Como no puedo hablar del Covid, hablo de números

No voy a hablar del coronavirus, no me está permitido. Ya el pueblo decidió que no tengo autoridad para hacerlo. No tengo un postgrado en epidemiología en la UNA, ni estudios en la materia que me acrediten como experto, así que no hablaré. El presidente Alvarado parece que leyó -o le contaron- un artículo de Tomás Pueyo, por cierto del 19 de marzo de 2020, titulado El martillo y el baile y nos lo narran en cadena pública a diario, con desparpajo, como el que cuenta una anécdota. Entre el artículo y los conocimientos del Ministro de la Cosa, aquí nadie puede opinar sobre pandemias. 

 

Se le conoce como falacia de autoridad y está causando estragos, no sólo en Costa Rica. En España, un tipo que el 30 de enero dijo que España tendría apenas un caso suelto, se convirtió en el que manejó la crisis del coronavirus. El resultado ya lo conocemos 28.000 muertos oficiales y otros 16.000 que, según el experto, pudieron morir “en un accidente de tráfico enorme” en pleno confinamiento. Pero son los que saben, así que calladito más bonito. Cuando las cosas se tuercen salen sus palmeros diciendo “nadie tenía un manual para la pandemia”, ni yo un cargo de ministro.

 

Por suerte de números sí nos dejan hablar, pero con cuidado, no vaya a ser que no coincidan con las verdades universales que nos cuentan en cadena pública nacional a diario. ¿Pero esos no son epidemiólogos y expertos en salud? -se preguntarán. La respuesta es que ya trascendieron sus conocimientos académicos y ahora son semidioses que toman agua embotellada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), disponible sólo para las mentes privilegiadas de Zapote.

 

La cuestión es que este humilde economista hace números. Veamos, según los informes del Ministro de Seguridad Pública, entre el lunes y el miércoles de esta semana se han producido 1.700 denuncias al 911 relacionadas con “fiestas y otros comportamientos contrarios a las restricciones sanitarias”. Digamos que sólo la mitad eran fiestas, es decir, 850 fiestas privadas. Consideremos que “fiesta” es una actividad con una media de 20 personas (habrá fiestas de 10 y fiestas de 30), es decir, 17.000 personas estuvieron de fiesta entre el lunes y el miércoles en Costa Rica. Somos muy fiesteros.

 

En plena restricción vehicular, porque no hay taxis para movilizar a tanta gente, quiere decir que, si la mitad iban en su carro, a dos personas por carro, se desplazaron 4.250 vehículos. Debemos preguntarnos: ¿cuántas multas se pusieron por incumplir la restricción vehicular en esos días? Según indica algún diario fueron 484. Primer dato 4.250 contra 484, infiriendo que todos multados iban o venían de fiestas.

 

Pero ahondemos un poco más en los números que nos ofrecen a diario. El gran problema, según los que saben oficialmente del Covid-19, son las fiestas, especialmente los baby showers. A raíz de un té de canastilla se infectaron 21 de las personas que asistieron, los números luego cambiaron porque fue una celebración móvil, pero eso no importa, detalles, ¡bah!. La cuestión es que el riesgo es muy grande. Fijénse en los datos. Si entre lunes y miércoles hubo 17.000 personas de fiesta -de acuerdo con las 1.700 denuncias-, quiere decir que en los últimos siete días, sin contar con el factor fin de semana, unos 39.700 costarricenses estuvieron en fiestas. 

 

Digamos que sólo un 20 por ciento de los desalmados fiesteros se contagiaron en esas arriesgadas -sino suicidas- actividades sociales, entonces podemos pensar que unas 8.000 personas saldrán positivas por Covid-19 entre esta semana y la próxima. Eso sin contar con el factor de contagio comunitario que se calcula en 4 por cada infectado, o sea, 32.000 infectados en unos días. Si lo multiplicamos por 4 semanas ya tenemos 128.000 y, como es “exponencial”, tal y como dicen a diario mientras toman agua embotellada del AyA, podríamos pensar que en septiembre el Covid-19 ya estuvo en el 50 por ciento de la población.

Ahí llega la pregunta para los sabios: ¿qué sucedió entre el 8 de marzo y el 3 de junio, lapso de tiempo en el que los casos estuvieron bajo control? ¿no hubo fiestas? ¿no hubo baby showers? ¿no había gente que tomaba cerveza en la puerta de la pulpería?. Algo no cuadra en ese eslogan “Fiesta que veo fiesta que sapeo”. ¿Será que no hay tantas “fiestas”? ¿Será que hemos generado un mecanismo de odio y revanchismo contra el vecino que escucha música y toma cerveza en el balcón? ¿Será que no son tan peligrosas las “fiestas”?

 

Hoy, los que saben, nos sacan otro dato interesante: “A este paso en agosto habrá 360 personas en camas UCI”. Asusta, ¿eh? Veamos, de los 8.986 casos detectados al 15 de julio, 7.881 se produjeron desde el 3 de junio, es decir, en unos 40 días. Los casos se multiplicaron por siete, pero los hospitalizados en UCI sólo por dos. Para multiplicar por 10 los internados en UCI como están suponiendo en un mes, los casos se deberían multiplicar por 35. Con estas cifras llegaríamos a 314.000 casos. 

 

Hagamos otro número menos alegre y basado en los datos que tenemos desde que empezó la pandemia. Aproximadamente un 2 por ciento de los infectados detectados son hospitalizados y de esos un 12 por ciento pasan por la UCI. Para llegar a 360 personas en UCI los casos serían 150.000, en otras palabras, 15,8 veces el número actual de contagios en un mes. ¿Cómo lo ven? ¿Factible?

 

A pesar lo que pueda pensar el lector, yo no soy negacionista de los riesgos del virus y tomo muy en serio las recomendaciones (mascarilla, burbuja, etc). Tampoco soy un talibán de los que van señalando con el dedo a cualquiera que desacata los consejos diarios de los ministros. Creo que hay que ser prudente, sin caer en el pánico recomendado diariamente, ni en el intento claro de señalar a la población por el manejo de la crisis. Los responsables políticos, cuando les escribían loas en los medios internacionales y ahora que están enfrentando la verdadera pandemia que parecía no ir con ellos durante tres meses, son los únicos que deben rendir cuentas. Para lo bueno y para lo malo.

 

PD. Gracias a mi amigo Pepe por la serie de datos sobre el Covid-19 en Costa Rica.

Derechos sagrados

Tienen siempre los himnos algo de épico en sus letras: “Nuestro brazo nervudo y pujante contra el déspota inicuo opresor”, reza el himno patriótico del 15 de septiembre costarricense, escrito por el español Juan Fernández Ferraz. Al fin y al cabo de eso se trata, de ensalzar de forma exacerbada los valores del país al que se dedica el cántico, o de crear un enemigo común, aunque sea irreal. Muchos de esos himnos fueron creados precisamente para generar un imaginario común de Estado.

Ese imaginario creado a finales del siglo XIX en Costa Rica aún sigue vigente -por suerte-, si bien es manoseado hasta el punto de perder, no ya su esencia, sino cualquier atisbo de valor patriótico. 

Hace unos días un grupo de manifestantes coreaban el único verso que les interesaba de ese mismo himno: “… derechos sagrados la Patria nos da”. Apostados al frente de la Asamblea Legislativa empujaban a la policía, a la cual lanzaban botellas, palos y monedas con el fin de asaltar el edificio del Primer Poder de la República. La Patria otorga derechos nada menos que sagrados para insultar, agredir y coaccionar a la autoridad legalmente establecida. 

Esa misma noche un grupo de jóvenes cortaban el libre tránsito en San Pedro de Montes de Oca, a pocos metros de la Universidad de Costa Rica. Al intentar ser disueltos por la policía, con los rostros cubiertos, comenzaron a lanzar todo tipo de objetos a las fuerzas de seguridad. Con la llegada del cuerpo antimotines, los delincuentes huyen a refugiarse dentro del recinto universitario. Un lugar al que los asaltantes y sus defensores atribuyen la misma categoría jurídica de una embajada extranjera. 

Esos derechos sagrados se los atribuyen los supuestos estudiantes agresores gracias a la autonomía administrativa de las universidades públicas. Una inmunidad legal emanada de ese transfigurado imaginario patriótico. 

En esta ocasión el mismísimo Presidente de la República reconoce los derechos sagrados tras la llamada de su mentor político, Alberto Salom, rector de la UNA y uno de los funcionarios mejor pagados de este país. Quedamos advertidos el resto de los ciudadanos: los estudiantes de las universidades públicas tienen más derechos sagrados que cualquier otro. Derechos incluso para delinquir sin posibilidad de detención por las autoridades.

En estos tiempos convulsos la atribución de derechos sagradosemanados de un himno decimonónico es el único valor seguro. El refugio al que se acoge cualquiera que, con un poco de agilidad mental, pretenda imponerse en una sociedad en la que la impunidad es la moneda de cambio de la sociedad.  Bien sea para cortar calles, para destruir bienes públicos, apedrear a policías o tomar el camino corto.

Un valor tan seguro que incluso es avalado por la crema de la intelectualidad patria -parafraseando a Sabina-. Ahí los tienen desde sus púlpitos bañados de pluses salariales y beneficios sociales, el súmmum de los derechos sagradosque defienden en las calles menos de 4,000 sindicalistas. Hablan de equidad tributaria mientras se embolsan salarios de siete dígitos sin el menor reparo.

No hace falta ser muy avispado para darse cuenta de que cualquier ciudadano quiere tener su cuota de derechos sagrados. Si ellos cortan calles sin el menor atisbo de pagar las consecuencias, ¿por qué no voy yo a tirar la basura en medio de la calle?, ¿por qué no voy yo a saltarme un semáforo en rojo?, ¿quién me va a impedir buscar mi beneficio personal en medio de esta situación?. Al fin y al cabo derechos sagrados la Patria nos da.

Claro que lo que nadie canta es esa otra parte del himno: “… a los ruines esbirros espante que prefieren el ocio al honor”.

¿Por qué Cataluña?. Reflexiones sobre el atentado de Barcelona.

Después de muchos años el terrorismo islámico vuelve a golpear con fuerza a España. De nuevo en una de sus grandes ciudades y buscando una masacre de grandes proporciones. Desde la tragedia de 2004, España había permanecido inmune a este tipo de atentados. En gran parte gracias a la experiencia adquirida durante décadas de lucha contra la banda asesina ETA, hoy en vías de desaparición, por parte de los cuerpos de seguridad españoles.

Ante este tipo de ataques indiscriminados da la impresión, visto lo sucedido en La Rambla barcelonesa,  que nadie está a salvo. No obstante, el atentado del pasado jueves, que se cobró la vida de 15 seres humanos inocentes, nos lleva a reflexionar más allá de las noticias que se producen al calor de los acontecimientos. Un análisis que nos lleva a pensar si la infalibilidad de la seguridad convencional es suficiente.

Lo primero que aprendo después del criminal acontencimiento es que en Cataluña viven más de 500.000 musulmanes –más de 200.000 son marroquíes-, representando un 7 por ciento del total de la poblacion catalana. Se trata de la primera comunidad autónoma española con más población de esta tendencia religiosa, seguida muy de lejos por Andalucía que apenas llega a los 300.000 residentes musulmanes, en donde apenas representan un 3,7 por ciento de los ciudadanos.

Una cifra que, aislada, nada tiene de particular. Por eso hemos de indagar más y saber que hace quince años el número de musulmanes en Cataluña era de apenas 30.000. A pesar de la dura crisis económica vivida en España, el número de inmigrantes musulmanes en Cataluña no ha cesado de crecer. Las causas se deben a dos factores fundamentales: la erradicación progresiva del castellano y la promoción de la inmigración marroquí.

Las políticas lingüísiticas emprendidas por los diferentes gobiernos catalanes a lo largo de los 20 últimos años, han ido profundizando en una paulatina eliminación del español en todos los ámbitos de la vida. Comenzando por los puestos de trabajo a los que aspiran los recién llegados y continuando por las escuelas en las que los hijos de los inmigrantes se inscriben.

Esto motiva que, a diferencia del resto de España, para los inmigrantes latinoamericanos, mayoritarios en la totalidad de la geografía nacional, se dificulta acceder por motivos lingüísticos a un puesto de trabajo. Dicho de otro modo, para un ecuatoriano, colombiano o argentino es mucho más fácil iniciar una nueva vida en un lugar en el que se habla su lengua materna que en uno en el que tiene que aprender un idioma nuevo.

Pero la causa más importante de la masiva llegada de musulmanes a Cataluña, parecen ser las campañas activas emprendidas por el nacionalismo catalán para atraer a ciudadanos marroquíes. Su precursor más significativo fue el ex ERC Angel Colom que, tras pasarse a las filas de CDC, inició todo un periplo “diplomático” en Marruecos para beneficiar la inmigración del país magrebí a Cataluña.

El fin de esta estrategia era generar una masa crítica de ciudadanos de origen musulman catalanizados para profundizar en el proceso separatista. El propio Colom llegó a afirmar que "no se puede construir un Estado catalán sin la participación de los catalanomarroquíes". En 2012 creó con el apoyo de la Generalitat la fundación Nous Catalans, dedicada a hacer proselitismo del independentismo entre la población inmigrante en Cataluña. La fundación cerró sus puertas el año pasado tras una larga lista de escándalos. Destaca en el historial de político de Colom –involucrado en el caso de corrupción del Palau de la Música- la deportación de su mano derecha, el marroquí Noureddin Ziani, por su vinculación con el yihadismo.

Llegados a este punto entra en juego la relación entre todo este movimiento político-migratorio con la consideración, por parte de los servicios de inteligencia de medio mundo, de Cataluña como uno de los focos más importanes del yihadismo en Europa. Un dato clave es que el 75 por ciento, de las mezquitas radicalizadas -79 mezquitas salafistas, según datos de los propios Mossos d´Esquadra-  existentes en España, se encuentran en territorio catalán. Sin ir más lejos el imán de la mezquita de Ripoll era uno de los terroristas –muy probablemente el líder de la célula- involucrados en los sucesos del 17 de agosto.

Con este panorama, el cual parece ser tabú en los medios de comunicación más leídos de España. El atentado de La Rambla se enmarca lejos de esa afirmación que hacía la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, “está claro que nadie está a salvo y un hecho así puede ocurrir en cualquier lugar”. En Cataluña parece que el caldo de cultivo para un suceso como este, desgraciadamente, se fue gestando a lo largo de los años.

No faltará quien trate de encontrar un tufo de islamofobia en estas líneas. Nada más lejos de la realidad. El islamismo es una religión basada en el amor al prójimo como lo son el resto de religiones monoteístas mayoritarias. El asunto es que dentro de sus filas el radicalismo crece y se esconde con total impunidad. Quizá deberían ser los musulmanes de bien, muy posiblemente víctimas en estos tiempos que corren del miedo y la amenaza, los que dieran un paso al frente para ayudar a las fuerzas de seguridad a erradicar esta lacra del siglo XXI.