El balance necesario

A pesar de que desde abril de este año, mes y medio después del inicio de los efectos de la pandemia, ya se hablaba de una negociación con el FMI para la obtención de un crédito blando, no es hasta mediados de septiembre que el Gobierno de Costa Rica anuncia su propuesta de negociación con el organismo internacional. Para sorpresa de propios y extraños, las condiciones se basan en una reforma fiscal en busca de nuevos ingresos para el Estado, tan sólo 15 meses después de la entrada en vigor de la reforma anterior. Una ley tributaria que creaba nuevos impuestos e incrementaba otros. 

En 2018 la sociedad civil, encabezada por el sector privado, comprendió la necesidad de esta reforma, si bien desde el primer momento el apoyo contenía un importante mensaje para el Gobierno de Carlos Alvarado: el balance a la mayor presión fiscal debía ser un ajuste del aparato estatal. Sin embargo, este ajuste nunca llegó. Como tampoco llegaron medidas de reactivación económica que redujeran el impacto en el empleo que supusieron nuevos impuestos en una economía estancada. No parece que nuestros gobernantes hayan aprendido la lección.

 

Resulta evidente que esta propuesta gubernamental busca romper de forma definitiva aquel pacto tácito de 2018, así como el acuerdo político firmado por Carlos Alvarado y Rodolfo Piza, denominado Acuerdo Nacional, que muchos respaldamos y que un año después se convirtió en papel mojado. Las evidencias son contundentes y ya la maquinaria de los depredadores del presupuesto público está en marcha. Dos son los mensajes perversos que se están lanzando desde el depredador insaciable de recursos en que se ha convertido el Estado costarricense.

 

El primero es la amenaza clara y contundente que llega desde las filas de esa academia estatal elitista, sesgada y todopoderosa contra el principal generador de empleo privado de Costa Rica: las zonas francas. Ya las redes sociales arden contra el régimen fiscal de las zonas francas y la presión será mayor en los próximos días. Se trata de una suerte de chantaje brutal contra el sector privado, principalmente contra las decenas de miles de costarricenses que se desempeñan profesionalmente en las zonas francas. “O aceptas el nuevo paquete de impuestos o iré contra las zonas francas”, es el mensaje claro que los mamporreros de los que quieren mantener sus privilegios -hoy en el poder- nos están enviando.

 

El segundo mensaje consiste en culpar al sector privado de ser consistentemente evasor de impuestos. La Contraloría de la República hizo público en estos días un informe -¿casualidad?- acerca de la incapacidad del Ministerio de Hacienda para recaudar los impuestos existentes y señala una serie de falencias en los sistemas de control tributario. Este informe es troceado, interpretado, manoseado de forma partidaria para señalar que la culpa de dicha incapacidad es de los evasores, no del que debería controlar o, sencillamente, cobrar a los sujetos pasivos de los impuestos. La trágica noticia es que hasta en una parte del sector empresarial se aplaude dicha interpretación y se entona el mea culpa.

 

Ante este panorama el sector privado, de nuevo, se divide. Ya se oyen voces hablando de “balancear” la voracidad fiscal del Gobierno Alvarado. Algunos, quizá con irrisorias aspiraciones electorales, creen que este nuevo zarpazo a la creación de empleo y la inversión, les dejaría unas arcas estatales menos depauperadas en un hipotético -y muy remoto- triunfo en 2022. Otros ya han comprado las amenazas y prefieren que se hable de impuestos que no les afectan tanto antes de que les toquen el bolsillo por otro lado, al fin y al cabo siempre hay ganadores y perdedores.

 

Pero aquí el único balance que cabe es el de cumplir con el acuerdo de 2018: ajustar las finanzas públicas agrupando o eliminando instituciones, vendiendo activos que no cumplen ninguna función social o ajustando gasto público en donde menos afecte a la inversión pública. Cualquier otra propuesta que no empiece por un plan de choque de ajuste del gasto público resulta a todas luces inadmisible por parte de los que acordaron soportar el resultado de la reforma fiscal de 2018.

La otra pandemia

Vivimos tiempos convulsos de pandemia, cuarentena, alejamiento social y otros males, quizá el peor sea el que nos ofrecen diariamente todos los medios: las estadísticas. Casos diarios, muertos diarios, recuperados diarios, etc. Como siempre los datos sueltos y aislados no significan mucho. A este respecto, a los interesados en la raíz profunda de la estadística popular, voy a recomendar la lectura de El tigre que no está. Un paseo por la jungla de la estadística, de Michael Blastland y Andrew Dilnot, Turner 2009. Así, en Costa Rica, vemos con cierto grado de tranquilidad, cuando no de satisfacción, la lenta escalada de la pandemia. Sin embargo, a las estadísticas diarias o acumuladas de parte, hay que meterlas en ciertos contextos: el primero el del volumen de pruebas realizadas. Un dato que los propios responsables políticos han relegado a la insignificancia para no alarmar. En Costa Rica se han realizado 1.053 pruebas por cada millón de habitantes desde que inició la crisis. Panamá ha hecho 2.386, Chile 3.156 y Uruguay 1.550 test por cada millón de personas. El dato es relevante.

La cuestión es que se toman datos se dividen por otros y se comparan. Costa Rica es el país con menos muertos por afectados por coronavirus del mundo. Un dato estadístico como si decimos que Corea del Sur es el país que tiene menos muertos por test realizados. Cada país ha tomado medidas diferentes ante la situación. Desde la negación de España hasta el 15 de marzo, con 196 muertos en las morgues, hasta la extrema cautela de Israel, cerrando fronteras a finales de febrero.

Lo que preocupa es que estos datos, pensemos que creíbles y positivos, están generando un discurso con un importante peligro para el futuro del país. Hablo del discurso de la “épica del 48” -o la del 49, según el autor-, por el que estos datos y sus estadísticas (de parte) son el fiel reflejo de un modelo de Estado paternalista, protector, bienhechor, con una “mísitica” -palabro que gusta mucho pronunciar a Román Macaya- única de esforzadas  mujeres y hombres, funcionarias y funcionarios, luchadoras y luchadores, ¡oh!. La arenga, la narrativa épica, el relato heroico es necesario sin duda para levantar el ánimo de la población, recluida en casa y llena de incertidumbres.

Lo importante es que detrás de esas mujeres y hombres que están dando más de lo que se les pidió -personal sanitario, policías, transportistas, empleados de comercio y restaurantes, públicos y privados-, a los que aplaudimos cada noche escuchando el himno nacional en mi barrio, pretenden esconderse otros cuyo único mérito es recibir un salario público y garantizado. No son pocos los que están cayendo en el error de creer en esa epopeya del Estado maravilloso que, sufragado con impuestos, tasas y contribuciones, está respondiendo ante una crisis sanitaria nunca vista. Sí, la sanidad, la educación, las seguridad y la justicias públicas son irremplazables, pero no sumemos a esos servicios la inmensidad de un Estado anquilosado y monstruoso.

No, no escuchemos esos cantos de sirena de que toda la estructura estatal es la salvadora de una situación límite. Estamos hablando del encomiable trabajo de una serie de trabajadores amparados por lo público, pero sufragrados desde lo privado. No, no pongamos en la misma balanza a cualquiera que percibe un salario bajo unas siglas, ahora consideradas intocables. Recordemos que miles de ciudadanos, que pagan por este servicio la contribucion legal establecida, tienen que recurrir de forma habitual a servicios de sanidad privados para evitar largas listas de espera, en ocasiones con resultados catastróficos.

Tampoco dejemos de lado que Costa Rica ya cuenta con un Estado enorme, desproporcionado, con salarios muy superiores a los del sector privado, duplicidad de funciones e ineficiencias por doquier. No olvidemos que ya en 2008-2009 sufrimos la epidemia de vanagloriar lo público, que generó miles de nuevos funcionarios y grandes incrementos salariales que seguimos pagando por la vía de la deuda pública, hoy con categoría de bono basura. Aún perdura en mi memoria -y en la hemeroteca- aquel artículo del entonces presidente del BCCR, Francisco de Paula Gutiérrez, que insistía en que la crisis de 2008 no iba a afectar a Costa Rica. Luego llegó el Gobierno de Oscar Arias a inflar el Estado para que, en efecto, la crisis pasara de puntillas por aquí, ya la pagarían otros.

Hoy Costa Rica se aboca a una crisis económica importante, quizá no tan larga como pronostican algunos. La cuestión es que es una crisis que nos agarra saliendo de otra, de una pronunciada crisis fiscal aún sin resolver por la falta de medidas de ajuste y de reformas estructurales, más allá de una reforma fiscal. Sería dramático que ésta crisis sanitaria desembocara, merced a una trasnochada épica estatista, en una pandemia política y social irreparable. Una situación en la que olvidemos que es el sector privado el que genera la inmensa mayoría del empleo en nuestra economía. Un escenario en el que demos prioridad a un Estado fuerte pero con claras prioridades: salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura. Un Estado eficaz y eficiente que pueda hacer frente a nuevas crisis, pero también a proveer de iguales oportunidades a todos sus ciudadanos.

Derechos sagrados

Tienen siempre los himnos algo de épico en sus letras: “Nuestro brazo nervudo y pujante contra el déspota inicuo opresor”, reza el himno patriótico del 15 de septiembre costarricense, escrito por el español Juan Fernández Ferraz. Al fin y al cabo de eso se trata, de ensalzar de forma exacerbada los valores del país al que se dedica el cántico, o de crear un enemigo común, aunque sea irreal. Muchos de esos himnos fueron creados precisamente para generar un imaginario común de Estado.

Ese imaginario creado a finales del siglo XIX en Costa Rica aún sigue vigente -por suerte-, si bien es manoseado hasta el punto de perder, no ya su esencia, sino cualquier atisbo de valor patriótico. 

Hace unos días un grupo de manifestantes coreaban el único verso que les interesaba de ese mismo himno: “… derechos sagrados la Patria nos da”. Apostados al frente de la Asamblea Legislativa empujaban a la policía, a la cual lanzaban botellas, palos y monedas con el fin de asaltar el edificio del Primer Poder de la República. La Patria otorga derechos nada menos que sagrados para insultar, agredir y coaccionar a la autoridad legalmente establecida. 

Esa misma noche un grupo de jóvenes cortaban el libre tránsito en San Pedro de Montes de Oca, a pocos metros de la Universidad de Costa Rica. Al intentar ser disueltos por la policía, con los rostros cubiertos, comenzaron a lanzar todo tipo de objetos a las fuerzas de seguridad. Con la llegada del cuerpo antimotines, los delincuentes huyen a refugiarse dentro del recinto universitario. Un lugar al que los asaltantes y sus defensores atribuyen la misma categoría jurídica de una embajada extranjera. 

Esos derechos sagrados se los atribuyen los supuestos estudiantes agresores gracias a la autonomía administrativa de las universidades públicas. Una inmunidad legal emanada de ese transfigurado imaginario patriótico. 

En esta ocasión el mismísimo Presidente de la República reconoce los derechos sagrados tras la llamada de su mentor político, Alberto Salom, rector de la UNA y uno de los funcionarios mejor pagados de este país. Quedamos advertidos el resto de los ciudadanos: los estudiantes de las universidades públicas tienen más derechos sagrados que cualquier otro. Derechos incluso para delinquir sin posibilidad de detención por las autoridades.

En estos tiempos convulsos la atribución de derechos sagradosemanados de un himno decimonónico es el único valor seguro. El refugio al que se acoge cualquiera que, con un poco de agilidad mental, pretenda imponerse en una sociedad en la que la impunidad es la moneda de cambio de la sociedad.  Bien sea para cortar calles, para destruir bienes públicos, apedrear a policías o tomar el camino corto.

Un valor tan seguro que incluso es avalado por la crema de la intelectualidad patria -parafraseando a Sabina-. Ahí los tienen desde sus púlpitos bañados de pluses salariales y beneficios sociales, el súmmum de los derechos sagradosque defienden en las calles menos de 4,000 sindicalistas. Hablan de equidad tributaria mientras se embolsan salarios de siete dígitos sin el menor reparo.

No hace falta ser muy avispado para darse cuenta de que cualquier ciudadano quiere tener su cuota de derechos sagrados. Si ellos cortan calles sin el menor atisbo de pagar las consecuencias, ¿por qué no voy yo a tirar la basura en medio de la calle?, ¿por qué no voy yo a saltarme un semáforo en rojo?, ¿quién me va a impedir buscar mi beneficio personal en medio de esta situación?. Al fin y al cabo derechos sagrados la Patria nos da.

Claro que lo que nadie canta es esa otra parte del himno: “… a los ruines esbirros espante que prefieren el ocio al honor”.

¿Qué vas a hacer por Costa Rica?

“No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país”, así reza la placa bajo el busto de John F. Kennedy ubicado en el parque homónimo de San Pedro de Montes de Oca. Hoy un buen amigo me dio ese dato después de que yo le citara la famosa frase del malogrado presidente estadounidense, en referencia al proceso electoral cerrado el domingo en Costa Rica. Ya el 5 de febrero pregunté a muchas personas de mi entorno precisamente eso: “¿Estás preocupado?. ¿Qué hiciste los últimos años para evitarlo?”.

Esta contienda electoral ha sido muy intensa. Quizá la más tensa que se recuerda desde el referendum de aprobación del TLC en 2007. Aunque con peculiaridades bastante lejanas de aquel envite, como explico en mi artículo anterior. Las distintas generaciones han experimentado un importante distanciamiento a la hora de acudir a las urnas. Padres e hijos no compartían criterio. Aunque tampoco lo hacían hermanos que entraban en discusión a cuenta de a cuál Alvarado dar el voto. Amigos distanciados por la política y, aún hoy, cuatro días después, gente echando leña al fuego en las redes sociales.

No cabe duda de que se ha producido un resurgimiento del interés en la vida pública en el país. La muestra más clara es que, mientras que hace cuatro años Luis Guillermo Solís tuvo que salir a buscar ministros, hoy Carlos Alvarado tiene fila de pretendientes para casi todos los cargos. Muchos dieron un paso al frente a lo largo de la campaña y entendieron que tenían que involucrarse. El acuerdo con Rodolfo Piza fue el detonante para muchos.

La realidad es que el interés de todos los actores, públicos y privados, es común, o debería serlo: lograr una Costa Rica más desarrollada, más cercana a ese llamado primer mundo. Las diferencias siguen estando en el cómo conseguirlo. Por eso es necesario llegar a acuerdos, a entendimientos, a consensos de mínimos. Un país más desarrollado requiere de más impuestos. Pero también de mayor eficiencia y eficacia en el gasto público. Sobre ambos temas no existen dudas entre la gran mayoría de los ciudadanos. El ciudadano de a pie quiere más seguridad, mejor sanidad, mejor educación, un transporte público útil, infraestructuras modernas y una justicia ágil. Todos queremos lo mismo.

Para lograrlo no basta con criticar, con decir NO, con postear un artículo sobre Venezuela o sobre China, hay que arrollarse las mangas y ayudar a conseguirlo. Puede que este no sea el Gobierno que usted ha elegido, pero es el que tendremos TODOS durante los próximos cuatro años. Al igual que la Asamblea Legislativa. Si les va bien en su interés por hacer una Costa Rica mejor, nos irá bien a todos.

Por el contrario, si nos dedicamos a poner obstáculos, a quejarnos y a reclamar, puede que a los poderes Ejecutivo y Legislativo no les vaya bien. Y a nosotros tampoco. ¿Vamos a seguir pensando en la matemática electoral o con la generosidad que caracteriza a los ciudadanos ejemplares?. ¿Acaso no hemos aprendido nada de este proceso electoral?. ¿Quién apostaba un cinco por Carlos Alvarado en octubre de 2017?.

Eso no significa que no seamos exigentes con gobernantes y legisladores. Que no demandemos honestidad, eficacia y eficiencia. Pero para hacerlo no es suficiente con exigir, amparados en los derechos sagrados que nos da la Patria, como dice el himno. Debemos ser ciudadanos honestos, preocupados e involucrados.

Ahora con el escenario para los próximos cuatro años más claro, vale la pena reformularse la pregunta: ¿qué vas a hacer por Costa Rica durante los próximos años?.

Se acabó la fiesta

Han sido tres años y medio de intensa campaña electoral. Por supuesto, en el tramo final el Gobierno del cambio no nos iba a decepcionar y ha redoblado sus esfuerzos por ocultar la realidad de las finanzas públicas, la inseguridad ciudadana y la corrupción que son los factores que más importan a la población. Según las encuestas. Unas encuestas que no tienen credibilidad algunas, gracias a los propios encuestados que mienten o prefieren patear el balde y decir que son indecisos.

A juzgar por las últimas apariciones de Luis Guillermo Solís en redes sociales, a razón de seis posteos diarios -la mayor cobertura jamás vista acerca de las actividades de un funcionario que pareciera no haber pisado Zapote desde que compareciera a cuenta del escándalo del cementazo-, vivimos en una suerte de El Dorado en el que el dinero público fluye cual maná alimentando al pueblo de Israel en el desierto. En paralelo nos cuenta el Ministro de Hacienda que “hemos hecho todo lo posible para reducir el déficit público”, pero el dato es demoledor: 6.2% del PIB es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado en el último año de la Administración Solís.

Parece que el maná no viene del cielo, sino que se transfigura en deuda pública, cuando no en problemas de liquidez, como el anunciado por el propio Solís en agosto del pasado año. Demasidas personas no entienden cómo esto puede afectarles y se dejan llevar por los disfraces presidenciales, los cortes de cinta del avance del 35 por ciento de una rotonda o el folclor local –y bananero- que rodea las incesantes giras de El Presi.

Tres años de más madera en el gasto público han deshecho los efectos de la bonanza económica. La mayor recaudación fiscal no se tradujo en superávit o equilibrio, sino en déficit por la glotonería de una Administración que gasta a manos llenas. Subidas salariales por encima del sector privado, incremento de los presupuestos de las instituciones autónomas y un despligue de transparencia en forma de propaganda nunca antes visto, han sido claves para desequilibrar el presupuesto estatal.

Las señales no pueden ser peores. La caída de la confianza de la deuda tica en los mercados es más que evidente y las tasas ya se sienten en la economía, que comienza a desacelerarse. Además la deuda pública creciente requiere más y más recursos de los mercados de deuda, con la subida de tasas que implica. Mayores tasas suponen menos crédito para el sector privado. Dificultades para el acceso al crédito de las empresas y las familias, que empeoran por la situación en la que los escándalos vividos por los bancos estatales durante esta Administración.

Este empeoramiento de la situación económica ya se traduce en menor consumo privado. Las ventas de carros, por ejemplo, cayeron en 2017 un 13 por ciento. La contracción económica acecha y la única receta que tiene el PAC es subir los impuestos. Una subida que generará aún más problemas para la economía productiva, mientras el Estado continúa en su senda de derroche.

La peor parte de esta historia que nos oculta la incesante Ruta de la Alegría es que todo este despilfarro estatal no se traduce en mejores servicios para los ciudadanos. El transporte público sigue anquilosado en un modelo de los ochenta, la educación no universitaria pública sufre un abandono absoluto, las listas de espera de la Caja son inauditas y las mafias del narcotráfico campan por Costa Rica a su antojo. Tampoco los índices de corrupción son menores, como prometió el PAC durante toda la campaña que les dio la victoria en 2014.

La fiesta se acaba y ahora toca limpiar los estragos que dejan cuatro años de insensatez en el gasto. Eso sí, con mucho color y todo publicado en Facebook.

La paradójica España de los recortes I

España, año 2016. Un joven camina por un parque hacia la universidad pública en la que estudia y por la que paga 720 euros anuales. Es un parque municipal perfectamente cuidado. Los árboles están bien podados y apenas se ven unas hojas en el suelo de la ancha acera, señal del otoño que comienza a sentirse con fuerza. Un cartel pegado sobre una farola del alumbrado público invita a los estudiantes para que acudan a una manifestación contra los recortes del Gobierno. A su lado la oferta cultural del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Destaca el Ciclo sobre Literatura Femenina en Asia.

Una señora de unos 50 años enfila caminando la acera que desemboca en el Centro Cultural Municipal de su pueblo. Una localidad con algo menos de 15.000 habitantes, que cuenta con un espacio público de más de 2.000 metros cuadrados, entre los que destaca un auditorio con 600 cómodas butacas. Allí la señora asistirá de forma gratuita a la proyección de la película Tomates Verdes Fritos, programada por el Centro de Municipal de Información a la Mujer. 

Estas son imágenes cotidianas de la España que no nos muestran los informativos en televisión, ni las portadas de los períodicos. No es noticia que la población española goce de innumerables servicios públicos, en su mayor parte gratuitos o con precios que apenas sufragan una fracción de lo que recibe el ciudadano por usarlos. La gente está acostumbrada a recibir todo eso sin cuestionar su origen o su idoneidad. Por el contrario se habla a diario de recortes gubernamentales, los cuales ciertamente se han producido, pero nadie explica muy bien en qué.

¿En qué se ha recortado?. Si la universidad de marras tiene dinero para conformar una agenda cultural de 35 actividades en un solo mes, pareciera que no son tan graves los recortes. ¿O es que quizá se prefiere recortar en otras partidas antes de tocar el presupuesto en actividades culturales?. Qué decir de la creación de múltiples infraestructuras y organismos públicos para los usos más variopintos que se nos puedan ocurrir. Como el Centro Municipal de Información a la Mujer que a buen seguro da empleo a unos cuantos asalariados públicos.

El problema es de percepciones y de falta de criterio en la asignación del gasto público. Por un lado tenemos un país con unos estándares de servicio público muy elevados. Pero la cara oculta es que esos altos niveles no son tan buenos en los servicios básicos: educación, sanidad y justicia. España continúa siendo un país a la cola de la OCDE en materia educativa, mientras que la sanidad pública –una de las mejores del mundo hace unos años- ha vivido un deterioro muy importante a lo largo de la última década.

Los que han tomado como bandera la denuncia contra los recortes, no quieren comprender que España ya no vive la época dorada de la burbuja financiero-inmobiliaria. El estallido de la burbuja supuso también un duro varapalo para los ingresos del Estado. Algo que aún no quieren asumir los apasionados defensores del gasto público desenfrenado.

¡No a los recortes!. ¡Más gasto público!. ¡Más madera!. Vociferan en plaza cercana al ayuntamiento, perfectamente alumbrada y repleta de mobiliario urbano impecable, el cual muy probablemente destrozarán a su paso. Después de la algarada para denunciar el “neoliberalismo salvaje”, que les permite tener una oferta infinita de actividades con cargo al erario público, un nutrido equipo de empleados de limpieza dejarán impoluta la plaza.

Esta es la paradoja que rodea todo este populismo de nuevo cuño que atrae como imán la atención de los medios de comunicación y las redes sociales. Consignas que suenan a música celestial a todos aquellos que pretenden, de un modo u otro, que el Estado sea el garante de su futuro. Un futuro lleno de comodidades sufragadas a golpe de impuestos.

España ante su descomposición

Vivíamos tranquilos, vivíamos felices. Había dinero en la calle. Los bancos prestaban para el piso en la playa y hasta para amueblarlo y los ayuntamientos construían polideportivos y estatuas. Las arcas del Estado se llenaron con el ladrillo procedente del crédito fácil y España empezó a poblarse de aeropuertos y carreteras comarcales de cuatro carriles. Europa echaba más leña al fuego a base de fondos de cohesión.

Los liberales se gastaban millón y pico de euros en inaugurar un teatro y los socialistas construían plazas de toros en pueblos de la periferia. El pueblo seguía comprando adosados y los políticos seguían dilapidando la fortuna y contratando a la familia. Todos mirábamos para otro lado. Había dinero en la calle.

El dinero se iba extinguiendo conforme los bancos dejaron de prestarlo, porque no lo tenían. Nunca lo tuvieron. Así, decidimos gastar los ahorros para que no se notase. ¿Cómo prescindir de los gin-tonics a 12 euros y de la ropa de marca?. ¿Cómo dejar de construir aeropuertos en provincias semihabitadas o teatros en pueblos desiertos?.

Hoy no hay dinero. Tampoco quedan ahorros. El Estado comenzó hace dos años a dilapidar los de nuestros nietos. Aún así no queremos renunciar a nada. Salvo cuando llega la fatídica hora del despido o la rebaja de salario. Hora, por cierto, que todavía no ha llegado para la clase política española. ¿Cómo dejar en la calle a mi amigo del partido de toda la vida?.

España, sin dinero, sigue plagada de organismos públicos heredados del ladrillo: embajadores catalanes en la Quinta Avenida, institutos para el fomento de los bailes regionales y fundaciones para el sostenimiento de familiares de políticos profesionales. La piñata de los felices primeros compases del milenio no cesa, ni tiene atisbo alguno de detenerse. En lugar de eso, los ciudadanos, aquellos felices hombres y mujeres que compraban pisos en la playa y los amueblaban con créditos a 35 años al 2 por ciento de interés, están pagando los platos rotos.

En primer lugar por la vía impositiva. Para detener la sangría del Estado lo más cómodo es aumentar los impuestos, sobre todo los indirectos que se recaudan más rápidamente y afectan de forma homogénea a pobres y ricos.

A continuación llegan los recortes en las áreas más sensibles para la población en general: educación y sanidad. Son las grandes bolsas del gasto público y en las que se concentra el mayor número de funcionarios. Sin embargo no se recorta en gasto superfluo. Cada español cuenta en su casa con una pequeña farmacia, generalmente subvencionada, pero nadie es capaz de frenar el gasto farmacéutico imponiendo la venta de medicamentos por unidades. ¿Tan poderoso es el lobby farmacéutico?. Lo es. 

La educación es el futuro de un pueblo y el principal factor de igualdad de oportunidades. Ni en los mejores años del ladrillo ha sido una prioridad para los gobiernos mejorar el sistema educativo público. Por el contrario se disparó el gasto creando universidades en pueblos o comprando pizarras electrónicas, sin embargo nadie se preocupó de reformar el sistema y la calidad de la enseñanza siguió en picado. España es el país de la OCDE con peor valoración en el informe PISA. Ahora tampoco existe esa preocupación. Simple y sencillamente se reducen salarios o se eliminan plazas.

Ya no vivimos tranquilos, ya no somos felices. Estamos pagando las consecuencias. Las pagamos nosotros, los que han visto reducido su salario, se han ido al paro o los que hemos tenido que emigrar. Los políticos no pagan nada. Continúan en los consejos de administración de las cajas, sus familiares siguen en los organismos públicos, sus amigos de embajadores o en la agencia de cooperación internacional. ¿Quién va a detener esta locura?.

De la burbuja inmobiliaria a la burbuja del gasto público

Se han derramado ríos de tinta con sesudos análisis sobre la denominada burbuja inmobiliaria. Un fenómeno que se dejó sentir en el mundo entero, si bien la intensidad del mismo no fue igual en todos los países.

La cuestión es que la espectacular bonanza que experimentó el sector inmobiliario en casi todo el planeta durante no pocos años, hoy sabemos que se debió al crecimiento exponencial del crédito hipotecario. Su origen se centra en las bajas tasas de interés que los bancos centrales de Europa y los Estados Unidos establecieron tras una serie de acontecimientos concatenados: crisis económica alemana, estallido de la burbuja puntocom y atentados del 11-S.

Dicho de otro modo, el dinero barato permitió que mucha gente se endeudara para adquirir una vivienda o mejorar la que ya poseían. Lo cual provocó una cadena de crecimiento del sector que se retroalimentaba gracias a la expectativa de alza de los precios, la cual no sólo atraía a compradores reales, sino a inversores especulativos.

Claro que ese efecto tuvo consecuencias colaterales mucho más allá del sector inmobiliario. Por ejemplo en la recaudación de impuestos. Los gobiernos empezaron a llenar sus arcas gracias a la bonanza económica derivaba del boom inmobiliario. No en vano estamos hablando de uno de los sectores que soporta mayores impuestos: se gravan las compraventas, se gravan los beneficios, se gravan las hipotecas, etc.

En el caso de España el Estado pasó de recaudar en el año 2000, cuando comienza el ciclo expansivo inmobiliario, 231.960 millones de euros a ingresar 419.370 millones de euros en 2007, cuando la cresta de la ola toca a su fin. Esto supone un incremento de los ingresos del Estado del 80 por ciento en siete años. Durante ese periodo la inflación apenas creció un 30 por ciento. Dato que ofrezco por si algún avezado lector llega a pensar que el aumento de los ingresos se debió meramente al factor inflacionario.

La cuestión es que España vivió su particular burbuja del gasto público al amparo de la del ladrillo. Porque si los ingresos se incrementaron los gastos no se quedaron atrás. Sólo la partida de gastos de personal del Estado pasó de 64.278 millones de euros en 2000 a los 107.835 en 2007 y ha seguido creciendo hasta los 125.164 millones de euros en 2009, casi el doble en una década.

Al amparo de unos ingresos en continuo aumento, los gobernantes emprendieron toda clase de proyectos. Aprovechando tan favorable coyuntura, proliferaron las iniciativas denominadas sociales, desde la Ley de la Dependencia al conocido como cheque bebé, pasando por infinidad de subvenciones y la creación de innumerables entes estatales, autonómicos y municipales de más que dudosa utilidad para la sociedad en general. Igualmente se promovieron infraestructuras jamás soñadas: aeropuertos sin aviones, parques sin niños o plazas de toros sin corridas.

En ese escenario de días de vino y rosas, incluso los socialdemócratas más acérrimos decretaron importantes reducciones de impuestos. Bajar impuestos ahora era de izquierdas. Lo cual no hizo otra cosa que continuar alimentando la burbuja especulativa al permitir que hubiese más dinero en manos privadas.

Pero los gobernantes no son gestores de recursos, sino políticos cuyo interés es permanecer en el poder o cedérselo a sus más cercanos colaboradores. Así que no cayeron en la cuenta de que todas las inversiones que acometieron, todos los planes que aprobaron y cada uno de los entes que crearon tenían unas consecuencias económicas a largo plazo. Los aeropuertos no pueden cerrarse, los funcionarios no pueden ser despedidos y los organismos públicos no pueden ser eliminados sin más. Por mucho que sus inflados ingresos, producto de la burbuja inmobiliaria, hayan caído hasta límites insospechados.

Dicho de otra forma, la burbuja del gasto público no puede desinflarse, así como los estados no pueden ir a la quiebra. Al contrario que las empresas promotoras inmobiliarias, los países no tienen la capacidad de ir a un concurso de acreedores, ni tampoco pueden entregar sus activos a sus acreedores como dación en pago. Para mantener todo ese aparato creado de forma artificial, ahora se recetan subidas de impuestos para que el sector privado pague los excesos gubernamentales.

La solución es compleja. Los gobernantes son incapaces de adoptar medidas impopulares, pero aún son más incompetentes a la hora de dar marcha atrás y renunciar a todo ese fascinante Estado del Bienestar que crearon con ingresos procedentes de una coyuntura absolutamente irreal. Los mercados, esos ogros sin compasión, lo saben y por eso dudan de la capacidad de cobro de las deudas públicas de algunos países sumidos en la burbuja del gasto público.

Los países sumidos en esta crisis sin precedentes van a tener que aceptar cambios sin precedentes para remontar el estallido de la burbuja del gasto público. Aunque para mi lo importante es que se abra un debate profundo acerca del papel del Estado en la economía a la luz de lo que está sucediendo.

Decretos, recortes, reformas y huelgas

Resulta curioso que, cuando ya estábamos iniciando “la senda de la recuperación”, el Gobierno haya tenido que lanzar un programa de ajuste del gasto público, quizá el más antisocial de toda la democracia. Pero parece que los mercados, esos diabólicos e insaciables órganos económicos, culpables últimos de cualquier contratiempo en la tarea de Gobierno, tienen más poder sobre los políticos de hueso rojo, como nuestro querido Presidente, que todo un país clamando soluciones.

Hoy muchos empleados públicos se han echado a la calle -más bien se han quedado en casa- para protestar por el recorte salarial que les ha propinado su jefe. Ellos son los grandes pagadores de este decretazo inspirado por Merkel, Sarkozy y Obama. Claro que también son los funcionarios los que no quisieron poner las barbas a remojar, creyéndose el discurso del eterno optimista y pensando que esto de la crisis no iba con ellos.

Ahora sabemos que Rodríguez Zapatero es cazador más de zoológico impositivo, que de selva bursátil. Más repartidor de cheques-regalo y hacedor de lluvias de millones para rebajar aceras, que inspirador de ajustes presupuestarios o ejecutor de ministros y asesores. Pecata minuta, ya saben.

Tampoco le van a Rodríguez Zapatero las reformas estructurales. Esas que llevan solicitándole desde hace dos años organismos internacionales, agentes sociales y oposición. Aunque poco pintan estos últimos para un Gobierno enrocado en el error. Mercado laboral, sistema financiero, engranaje fiscal y reforma del gasto público, tendrán que esperar a un nuevo tirón de orejas de los mercados… o de Obama.


Comentario realizado en el programa Andalucía Capital de Onda Cero el 8 de junio de 2010.

Semana Santa, ejemplo de simbiosis de los sectores público y privado

No son pocos los que dudan a estas alturas, de que la Semana Santa, sus desfiles procesionales, son, amén de un evento religioso de primer orden, uno de los mayores acontecimientos culturales y turísticos de Andalucía. Sobre todo en Granada, Málaga y Sevilla. A muchos parece molestar la implicación de las administraciones públicas en este tipo de manifestaciones culturales y religiosas. Por lo que no resulta descabellado analizar en términos de gasto público esta destacada fecha.

Mucho más allá de las cifras que todos los años se publican, sobre el volumen de negocio que generan las procesiones para las empresas del sector de la hostelería, o acerca del coste de ir vestido de nazareno, analicemos el fenómeno en términos de colaboración entre la iniciativa pública y privada.

Hay que tener presente que los desfiles procesionales nacen hoy en día de la iniciativa privada de las hermandades, las cuales sufragan con el aporte de sus cofrades y benefactores el coste de poner en la calle los pasos y tronos. Se trata, por tanto, de un acto religioso y cultural pagado desde el sector privado, algo que los detractores de la Semana Santa olvidan. Quizá estén demasiado acostumbrados a que sea la subvención pública la que haga posible casi con absoluta exclusividad la puesta en escena de exposiciones, representaciones y producciones culturales patrias.

El sector público, por su parte, realiza una contribución esencial como facilitador de las procesiones. Desde la organización del tráfico, hasta el engalanado de las ciudades, pasando por la limpieza y alumbrado de los recorridos. Se trata de una importante aportación económica pública que complementa la que realiza el sector privado. Una simbiosis difícil de encontrar en otros ámbitos económicos.

Y afirmo que se trata de una simbiosis porque ambas partes obtienen su particular beneficio de la relación. Los cofrades porque sin el concurso público difícilmente podrían llevar a cabo su actividad por excelencia. El sector público, principalmente los ayuntamientos, porque obtienen la mayor proyección turística para sus ciudades, además de facilitar a sus ciudadanos en general un acontecimiento cultural seguido de forma mayoritaria.

Si comparamos el coste que tiene para las administraciones públicas el apoyo que prestan a las procesiones de Semana Santa, con el tremendo impacto económico que tiene esta actividad para mayoría de las ciudades en las que se celebra, veremos que se trata de una inversión más que rentable. Más aún si lo comparamos con el coste/impacto que tiene otras actividades culturales o de promoción turística a las que tan acostumbrados nos tiene el sector público.

Un ejemplo a seguir, sin duda, pero que mucho me temo que no va a cundir entre los círculos culturales, los cuales prácticamente viven de la subvención pública.

La falacia del gasto público

Hace tiempo que se viene produciendo un falso debate acerca del papel que juega el Estado como principal actor de la economía de un país. Unos hablan de la imperiosa necesidad de que el Estado sea cada vez más grande y hablan de redistribución de la riqueza o de prestación de servicios básicos. Otros hablan de liberalismo y de menor papel del Estado -entendido como el conjunto de las administraciones públicas- en la economía. Pero la discusión es ficticia.

A cuenta de la subida de los impuestos aplicada por el Gobierno -subió el de la renta y los especiales y el siguiente será el IVA- este artificial debate se ha reabierto. Por un lado los que apoyan más y más gasto público dicen que esta subida de los impuestos sirve para mantener los servicios que presta el Estado. Falso. Esos servicios básicos, a saber, educación, sanidad, infraestructuras, seguridad y justicia, suponen aproximadamente un 18 por ciento del PIB, sin embargo, la presión fiscal ronda el 32 por ciento del PIB. En otras palabras, que el Estado en España recauda casi el doble de lo que gasta en esos "servicios básicos".

Los que defienden que no se suban los impuestos afirman que hay que poner encima de la mesa un plan de austeridad, es decir, gastar menos en lugar de intentar recaudar más. Tienen razón. Sin embargo rehuyen poner el cascabel al gato y lo único que se les ocurre es solicitar la reducción de cargos de confianza. Medida que, por otra parte, ellos no aplican en los ayuntamientos y comunidades autónomas que dirigen. Sin ir más lejos hoy se ha publicado que el Ayuntamiento de Madrid mantiene más de 1.500 puestos de libre designación, es decir, de confianza.

Y es que la realidad de nuestro panorama político nos dice que a nadie le interesa hablar abrir ese debate acerca del papel del Estado en la economía. Los políticos se han acostumbrado al coche oficial, a la televisión pública y la propaganda institucional como plataforma publicitaria partidista, a la subvención como fórmula para ganar simpatías y a la contratación masiva de miembros del partido para controlar los resortes del poder y como fórmula de clientelismo interno.

Por eso todas las afirmaciones que venimos escuchando sobre la necesidad de mantener o reducir el gasto público no más que el lejano eco de un debate artificial que ningún político en España se atrevería a abrir de verdad. Muchos periodistas, incluso de los más avezados y supuestamente incisivos, caen rápidamente en el mensaje fácil y hablan de mantenimiento de servicios básicos o de lo poco que supondría para mejorar las cuentas públicas reducir cargos de confianza. Al fin y al cabo no son más que los portavoces de las consignas que se lanzan desde PSOE y PP.

No nos engañemos. España no necesita una subida de impuestos, sino una profunda revisión del papel del Estado en la economía.

La revelación de José Blanco

Me cuesta mucho definir las declaraciones del ministro de Fomento, José Blanco, en las que afirma que el salario de los controladores aéreos es una rémora para las cuentas de AENA y el motivo por el que las tasas aeroportuarias españolas son tan elevadas. Sin duda se trata de una revelación que Blanco –o alguno de sus asesores- ha tenido, a buen seguro con la pretensión de ganar el aplauso fácil del público. Claro que estas palabras van mucho más allá del mero enfrentamiento que mantiene el colectivo laboral de marras con el ministro.

En primer lugar, hemos de preguntarnos por qué es “tan elevado” –en palabras del propio ministro- el salario medio de los controladores aéreos españoles, unos 350.000 euros anuales. Quizá Blanco no ha tenido en cuenta, antes de lanzarse en esta campaña contra los emolumentos de los controladores, que su partido lleva casi seis años gobernando España. Esto significa que algo habrá tenido que ver el propio ministro de Fomento o los compañeros de partido que lo precedieron en el asunto. En otras palabras, si los controladores tienen esos sueldos es porque el Gobierno al que pertenece Blanco lo ha permitido, como gestor que es de los aeropuertos españoles.

A continuación tenemos que pensar que esta misma revelación ministerial, sobre la causa de las pérdidas que tiene AENA y las elevadas tasas aeroportuarias, se va a empezar a prodigar en todo el Gobierno. A saber. Parece ser que un periodista que trabaja para el Gobierno gana dos veces y medio más que un periodista que trabaja para el sector privado. Con lo cual habrá que empezar a revisar esos niveles salariales. Sin hablar de los cuantiosos honorarios de los presentadores famosetes que trabajan para las televisiones públicas. Siguiendo el razonamiento ministerial, seguro que si empezamos a recortar los emolumentos de estos otros colectivos podríamos reducir el tremendo déficit público que arrastra el Estado.

Pero podemos llegar más lejos con la revelación de Blanco. Si empezásemos a reducir el enorme gasto público que su Gobierno emplea en cargos de confianza, asesores o publicidad institucional, estoy convencido, como el ministro, de que podríamos pensar en un Estado menos deficitario y endeudado. Sin hablar, por cierto, de la reducción de los impuestos que acompañaría a tales medidas. Exactamente igual que en AENA.

Algo me dice que, como reza el dicho tico, lo que es bueno para el ganso parece no ser bueno para la gansa. O sea que lo que vale para los sueldos de los controladores, no parece que vaya a servir para el resto de los estipendios gubernamentales. Así que la revelación de Blanco, muy en la línea del pensamiento liberal, por cierto, no parece ser más que un ardid demagógico y no una reflexión seria sobre el gasto público. Paradojas de la política.

Queremos ser como los alemanes

Ahora que parece que sindicatos, empresarios y gobierno se están poniendo de acuerdo en imitar el modelo alemán en una especie de reducción de jornada -y de salario- masiva se refiere, no estaría de más que esos mismos empezasen a plantearse algunas cosas a imitar de los alemanes.

Veamos, Alemania tiene unos 83 millones de habitantes, con un producto interior bruto (PIB) de unos 3.3 billones de dólares. En España somos unos 46 millones de personas y tenemos un producto interior bruto de unos 1.4 billones de dólares. En otras palabras, Alemania tiene casi el doble de habitantes y cerca de dos veces y media la producción de España. Sin embargo, en Alemania hay 1,9 millones de funcionarios públicos mientras que en España la cifra supera los 3 millones.

Evidentemente este dato no se lo plantea el gobierno, menos aún los sindicatos, y los empresarios ni se atreven, no vaya a ser que los tachen de neoliberales o de enemigos del sector público. Lo curioso es que todos hablan del modelo alemán en lo de las reducciones de jornada laboral, pero nadie se ha parado a pensar que la economía alemana es, evidentemente, mucho más productiva que la española.

Con cuatro administraciones públicas a las que mantener (Estado, autonomías, diputaciones y ayuntamientos), difícilmente podemos ser muy competitivos, dado que un porcentaje importantísimo de la población activa vive el presupuesto público, es decir, del pago de los impuestos de los sectores privados. Una reflexión casi prohibida en España.

A lo mejor el manoseado cambio de modelo productivo para por ir pareciéndonos a los alemanes: menos funcionarios.

Hacienda gana el Premio Planeta

Así es, señoras y señores. No ha escrito una sola línea, no ha tenido que pensar en el esquema clásico: planteamiento, nudo y desenlace, que nos enseñaron como obligatorios para cualquier novela. Sin embargo, la Agencia Tributaria se ha embolsado la mitad de la dotación del premio literario más conocido y mejor pagado de España. Lo ha dicho Angeles Caso: "La mitad del premio es para Hacienda".

Esta es nuestra realidad, a no ser que uno sea un "talento" de importación, es decir, un futbolista multimillonario, en cuyo caso la tarifa se reduce a la mitad. De ahí que doña Angeles diga que no le importa pagar la mitad, pero que pague lo mismo Cristiano Ronaldo, por ejemplo.

En España el personal trabaja una media de casi cinco meses al año para Hacienda. Si lo traducimos en horas y pensamos en una jornada de ocho, resulta que tres de ellas son para el erario público. Lo cual no podríamos afirmar si es mucho o poco, a no ser que lo pongamos en relación con lo que recibimos a cambio.

Miro a mi alrededor y veo que dos de los servicios básicos que presta el Estado con esos impuestos: educación y salud, se cubren de forma privada debido a la pésima calidad de la sanidad y la educación pública. Los mismos que dedican cinco meses al año a trabajar para el Estado, resulta que tienen que hacer un esfuerzo adicional para que sus hijos tengan una buena educación y un servicio sanitario básico aceptable.

Por otra parte compruebo que con esos impuestos se mantienen infinidad de organismos, sociedades y entes públicos dedicados a los fines más peregrinos: desde la promoción del flamenco, hasta la organización de cursos de masturbación. Sin olvidar interminable lista de medios de comunicación.

Dicho lo anterior, que cada cual valore si Hacienda se ha merecido o no el Premio Planeta.