores, no del que debería controlar o, sencillamente, cobrar a los sujetos pasivos de los impuestos. La trágica noticia es que hasta en una parte del sector empresarial se aplaude dicha interpretación y se entona el mea culpa.

 

Ante este panorama el sector privado, de nuevo, se divide. Ya se oyen voces hablando de “balancear” la voracidad fiscal del Gobierno Alvarado. Algunos, quizá con irrisorias aspiraciones electorales, creen que este nuevo zarpazo a la creación de empleo y la inversión, les dejaría unas arcas estatales menos depauperadas en un hipotético -y muy remoto- triunfo en 2022. Otros ya han comprado las amenazas y prefieren que se hable de impuestos que no les afectan tanto antes de que les toquen el bolsillo por otro lado, al fin y al cabo siempre hay ganadores y perdedores.

 

Pero aquí el único balance que cabe es el de cumplir con el acuerdo de 2018: ajustar las finanzas públicas agrupando o eliminando instituciones, vendiendo activos que no cumplen ninguna función social o ajustando gasto público en donde menos afecte a la inversión pública. Cualquier otra propuesta que no empiece por un plan de choque de ajuste del gasto público resulta a todas luces inadmisible por parte de los que acordaron soportar el resultado de la reforma fiscal de 2018.

Como no puedo hablar del Covid, hablo de números

No voy a hablar del coronavirus, no me está permitido. Ya el pueblo decidió que no tengo autoridad para hacerlo. No tengo un postgrado en epidemiología en la UNA, ni estudios en la materia que me acrediten como experto, así que no hablaré. El presidente Alvarado parece que leyó -o le contaron- un artículo de Tomás Pueyo, por cierto del 19 de marzo de 2020, titulado El martillo y el baile y nos lo narran en cadena pública a diario, con desparpajo, como el que cuenta una anécdota. Entre el artículo y los conocimientos del Ministro de la Cosa, aquí nadie puede opinar sobre pandemias. 

 

Se le conoce como falacia de autoridad y está causando estragos, no sólo en Costa Rica. En España, un tipo que el 30 de enero dijo que España tendría apenas un caso suelto, se convirtió en el que manejó la crisis del coronavirus. El resultado ya lo conocemos 28.000 muertos oficiales y otros 16.000 que, según el experto, pudieron morir “en un accidente de tráfico enorme” en pleno confinamiento. Pero son los que saben, así que calladito más bonito. Cuando las cosas se tuercen salen sus palmeros diciendo “nadie tenía un manual para la pandemia”, ni yo un cargo de ministro.

 

Por suerte de números sí nos dejan hablar, pero con cuidado, no vaya a ser que no coincidan con las verdades universales que nos cuentan en cadena pública nacional a diario. ¿Pero esos no son epidemiólogos y expertos en salud? -se preguntarán. La respuesta es que ya trascendieron sus conocimientos académicos y ahora son semidioses que toman agua embotellada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), disponible sólo para las mentes privilegiadas de Zapote.

 

La cuestión es que este humilde economista hace números. Veamos, según los informes del Ministro de Seguridad Pública, entre el lunes y el miércoles de esta semana se han producido 1.700 denuncias al 911 relacionadas con “fiestas y otros comportamientos contrarios a las restricciones sanitarias”. Digamos que sólo la mitad eran fiestas, es decir, 850 fiestas privadas. Consideremos que “fiesta” es una actividad con una media de 20 personas (habrá fiestas de 10 y fiestas de 30), es decir, 17.000 personas estuvieron de fiesta entre el lunes y el miércoles en Costa Rica. Somos muy fiesteros.

 

En plena restricción vehicular, porque no hay taxis para movilizar a tanta gente, quiere decir que, si la mitad iban en su carro, a dos personas por carro, se desplazaron 4.250 vehículos. Debemos preguntarnos: ¿cuántas multas se pusieron por incumplir la restricción vehicular en esos días? Según indica algún diario fueron 484. Primer dato 4.250 contra 484, infiriendo que todos multados iban o venían de fiestas.

 

Pero ahondemos un poco más en los números que nos ofrecen a diario. El gran problema, según los que saben oficialmente del Covid-19, son las fiestas, especialmente los baby showers. A raíz de un té de canastilla se infectaron 21 de las personas que asistieron, los números luego cambiaron porque fue una celebración móvil, pero eso no importa, detalles, ¡bah!. La cuestión es que el riesgo es muy grande. Fijénse en los datos. Si entre lunes y miércoles hubo 17.000 personas de fiesta -de acuerdo con las 1.700 denuncias-, quiere decir que en los últimos siete días, sin contar con el factor fin de semana, unos 39.700 costarricenses estuvieron en fiestas. 

 

Digamos que sólo un 20 por ciento de los desalmados fiesteros se contagiaron en esas arriesgadas -sino suicidas- actividades sociales, entonces podemos pensar que unas 8.000 personas saldrán positivas por Covid-19 entre esta semana y la próxima. Eso sin contar con el factor de contagio comunitario que se calcula en 4 por cada infectado, o sea, 32.000 infectados en unos días. Si lo multiplicamos por 4 semanas ya tenemos 128.000 y, como es “exponencial”, tal y como dicen a diario mientras toman agua embotellada del AyA, podríamos pensar que en septiembre el Covid-19 ya estuvo en el 50 por ciento de la población.

Ahí llega la pregunta para los sabios: ¿qué sucedió entre el 8 de marzo y el 3 de junio, lapso de tiempo en el que los casos estuvieron bajo control? ¿no hubo fiestas? ¿no hubo baby showers? ¿no había gente que tomaba cerveza en la puerta de la pulpería?. Algo no cuadra en ese eslogan “Fiesta que veo fiesta que sapeo”. ¿Será que no hay tantas “fiestas”? ¿Será que hemos generado un mecanismo de odio y revanchismo contra el vecino que escucha música y toma cerveza en el balcón? ¿Será que no son tan peligrosas las “fiestas”?

 

Hoy, los que saben, nos sacan otro dato interesante: “A este paso en agosto habrá 360 personas en camas UCI”. Asusta, ¿eh? Veamos, de los 8.986 casos detectados al 15 de julio, 7.881 se produjeron desde el 3 de junio, es decir, en unos 40 días. Los casos se multiplicaron por siete, pero los hospitalizados en UCI sólo por dos. Para multiplicar por 10 los internados en UCI como están suponiendo en un mes, los casos se deberían multiplicar por 35. Con estas cifras llegaríamos a 314.000 casos. 

 

Hagamos otro número menos alegre y basado en los datos que tenemos desde que empezó la pandemia. Aproximadamente un 2 por ciento de los infectados detectados son hospitalizados y de esos un 12 por ciento pasan por la UCI. Para llegar a 360 personas en UCI los casos serían 150.000, en otras palabras, 15,8 veces el número actual de contagios en un mes. ¿Cómo lo ven? ¿Factible?

 

A pesar lo que pueda pensar el lector, yo no soy negacionista de los riesgos del virus y tomo muy en serio las recomendaciones (mascarilla, burbuja, etc). Tampoco soy un talibán de los que van señalando con el dedo a cualquiera que desacata los consejos diarios de los ministros. Creo que hay que ser prudente, sin caer en el pánico recomendado diariamente, ni en el intento claro de señalar a la población por el manejo de la crisis. Los responsables políticos, cuando les escribían loas en los medios internacionales y ahora que están enfrentando la verdadera pandemia que parecía no ir con ellos durante tres meses, son los únicos que deben rendir cuentas. Para lo bueno y para lo malo.

 

PD. Gracias a mi amigo Pepe por la serie de datos sobre el Covid-19 en Costa Rica.

La nueva anormalidad costarricense

Hablan los noticieros de que hicieron una fiesta en un “lujoso” condominio en Escazú el sábado. Un crimen de lesa humanidad sin duda. Ahí está el video, tomado por un vecino solitario y preocupado. Antes lo denominaban sapazo, pero ahora está bien visto. El Gobierno no descarta la creación de brigadas patrióticas para vigilar el comportamiento de los vecinos, al tiempo.

-       Papá, ¿tú nunca haces fiestas así? -le pregunta Roberto a su padre después de grabar y publicar la intimidad sus vecinos en un área privada.

-       No hijo, con esto del Covid no se pueden hacer fiestas -contesta el padre.

-       Bueno papá, antes de la pandemia tampoco hacías fiestas…

-       Es que a tu madre y a mí no nos gustan mucho las fiestas -decreta el progenitor para zanjar la conversación.

-       Por cierto, me das cinco mil pesos para pagar el glovo. Me pedí una pizza porque mamá no tenía ganas de cocinar y se fue a Multiplaza a comprar no sé qué.

     Los del Ministerio de Salud no pudieron entrar al condominio a recetar multas, que es lo que les pone, el glovo del videoaficionado sí, lo normal.

     Daniel Salas, Ministro de la Cosa, explica en la cadena pública diaria que hacer fiestas es malo, que va en contra de la nueva anormalidad y que hay que denunciar a los fiesteros y a los que hacen tés de canastilla, que son los nuevos forajidos. A renglón seguido anuncia que a partir del sábado hay que llevar mascarilla en el bus, que el bicho se compromete desde el lunes hasta el fin de semana a no atacar al personal en transporte público, aunque no lleven cubrebocas. Los buses son fiestas rodantes con 30 pasajeros, pero no salen en los noticieros, quizá porque no son “lujosos” o porque no hay música, ni tragos, ni vecinos de las brigadas patrióticas, vigilantes y amargados.

     Un helicóptero de la fuerza pública sobrevuela Tamarindo y sus alrededores buscando gente que pueda estar inclumpliendo las recomendaciones del régimen. Nos pasa por encima tres veces mientras estamos en la piscina del condominio para cerciorarse de que somos burbuja social, es decir, familia. Sin duda las rupturas de burbujas sociales son el primer problema del país en pleno estado de alarma por la pandemia. La frontera Norte es un mal menor, no hacen falta helicópteros de vigilancia por allí, en esa zona no hacen fiestas y menos en condominios "lujosos". 

     El Gobierno dice que es malo pasear por los parques y las playas, que se acumula mucha gente y tal. Es como ver a la Gestapo en las películas de nazis, ven un grupo de más de dos personas y se acercan a ordenarles “¡Dispérsense, dispérsense!”. El otro día los de la nueva Gestapo covidiana me sacaron de un parque cuando entré a retirar los excrementos de mi perro, me jugué la multa, pero dudé entre la multa por la caca del perro o la de entrar a un parque público. Hay que ser muy cauto en estos días de Covid-19 y Gestapo con gafas de Clark Kent.

     Uno ya no sabe si ir a un restaurante es bueno o es malo. La cuestión es que están abiertos -lo cual me alegra mucho- y allí sí se puede tomar con los amigos sin tanta complicación. Igual podemos pasear por un centro comercial sin mayor problema, pero jamás por un parque o una playa. En un centro comercial caben unas cinco mil personas, a diez metros cuadrados por alma. En el Parque Metropolitano de la Sabana el riesgo es mayor, ¡dónde va a parar!.

     Lo más importante de todo es no hacer muchos planes. De repente hoy te ponen el barrio en alerta naranja, te cierran dos carreteras o te dicen que tienes que andar con mascarilla al café de la esquina, los autobuses se conoce que aún tienen bula covidiana. Por lo menos en el café te puedes quitar el cubrebocas “para consumir”, dice Salas, Ministro de la Cosa, que es el que sabe del asunto. Faltaría más. 

La otra pandemia

Vivimos tiempos convulsos de pandemia, cuarentena, alejamiento social y otros males, quizá el peor sea el que nos ofrecen diariamente todos los medios: las estadísticas. Casos diarios, muertos diarios, recuperados diarios, etc. Como siempre los datos sueltos y aislados no significan mucho. A este respecto, a los interesados en la raíz profunda de la estadística popular, voy a recomendar la lectura de El tigre que no está. Un paseo por la jungla de la estadística, de Michael Blastland y Andrew Dilnot, Turner 2009. Así, en Costa Rica, vemos con cierto grado de tranquilidad, cuando no de satisfacción, la lenta escalada de la pandemia. Sin embargo, a las estadísticas diarias o acumuladas de parte, hay que meterlas en ciertos contextos: el primero el del volumen de pruebas realizadas. Un dato que los propios responsables políticos han relegado a la insignificancia para no alarmar. En Costa Rica se han realizado 1.053 pruebas por cada millón de habitantes desde que inició la crisis. Panamá ha hecho 2.386, Chile 3.156 y Uruguay 1.550 test por cada millón de personas. El dato es relevante.

La cuestión es que se toman datos se dividen por otros y se comparan. Costa Rica es el país con menos muertos por afectados por coronavirus del mundo. Un dato estadístico como si decimos que Corea del Sur es el país que tiene menos muertos por test realizados. Cada país ha tomado medidas diferentes ante la situación. Desde la negación de España hasta el 15 de marzo, con 196 muertos en las morgues, hasta la extrema cautela de Israel, cerrando fronteras a finales de febrero.

Lo que preocupa es que estos datos, pensemos que creíbles y positivos, están generando un discurso con un importante peligro para el futuro del país. Hablo del discurso de la “épica del 48” -o la del 49, según el autor-, por el que estos datos y sus estadísticas (de parte) son el fiel reflejo de un modelo de Estado paternalista, protector, bienhechor, con una “mísitica” -palabro que gusta mucho pronunciar a Román Macaya- única de esforzadas  mujeres y hombres, funcionarias y funcionarios, luchadoras y luchadores, ¡oh!. La arenga, la narrativa épica, el relato heroico es necesario sin duda para levantar el ánimo de la población, recluida en casa y llena de incertidumbres.

Lo importante es que detrás de esas mujeres y hombres que están dando más de lo que se les pidió -personal sanitario, policías, transportistas, empleados de comercio y restaurantes, públicos y privados-, a los que aplaudimos cada noche escuchando el himno nacional en mi barrio, pretenden esconderse otros cuyo único mérito es recibir un salario público y garantizado. No son pocos los que están cayendo en el error de creer en esa epopeya del Estado maravilloso que, sufragado con impuestos, tasas y contribuciones, está respondiendo ante una crisis sanitaria nunca vista. Sí, la sanidad, la educación, las seguridad y la justicias públicas son irremplazables, pero no sumemos a esos servicios la inmensidad de un Estado anquilosado y monstruoso.

No, no escuchemos esos cantos de sirena de que toda la estructura estatal es la salvadora de una situación límite. Estamos hablando del encomiable trabajo de una serie de trabajadores amparados por lo público, pero sufragrados desde lo privado. No, no pongamos en la misma balanza a cualquiera que percibe un salario bajo unas siglas, ahora consideradas intocables. Recordemos que miles de ciudadanos, que pagan por este servicio la contribucion legal establecida, tienen que recurrir de forma habitual a servicios de sanidad privados para evitar largas listas de espera, en ocasiones con resultados catastróficos.

Tampoco dejemos de lado que Costa Rica ya cuenta con un Estado enorme, desproporcionado, con salarios muy superiores a los del sector privado, duplicidad de funciones e ineficiencias por doquier. No olvidemos que ya en 2008-2009 sufrimos la epidemia de vanagloriar lo público, que generó miles de nuevos funcionarios y grandes incrementos salariales que seguimos pagando por la vía de la deuda pública, hoy con categoría de bono basura. Aún perdura en mi memoria -y en la hemeroteca- aquel artículo del entonces presidente del BCCR, Francisco de Paula Gutiérrez, que insistía en que la crisis de 2008 no iba a afectar a Costa Rica. Luego llegó el Gobierno de Oscar Arias a inflar el Estado para que, en efecto, la crisis pasara de puntillas por aquí, ya la pagarían otros.

Hoy Costa Rica se aboca a una crisis económica importante, quizá no tan larga como pronostican algunos. La cuestión es que es una crisis que nos agarra saliendo de otra, de una pronunciada crisis fiscal aún sin resolver por la falta de medidas de ajuste y de reformas estructurales, más allá de una reforma fiscal. Sería dramático que ésta crisis sanitaria desembocara, merced a una trasnochada épica estatista, en una pandemia política y social irreparable. Una situación en la que olvidemos que es el sector privado el que genera la inmensa mayoría del empleo en nuestra economía. Un escenario en el que demos prioridad a un Estado fuerte pero con claras prioridades: salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura. Un Estado eficaz y eficiente que pueda hacer frente a nuevas crisis, pero también a proveer de iguales oportunidades a todos sus ciudadanos.

Valores, no derechos

En ocasiones se producen acontecimientos que ponen a prueba la solidez de una sociedad. Estos meses, desde que iniciara la huelga de los sindicatos del sector público, venimos viviendo una de esas situaciones. Por fortuna, la sociedad en general respondió con solidez. No obstante, se puso de manifiesto la descomposición de los valores de una parte importante de la Administración Pública costarricense.

Decenas de miles de funcionarios públicos dejan claro que su conciencia como ciudadanos es nula. Que lo único que les interesa es recibir un salario –seguro- a fin de mes, sin importar la función pública para la que se postularon en su momento. Esos servicios públicos y esenciales que se jactan defender en sus alegatos, no les interesan en lo más mínimo.

Cientos de miles de escolares perdieron un trimestre completo de educación gracias a los que pasean banderas arrogándose la postestad de hablar en nombre del pueblo. ¿Acaso los escolares a los que afectan no son hijos del pueblo costarricense?. ¿No va en contra del pueblo dejar sin el derecho a la educación a infinidad de niños?. 

Centenares de cirujías se suspendieron, algunos niños no pudieron recibir su sesión de quimioterapia o ser intervenidos para ser curados, a pesar de que sus padres pagan todos los meses su cuota obrera a la Caja Costarricense del Seguro Social. Amenazantes y altaneros se les veía a los empleados en la puerta de los hospitales, aunque otros aprovecharon para salir de vacaciones sin el menor recato, mientras el Pueblo no podía acceder a los servicios esenciales.

Miles de casos o trámites judiciales quedaron empantanados gracias al paro indiscriminado e irresponsable de los funcionarios de los juzgados. Por cierto que sus máximos jerarcas, por el camino, decretaron que sus retribuciones no pueden ser ajustadas por el resto de los poderes de la República. Como si el presupuesto del Poder Judicial procediera de sus propios recursos.

En este mismo sentido las universidades estatales, aprovechando la oleada populista sindical, decretaron que su independencia administrativa es también territorial y que sus recursos no son susceptibles de revisión o supervisión por parte del Estado. Lo más curioso fue ver a una supuesta estudiante de origen cubano defender la extraterritorialidad de la UCR, hecho este que causaría tremenda hilaridad en las autoridades de su país de origen.

En definitiva, estos sucesos han venido a dejar claro que el servicio público en Costa Rica está plagado de personas que no tienen ninguna vocación profesional. Que su presunto patriotismo no es más que una excusa para dejar a los ciudadanos sin los servicios esenciales para los que fueron contratados. 

Una situación que tiene que llevarnos a reflexionar acerca de cómo revertir esta falta de conciencia. ¿Cómo hemos llegado a este escenario tan desbalanceada?. ¿Qué medidas debemos tomar, representantes políticos y sociedad civil, para dar vuelta a este sinsentido de Estado de Derecho fallido?. En mi opinión, lejos de buscar culpables o recurrir a la retórica de la limpieza, hemos de encontrar una conciencia compartida como sociedad. Quizá haya llegado el momento de desterrar el falso patriotismo de los derechos sagrados y comenzar a pensar en valores compartidos.

Derechos sagrados

Tienen siempre los himnos algo de épico en sus letras: “Nuestro brazo nervudo y pujante contra el déspota inicuo opresor”, reza el himno patriótico del 15 de septiembre costarricense, escrito por el español Juan Fernández Ferraz. Al fin y al cabo de eso se trata, de ensalzar de forma exacerbada los valores del país al que se dedica el cántico, o de crear un enemigo común, aunque sea irreal. Muchos de esos himnos fueron creados precisamente para generar un imaginario común de Estado.

Ese imaginario creado a finales del siglo XIX en Costa Rica aún sigue vigente -por suerte-, si bien es manoseado hasta el punto de perder, no ya su esencia, sino cualquier atisbo de valor patriótico. 

Hace unos días un grupo de manifestantes coreaban el único verso que les interesaba de ese mismo himno: “… derechos sagrados la Patria nos da”. Apostados al frente de la Asamblea Legislativa empujaban a la policía, a la cual lanzaban botellas, palos y monedas con el fin de asaltar el edificio del Primer Poder de la República. La Patria otorga derechos nada menos que sagrados para insultar, agredir y coaccionar a la autoridad legalmente establecida. 

Esa misma noche un grupo de jóvenes cortaban el libre tránsito en San Pedro de Montes de Oca, a pocos metros de la Universidad de Costa Rica. Al intentar ser disueltos por la policía, con los rostros cubiertos, comenzaron a lanzar todo tipo de objetos a las fuerzas de seguridad. Con la llegada del cuerpo antimotines, los delincuentes huyen a refugiarse dentro del recinto universitario. Un lugar al que los asaltantes y sus defensores atribuyen la misma categoría jurídica de una embajada extranjera. 

Esos derechos sagrados se los atribuyen los supuestos estudiantes agresores gracias a la autonomía administrativa de las universidades públicas. Una inmunidad legal emanada de ese transfigurado imaginario patriótico. 

En esta ocasión el mismísimo Presidente de la República reconoce los derechos sagrados tras la llamada de su mentor político, Alberto Salom, rector de la UNA y uno de los funcionarios mejor pagados de este país. Quedamos advertidos el resto de los ciudadanos: los estudiantes de las universidades públicas tienen más derechos sagrados que cualquier otro. Derechos incluso para delinquir sin posibilidad de detención por las autoridades.

En estos tiempos convulsos la atribución de derechos sagradosemanados de un himno decimonónico es el único valor seguro. El refugio al que se acoge cualquiera que, con un poco de agilidad mental, pretenda imponerse en una sociedad en la que la impunidad es la moneda de cambio de la sociedad.  Bien sea para cortar calles, para destruir bienes públicos, apedrear a policías o tomar el camino corto.

Un valor tan seguro que incluso es avalado por la crema de la intelectualidad patria -parafraseando a Sabina-. Ahí los tienen desde sus púlpitos bañados de pluses salariales y beneficios sociales, el súmmum de los derechos sagradosque defienden en las calles menos de 4,000 sindicalistas. Hablan de equidad tributaria mientras se embolsan salarios de siete dígitos sin el menor reparo.

No hace falta ser muy avispado para darse cuenta de que cualquier ciudadano quiere tener su cuota de derechos sagrados. Si ellos cortan calles sin el menor atisbo de pagar las consecuencias, ¿por qué no voy yo a tirar la basura en medio de la calle?, ¿por qué no voy yo a saltarme un semáforo en rojo?, ¿quién me va a impedir buscar mi beneficio personal en medio de esta situación?. Al fin y al cabo derechos sagrados la Patria nos da.

Claro que lo que nadie canta es esa otra parte del himno: “… a los ruines esbirros espante que prefieren el ocio al honor”.

100 días menos

Los que saben de mercadeo dicen que la satisfacción de un cliente es inversamente proporcional a las expectativas creadas. Dicho de otra forma, más expectativas suponen una mayor dificultad para lograr la satisfacción de un cliente. En política sucede igual. Tenía lógica que PAC de Carlos Alvarado elevara las expectativas de los votantes para lograr la victoria del primero de abril. En eso consisten las campañas, también las políticas. Pero Alvarado redobló la apuesta con la victoria disparando aún más el nivel de las expectativas.

La formación de un gabinete de alto nivel político, escenificando así ese Gobierno de Unidad Nacional, logró el efecto deseado. El líder de la Unidad Social Cristiana, la líder del Frente Amplio, destacadas figuras de Liberación Nacional, empresarios como André Garnier o figuras independientes como Edgar Altamirano, pusieron por las nubes las expectativas acerca de la ejecución del ejecutivo de Carlos Alvarado y Claudia Dobles. Las reuniones posteriores con diferentes sectores económicos y sociales concretaron esas expectativas: apertura total para escuchar propuestas… café para todos.

Algunos se percataron enseguida de que la segunda línea del gabinete se llenaba de personajes sin relevancia política o profesional alguna.Pegabanderas de turno, al más puro estilo liberacionista y continuación de lo visto durante la desastrosa Administración Solís. Alvarado y Dobles no quieren perder el control y menos aún el protagonismo. Pero es precisamente la segunda línea la que puede ejecutar programas más allá del discurso. Todos sabemos que la administración pública costarricense está llena de funcionarios con gran capacidad para bloquear iniciativas o entorpecer la ejecucion de propuestas gubernamentales. Sin líderes capaces nada va a suceder más allá del discurso, del ruido.

Comités, grupos de análisis, de expertos, de sabios, nada nuevo bajo el sol. Moverse, hacer por hacer, reunirse en torno a ideas, ocurrencias y propuestas sin planes concretos para su ejecución. Así se resumen estos 100 días de milenialismo y expectativas. Nada sucedió. 

Volvemos a las excusas clásicas: es poco tiempo, la Asamblea está muy fraccionada, el Gobierno anterior dejó una situación pésima... Pero la realidad es que con excusas no se gobierna y la promesa de campaña de Alvarado de gobernar a base de decretos, si fuese necesario, está muy lejos de cumplirse. ¿Alianzas complicadas?. Las que ya conocía para poder lograr la victoria. ¿Un PAC fraccionado y débil?. Algo que no sorprende a nadie y que más bien le genera más posibilidad de liderazgo al Presidente, lo cual no está aprovechando.

Y lo peor es que si en estos días de popularidad arrolladora del tándem Alvarado-Dobles no se ha logrado más que elevar las expectativas sin tomar ni una sola medida contundente contra los problemas tan serios que afectan al país, poco podemos esperar de los 1.360 que quedan. Suena duro, pero es la realidad de la política patria: elecciones municipales en un año y meses después empezará el baile de pre-candidatos. 

Reflexiones sobre esta campaña... y sobre la Costa Rica del futuro

A estas alturas de la campaña electoral de la segunda ronda o balotaje por la presidencia de Costa Rica, ha llegado el momento de mirar atrás y comprobar los aprendizajes adquiridos durante el proceso.

Para empezar me encuentro estrenando títulos: “socialista”, “comunista” o “chavista”. Son algunos de los pretendidos insultos que he recibido de propios y extraños por apoyar la coalición Rodolfo Piza-Carlos Alvarado. En realidad siempre resulta fácil etiquetar al que no piensa como uno para no tener que ahondar en argumentos. “Si apoyas al PAC eres comunista”, resulta irrefutable. Eso sí, mucho ojo con definir a Fabricio Alvarado como candidato pentecostal, entonces estás “insultando".

Esto me ha mostrado la piel tan fina que tienen las personas cuando se quedan sin argumentos. Enseguida echan mano del sentimiento de ofensa para, de nuevo, abandonar el camino de la argumentación. Se ofenden si les recuerdas el origen pentecostal de su nuevo líder, pero olvidan fácilmente de que te llamaron “chavista” al iniciar la conversación.

Por otro lado a estas alturas de la campaña hago un poco de reflexión más allá del fragor de la batalla, hoy tan intensificada gracias a las redes sociales. Un análisis en la línea del que cerraba hoy el artículo de mi buen amigo Eli Feinzaig en el Semanario Universidad, con respecto al daño a la convivencia que pueda producirse a raíz del fuerte antagonismo vivido en la campaña. No obstante mi reflexión no lleva al mismo lugar. No creo que la sangre llegue al río, por mucho que hayamos visto –por primera vez para mi- una separación absoluta en el alineamiento político de las clases más pudientes del país. En esta ocasión no era TLC sí ó sí, ni Frente Amplio no o no, la clase alta se fragmentó.

Esta ruptura me lleva a pensar que existe una doble vía en la evolución de Costa Rica hacia el futuro. El camino de los que piensan que una economía boyante es suficiente para sacar adelante al país y el de los que buscan un modelo que equilibre lo económico con lo social. El modelo estadounidense frente al modelo europeo, si queremos simplificarlo al máximo.

He insistido mucho en estos días en que la senda del crecimiento económico en Costa Rica, no puede ir separada de los avances en libertades civiles en los que somos un referente mundial. Más aún cuando el país abandonó, años ha, la etiqueta del subdesarrollo para insertarse en la de renta media. Costa Rica en el mundo es admirada por no tener ejército, por su respeto al medioambiente y por contar con personas muy capacitadas, entre otros.

Es innegable que, a pesar de la mala situación de las finanzas del Estado, merced a 10 años de políticas expansivas del gasto público, el potencial económico de Costa Rica es muy alto. Precisamente lo es en este mundo globalizado de la economía de la información, en la que la alta cualificación de las personas está por encima de la mano de obra barata.

No podemos mirar hacia otro lado y pensar que ese mundo que hoy nos admira, seguirá volviendo sus ojos hacia una Costa Rica menguada en derechos civiles, una Costa Rica reaccionaria, una Costa Rica con su capital humano mermado en su libertad. Resulta impensable que en un mundo interconectado podamos darnos el lujo de recortar derechos o revisar nuestra participación en foros internacionales de Derechos Humanos. ¿Qué harían en esa situación las multinacionales que cada año depositan su confianza en Costa Rica como centro de operación regional?.

Hay mucho trabajo por hacer para continuar en el camino del desarrollo humano de todo un pueblo. Sinceramente creo que ese trabajo sólo se puede acometer desde la unidad en torno a un proyecto común basado en la libertad.

Se acabó la fiesta

Han sido tres años y medio de intensa campaña electoral. Por supuesto, en el tramo final el Gobierno del cambio no nos iba a decepcionar y ha redoblado sus esfuerzos por ocultar la realidad de las finanzas públicas, la inseguridad ciudadana y la corrupción que son los factores que más importan a la población. Según las encuestas. Unas encuestas que no tienen credibilidad algunas, gracias a los propios encuestados que mienten o prefieren patear el balde y decir que son indecisos.

A juzgar por las últimas apariciones de Luis Guillermo Solís en redes sociales, a razón de seis posteos diarios -la mayor cobertura jamás vista acerca de las actividades de un funcionario que pareciera no haber pisado Zapote desde que compareciera a cuenta del escándalo del cementazo-, vivimos en una suerte de El Dorado en el que el dinero público fluye cual maná alimentando al pueblo de Israel en el desierto. En paralelo nos cuenta el Ministro de Hacienda que “hemos hecho todo lo posible para reducir el déficit público”, pero el dato es demoledor: 6.2% del PIB es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado en el último año de la Administración Solís.

Parece que el maná no viene del cielo, sino que se transfigura en deuda pública, cuando no en problemas de liquidez, como el anunciado por el propio Solís en agosto del pasado año. Demasidas personas no entienden cómo esto puede afectarles y se dejan llevar por los disfraces presidenciales, los cortes de cinta del avance del 35 por ciento de una rotonda o el folclor local –y bananero- que rodea las incesantes giras de El Presi.

Tres años de más madera en el gasto público han deshecho los efectos de la bonanza económica. La mayor recaudación fiscal no se tradujo en superávit o equilibrio, sino en déficit por la glotonería de una Administración que gasta a manos llenas. Subidas salariales por encima del sector privado, incremento de los presupuestos de las instituciones autónomas y un despligue de transparencia en forma de propaganda nunca antes visto, han sido claves para desequilibrar el presupuesto estatal.

Las señales no pueden ser peores. La caída de la confianza de la deuda tica en los mercados es más que evidente y las tasas ya se sienten en la economía, que comienza a desacelerarse. Además la deuda pública creciente requiere más y más recursos de los mercados de deuda, con la subida de tasas que implica. Mayores tasas suponen menos crédito para el sector privado. Dificultades para el acceso al crédito de las empresas y las familias, que empeoran por la situación en la que los escándalos vividos por los bancos estatales durante esta Administración.

Este empeoramiento de la situación económica ya se traduce en menor consumo privado. Las ventas de carros, por ejemplo, cayeron en 2017 un 13 por ciento. La contracción económica acecha y la única receta que tiene el PAC es subir los impuestos. Una subida que generará aún más problemas para la economía productiva, mientras el Estado continúa en su senda de derroche.

La peor parte de esta historia que nos oculta la incesante Ruta de la Alegría es que todo este despilfarro estatal no se traduce en mejores servicios para los ciudadanos. El transporte público sigue anquilosado en un modelo de los ochenta, la educación no universitaria pública sufre un abandono absoluto, las listas de espera de la Caja son inauditas y las mafias del narcotráfico campan por Costa Rica a su antojo. Tampoco los índices de corrupción son menores, como prometió el PAC durante toda la campaña que les dio la victoria en 2014.

La fiesta se acaba y ahora toca limpiar los estragos que dejan cuatro años de insensatez en el gasto. Eso sí, con mucho color y todo publicado en Facebook.

Esto era el cambio. Una reflexión pre-electoral para Costa Rica.

Nadie puede negar que Luis Guillermo Solís (LGS) está cumpliendo a cabalidad con su promesa de establecer el Gobierno del Cambio en Costa Rica. El cambio ha sido más que evidente, sobre todo en la forma de ejercer la máxima autoridad del país durante estos casi cuatro años.

Para empezar LGS cambió a todos los cargos de relevancia en todas las instuciones, empresas y organismos del Estado. No quedaron al margen los bancos estatales, uno de ellos hoy quebrado bajo el mandato de algunos de sus más allegados colaboradores. Tampoco el ICE, hoy con un tremendo déficit en sus cuentas, las cuales no quiso hacer públicas LGS a pesar de su prometida transparencia. En paralelo también hemos vivido, gracias a las políticas de expansión del gasto público, cómo las tarifas de los servicios básicos incrementaron astronómicamente, a pesar de la promesa electoral contraria. Cambio sí, a peor.

Cambió también LGS a los jerarcas del MOPT, con su brazo armado el Conavi, o la piñata de la obra pública. No, no lo cerró, a pesar de su cacareado compromiso de cierre. Ahí cambió poco, sólo los jerarcas que, como los anteriores, hicieron de las suyas. Aún tenemos en la memoria la adjudicación de la construcción del edificio del MOPT con un cartel que sólo permitía presentarse a dos empresas.

En la DIS, que tampoco cerró, cambió a su director y puso a su íntimo amigo Mariano Figueres, el cual ya sabemos que también modificó algunas cosas sobre la forma de utilizar la inteligencia patria y, de paso, las visitas a Casa Presidencial. Pero el que más sabe de estos cambios es Juan Carlos Bolaños, hoy en prisión preventiva, que fue invitado de Zapote en numerosas ocasiones. La versión oficial es que lo hizo para “abrir el duopolio cementero”, lo cual nunca sucedió pero sí se enriquecieron unos cuantos de estos gobernantes del cambio.

Pocos recuerdan que el cambio también pasaba por el estado laico. Menos aún que el 6 de febrero de 2014, día de la primera ronda presidencial que llevó al poder a LGS, éste se encontraba en la Catedral Metropolitana. Había que rascar votos católicos el día E. En cualquier caso pocos cambios hemos visto en este tema. Si acaso la patada de los matrimonios homosexuales hacia la CIDH para no mojarse mucho. ¿Ha visto alguien algún movimiento del Gobierno del Cambio para hacer efectiva la sentencia?.

Pero el cambio más profundo se ha producido en la forma de interpretar el mandato popular por parte de LGS. La transparencia y la cercanía han consistido en convertir la Presidencia de la República en una suerte de espectáculo público diario. Miles de posteos en redes sociales, transmisiones en vivo a diario para dar a conocer cualquier avance de obra, videos propagandísticos varios, por no hablar del afán carnavalesco de LGS. Decenas de disfraces nos ha mostrado el mandatario: bombero, piloto, ingeniero, explorador, afrodescenciente y hasta imitador del comandante del Air Force One, con bomber y gorra, cada vez que el viento soplaba más fuerte de lo habitual.  No ha existido un gobierno más atento a las señales meteorológicas que el de LGS.

El resultado del cambio es un país fragmentado con un caldo de cultivo óptimo para el arribo de algún líder populista -¿acaso no hasido el de LGS un gobierno populista?-. Una Costa Rica en la que las redes sociales tienen más credibilidad de los debates en sede parlamentaria o los discursos bien argumentados. Un déficit fiscal galopante imposible de atajar sin una subida de impuestos y, en paralelo, un recorte importante de la estructura estatal, incrementada por el cambio de sillones.

A pocos días de las elecciones, los costarricenses se sienten confundidos ante la fragmentación del voto que auguran las encuestas. Los debates principales, que rentan votos al populismo, poco tienen que ver con la realidad de nuestro día a día como afanados trabajadores, profesionales o empresarios. Sin embargo, lo que parece necesario es un Gobierno que ofrezca estabilidad, medidas concretas, rigor presupuestario y que permita al país seguir avanzando para mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Medite bien su voto… y su futuro.