El balance necesario

A pesar de que desde abril de este año, mes y medio después del inicio de los efectos de la pandemia, ya se hablaba de una negociación con el FMI para la obtención de un crédito blando, no es hasta mediados de septiembre que el Gobierno de Costa Rica anuncia su propuesta de negociación con el organismo internacional. Para sorpresa de propios y extraños, las condiciones se basan en una reforma fiscal en busca de nuevos ingresos para el Estado, tan sólo 15 meses después de la entrada en vigor de la reforma anterior. Una ley tributaria que creaba nuevos impuestos e incrementaba otros. 

En 2018 la sociedad civil, encabezada por el sector privado, comprendió la necesidad de esta reforma, si bien desde el primer momento el apoyo contenía un importante mensaje para el Gobierno de Carlos Alvarado: el balance a la mayor presión fiscal debía ser un ajuste del aparato estatal. Sin embargo, este ajuste nunca llegó. Como tampoco llegaron medidas de reactivación económica que redujeran el impacto en el empleo que supusieron nuevos impuestos en una economía estancada. No parece que nuestros gobernantes hayan aprendido la lección.

 

Resulta evidente que esta propuesta gubernamental busca romper de forma definitiva aquel pacto tácito de 2018, así como el acuerdo político firmado por Carlos Alvarado y Rodolfo Piza, denominado Acuerdo Nacional, que muchos respaldamos y que un año después se convirtió en papel mojado. Las evidencias son contundentes y ya la maquinaria de los depredadores del presupuesto público está en marcha. Dos son los mensajes perversos que se están lanzando desde el depredador insaciable de recursos en que se ha convertido el Estado costarricense.

 

El primero es la amenaza clara y contundente que llega desde las filas de esa academia estatal elitista, sesgada y todopoderosa contra el principal generador de empleo privado de Costa Rica: las zonas francas. Ya las redes sociales arden contra el régimen fiscal de las zonas francas y la presión será mayor en los próximos días. Se trata de una suerte de chantaje brutal contra el sector privado, principalmente contra las decenas de miles de costarricenses que se desempeñan profesionalmente en las zonas francas. “O aceptas el nuevo paquete de impuestos o iré contra las zonas francas”, es el mensaje claro que los mamporreros de los que quieren mantener sus privilegios -hoy en el poder- nos están enviando.

 

El segundo mensaje consiste en culpar al sector privado de ser consistentemente evasor de impuestos. La Contraloría de la República hizo público en estos días un informe -¿casualidad?- acerca de la incapacidad del Ministerio de Hacienda para recaudar los impuestos existentes y señala una serie de falencias en los sistemas de control tributario. Este informe es troceado, interpretado, manoseado de forma partidaria para señalar que la culpa de dicha incapacidad es de los evasores, no del que debería controlar o, sencillamente, cobrar a los sujetos pasivos de los impuestos. La trágica noticia es que hasta en una parte del sector empresarial se aplaude dicha interpretación y se entona el mea culpa.

 

Ante este panorama el sector privado, de nuevo, se divide. Ya se oyen voces hablando de “balancear” la voracidad fiscal del Gobierno Alvarado. Algunos, quizá con irrisorias aspiraciones electorales, creen que este nuevo zarpazo a la creación de empleo y la inversión, les dejaría unas arcas estatales menos depauperadas en un hipotético -y muy remoto- triunfo en 2022. Otros ya han comprado las amenazas y prefieren que se hable de impuestos que no les afectan tanto antes de que les toquen el bolsillo por otro lado, al fin y al cabo siempre hay ganadores y perdedores.

 

Pero aquí el único balance que cabe es el de cumplir con el acuerdo de 2018: ajustar las finanzas públicas agrupando o eliminando instituciones, vendiendo activos que no cumplen ninguna función social o ajustando gasto público en donde menos afecte a la inversión pública. Cualquier otra propuesta que no empiece por un plan de choque de ajuste del gasto público resulta a todas luces inadmisible por parte de los que acordaron soportar el resultado de la reforma fiscal de 2018.

La otra pandemia

Vivimos tiempos convulsos de pandemia, cuarentena, alejamiento social y otros males, quizá el peor sea el que nos ofrecen diariamente todos los medios: las estadísticas. Casos diarios, muertos diarios, recuperados diarios, etc. Como siempre los datos sueltos y aislados no significan mucho. A este respecto, a los interesados en la raíz profunda de la estadística popular, voy a recomendar la lectura de El tigre que no está. Un paseo por la jungla de la estadística, de Michael Blastland y Andrew Dilnot, Turner 2009. Así, en Costa Rica, vemos con cierto grado de tranquilidad, cuando no de satisfacción, la lenta escalada de la pandemia. Sin embargo, a las estadísticas diarias o acumuladas de parte, hay que meterlas en ciertos contextos: el primero el del volumen de pruebas realizadas. Un dato que los propios responsables políticos han relegado a la insignificancia para no alarmar. En Costa Rica se han realizado 1.053 pruebas por cada millón de habitantes desde que inició la crisis. Panamá ha hecho 2.386, Chile 3.156 y Uruguay 1.550 test por cada millón de personas. El dato es relevante.

La cuestión es que se toman datos se dividen por otros y se comparan. Costa Rica es el país con menos muertos por afectados por coronavirus del mundo. Un dato estadístico como si decimos que Corea del Sur es el país que tiene menos muertos por test realizados. Cada país ha tomado medidas diferentes ante la situación. Desde la negación de España hasta el 15 de marzo, con 196 muertos en las morgues, hasta la extrema cautela de Israel, cerrando fronteras a finales de febrero.

Lo que preocupa es que estos datos, pensemos que creíbles y positivos, están generando un discurso con un importante peligro para el futuro del país. Hablo del discurso de la “épica del 48” -o la del 49, según el autor-, por el que estos datos y sus estadísticas (de parte) son el fiel reflejo de un modelo de Estado paternalista, protector, bienhechor, con una “mísitica” -palabro que gusta mucho pronunciar a Román Macaya- única de esforzadas  mujeres y hombres, funcionarias y funcionarios, luchadoras y luchadores, ¡oh!. La arenga, la narrativa épica, el relato heroico es necesario sin duda para levantar el ánimo de la población, recluida en casa y llena de incertidumbres.

Lo importante es que detrás de esas mujeres y hombres que están dando más de lo que se les pidió -personal sanitario, policías, transportistas, empleados de comercio y restaurantes, públicos y privados-, a los que aplaudimos cada noche escuchando el himno nacional en mi barrio, pretenden esconderse otros cuyo único mérito es recibir un salario público y garantizado. No son pocos los que están cayendo en el error de creer en esa epopeya del Estado maravilloso que, sufragado con impuestos, tasas y contribuciones, está respondiendo ante una crisis sanitaria nunca vista. Sí, la sanidad, la educación, las seguridad y la justicias públicas son irremplazables, pero no sumemos a esos servicios la inmensidad de un Estado anquilosado y monstruoso.

No, no escuchemos esos cantos de sirena de que toda la estructura estatal es la salvadora de una situación límite. Estamos hablando del encomiable trabajo de una serie de trabajadores amparados por lo público, pero sufragrados desde lo privado. No, no pongamos en la misma balanza a cualquiera que percibe un salario bajo unas siglas, ahora consideradas intocables. Recordemos que miles de ciudadanos, que pagan por este servicio la contribucion legal establecida, tienen que recurrir de forma habitual a servicios de sanidad privados para evitar largas listas de espera, en ocasiones con resultados catastróficos.

Tampoco dejemos de lado que Costa Rica ya cuenta con un Estado enorme, desproporcionado, con salarios muy superiores a los del sector privado, duplicidad de funciones e ineficiencias por doquier. No olvidemos que ya en 2008-2009 sufrimos la epidemia de vanagloriar lo público, que generó miles de nuevos funcionarios y grandes incrementos salariales que seguimos pagando por la vía de la deuda pública, hoy con categoría de bono basura. Aún perdura en mi memoria -y en la hemeroteca- aquel artículo del entonces presidente del BCCR, Francisco de Paula Gutiérrez, que insistía en que la crisis de 2008 no iba a afectar a Costa Rica. Luego llegó el Gobierno de Oscar Arias a inflar el Estado para que, en efecto, la crisis pasara de puntillas por aquí, ya la pagarían otros.

Hoy Costa Rica se aboca a una crisis económica importante, quizá no tan larga como pronostican algunos. La cuestión es que es una crisis que nos agarra saliendo de otra, de una pronunciada crisis fiscal aún sin resolver por la falta de medidas de ajuste y de reformas estructurales, más allá de una reforma fiscal. Sería dramático que ésta crisis sanitaria desembocara, merced a una trasnochada épica estatista, en una pandemia política y social irreparable. Una situación en la que olvidemos que es el sector privado el que genera la inmensa mayoría del empleo en nuestra economía. Un escenario en el que demos prioridad a un Estado fuerte pero con claras prioridades: salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura. Un Estado eficaz y eficiente que pueda hacer frente a nuevas crisis, pero también a proveer de iguales oportunidades a todos sus ciudadanos.

Reflexiones sobre esta campaña... y sobre la Costa Rica del futuro

A estas alturas de la campaña electoral de la segunda ronda o balotaje por la presidencia de Costa Rica, ha llegado el momento de mirar atrás y comprobar los aprendizajes adquiridos durante el proceso.

Para empezar me encuentro estrenando títulos: “socialista”, “comunista” o “chavista”. Son algunos de los pretendidos insultos que he recibido de propios y extraños por apoyar la coalición Rodolfo Piza-Carlos Alvarado. En realidad siempre resulta fácil etiquetar al que no piensa como uno para no tener que ahondar en argumentos. “Si apoyas al PAC eres comunista”, resulta irrefutable. Eso sí, mucho ojo con definir a Fabricio Alvarado como candidato pentecostal, entonces estás “insultando".

Esto me ha mostrado la piel tan fina que tienen las personas cuando se quedan sin argumentos. Enseguida echan mano del sentimiento de ofensa para, de nuevo, abandonar el camino de la argumentación. Se ofenden si les recuerdas el origen pentecostal de su nuevo líder, pero olvidan fácilmente de que te llamaron “chavista” al iniciar la conversación.

Por otro lado a estas alturas de la campaña hago un poco de reflexión más allá del fragor de la batalla, hoy tan intensificada gracias a las redes sociales. Un análisis en la línea del que cerraba hoy el artículo de mi buen amigo Eli Feinzaig en el Semanario Universidad, con respecto al daño a la convivencia que pueda producirse a raíz del fuerte antagonismo vivido en la campaña. No obstante mi reflexión no lleva al mismo lugar. No creo que la sangre llegue al río, por mucho que hayamos visto –por primera vez para mi- una separación absoluta en el alineamiento político de las clases más pudientes del país. En esta ocasión no era TLC sí ó sí, ni Frente Amplio no o no, la clase alta se fragmentó.

Esta ruptura me lleva a pensar que existe una doble vía en la evolución de Costa Rica hacia el futuro. El camino de los que piensan que una economía boyante es suficiente para sacar adelante al país y el de los que buscan un modelo que equilibre lo económico con lo social. El modelo estadounidense frente al modelo europeo, si queremos simplificarlo al máximo.

He insistido mucho en estos días en que la senda del crecimiento económico en Costa Rica, no puede ir separada de los avances en libertades civiles en los que somos un referente mundial. Más aún cuando el país abandonó, años ha, la etiqueta del subdesarrollo para insertarse en la de renta media. Costa Rica en el mundo es admirada por no tener ejército, por su respeto al medioambiente y por contar con personas muy capacitadas, entre otros.

Es innegable que, a pesar de la mala situación de las finanzas del Estado, merced a 10 años de políticas expansivas del gasto público, el potencial económico de Costa Rica es muy alto. Precisamente lo es en este mundo globalizado de la economía de la información, en la que la alta cualificación de las personas está por encima de la mano de obra barata.

No podemos mirar hacia otro lado y pensar que ese mundo que hoy nos admira, seguirá volviendo sus ojos hacia una Costa Rica menguada en derechos civiles, una Costa Rica reaccionaria, una Costa Rica con su capital humano mermado en su libertad. Resulta impensable que en un mundo interconectado podamos darnos el lujo de recortar derechos o revisar nuestra participación en foros internacionales de Derechos Humanos. ¿Qué harían en esa situación las multinacionales que cada año depositan su confianza en Costa Rica como centro de operación regional?.

Hay mucho trabajo por hacer para continuar en el camino del desarrollo humano de todo un pueblo. Sinceramente creo que ese trabajo sólo se puede acometer desde la unidad en torno a un proyecto común basado en la libertad.

Nosotros, los fascistas

Madrid 12 de octubre de 2017, un joven se aproxima a presenciar el desfile conmemorativo del Día de la Hispanidad. Porta una bandera de España a la que anexa otra con los colores arcoiris de la diversidad sexual. El resto de los asistentes lo saludan amigablemente, algunos “incluso me han pedido tomarse fotos conmigo”, confirma Valentín Garal, orgulloso defensor de la libertad.

Esa misma noche, Valentín accede a una discoteca gay con un lazo con los colores de la enseña nacional. El joven es increpado hasta en cuatro ocasiones por personas de su misma orientación sexual, tachándolo de facha, fascista o pregúntandole de forma despectiva “¿por qué llevas eso?”.

Les da la razón a los que acusan a Valentín el conocido columnista Javier Marías en su hoja parroquial dominical en El País, el medio de comunicación del centroizquierda español. Dice Marías que “siempre que veía gran número de banderas me acordaba de Núremberg” y que esta oleada de banderas españolas es “el despertar de un nacionalismo peligroso que llevaba décadas adormecido”.

Estas afirmaciones procedentes de uno de los líderes intelectuales de la izquierda moderada española no es un caso aislado. Portar una bandera de España es considerado, para una parte de los españoles, un símbolo de pertenencia a la extrema derecha. Dicho de otro modo, los que nos sentimos españoles y lo confirmamos usando la bandera de nuestro país somos unos fascistas.

Nosotros, los fascistas, no increpamos a los que usan la bandera del orgullo gay. Lo respetamos, porque respetamos la diversidad, pero no hacemos alharacas por ello. Quizá sea porque en nuestras filas fascistas militan muchos homosexuales y no los señalamos como tales, sino como uno más. Por el contrario estos repartidores de carnés de fascista, los intelectuales de la izquierda y los portadores de camisetas del Ché Guevara –homófobo de reconodida trayetoria criminal, pero al que se le perdona todo por sus revolucionarias ideas-, tienen la necesidad de repertirnos una y otra vez su rechazo al hetropatricarcado o a la ideología de género.

En esta misma línea, nosotros, los fascistas, somos hombres y mujeres, sin distinción, sin necesidad de anunciar a los cuatro vientos si cumplimos o no con las políticas de paridad de género. No vemos necesario sacar pecho si una mujer es nombrada presidenta, portavoz o alcaldesa. Es algo normal. Por el contrario los repartidores de carnés de fascista, siempre con su actitud de macho alfa, tienen que dejar clara su política de igualdad de genéro, segregando a las mujeres en grupos feministas.

Nosotros, los fascistas, no vamos proclamando nuestra simpatía con esta o aquella minoría, por el contrario las integramos a todas dentro del respeto por la libertad, la democracia y la diversidad. Quizá por eso, los repartidores de carnés de demócrata, necesiten llamarnos fascistas.

A nosotros, los fascistas, nos invade la zozobra cuando vemos el resurgimiento en Europa y América de movimientos de extrema derecha o extrema izquierda, así como las derivas totalitarias que experimentan algunos países. A los repartidores de carnés de fascista, por el contrario, sólo les molestan los movimientos de extrema derecha, mientras que miran con buenos ojos cualquier ascenso de la izquierda totalitaria o los avances de las dictaduras de izquierdas en América Latina.

Quizá lo que los repartidores de carnés de fascista no quieren ver es que nosotros, los fascistas, somos demócratas convencidos, nacidos, criados o defensores del Estado de Derecho; somos de izquierda, de centro y de derecha; somos hombres y mujeres adinerados, de clase media y pobres; heterosexuales y homosexuales; católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, agnósticos y ateos. No quieren ver que la sociedad española ha evolucionado y superado la larga noche de la dictadura hace mucho tiempo. Que enarbolar nuestra bandera es un síntoma de normalidad democrática, como lo es en Japón, en Grecia, en Venezuela o en Francia.

Nosotros, los fascistas, somos, al fin y al cabo, personas que, sin sectarismos, sin rencores, sin resentimientos, pero también sin miedo, creemos en la libertad, en la democracia y en el Estado de Derecho. Quizá por eso nos llamen fascistas. ¡Ya basta!.

La paradójica España de los recortes I

España, año 2016. Un joven camina por un parque hacia la universidad pública en la que estudia y por la que paga 720 euros anuales. Es un parque municipal perfectamente cuidado. Los árboles están bien podados y apenas se ven unas hojas en el suelo de la ancha acera, señal del otoño que comienza a sentirse con fuerza. Un cartel pegado sobre una farola del alumbrado público invita a los estudiantes para que acudan a una manifestación contra los recortes del Gobierno. A su lado la oferta cultural del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Destaca el Ciclo sobre Literatura Femenina en Asia.

Una señora de unos 50 años enfila caminando la acera que desemboca en el Centro Cultural Municipal de su pueblo. Una localidad con algo menos de 15.000 habitantes, que cuenta con un espacio público de más de 2.000 metros cuadrados, entre los que destaca un auditorio con 600 cómodas butacas. Allí la señora asistirá de forma gratuita a la proyección de la película Tomates Verdes Fritos, programada por el Centro de Municipal de Información a la Mujer. 

Estas son imágenes cotidianas de la España que no nos muestran los informativos en televisión, ni las portadas de los períodicos. No es noticia que la población española goce de innumerables servicios públicos, en su mayor parte gratuitos o con precios que apenas sufragan una fracción de lo que recibe el ciudadano por usarlos. La gente está acostumbrada a recibir todo eso sin cuestionar su origen o su idoneidad. Por el contrario se habla a diario de recortes gubernamentales, los cuales ciertamente se han producido, pero nadie explica muy bien en qué.

¿En qué se ha recortado?. Si la universidad de marras tiene dinero para conformar una agenda cultural de 35 actividades en un solo mes, pareciera que no son tan graves los recortes. ¿O es que quizá se prefiere recortar en otras partidas antes de tocar el presupuesto en actividades culturales?. Qué decir de la creación de múltiples infraestructuras y organismos públicos para los usos más variopintos que se nos puedan ocurrir. Como el Centro Municipal de Información a la Mujer que a buen seguro da empleo a unos cuantos asalariados públicos.

El problema es de percepciones y de falta de criterio en la asignación del gasto público. Por un lado tenemos un país con unos estándares de servicio público muy elevados. Pero la cara oculta es que esos altos niveles no son tan buenos en los servicios básicos: educación, sanidad y justicia. España continúa siendo un país a la cola de la OCDE en materia educativa, mientras que la sanidad pública –una de las mejores del mundo hace unos años- ha vivido un deterioro muy importante a lo largo de la última década.

Los que han tomado como bandera la denuncia contra los recortes, no quieren comprender que España ya no vive la época dorada de la burbuja financiero-inmobiliaria. El estallido de la burbuja supuso también un duro varapalo para los ingresos del Estado. Algo que aún no quieren asumir los apasionados defensores del gasto público desenfrenado.

¡No a los recortes!. ¡Más gasto público!. ¡Más madera!. Vociferan en plaza cercana al ayuntamiento, perfectamente alumbrada y repleta de mobiliario urbano impecable, el cual muy probablemente destrozarán a su paso. Después de la algarada para denunciar el “neoliberalismo salvaje”, que les permite tener una oferta infinita de actividades con cargo al erario público, un nutrido equipo de empleados de limpieza dejarán impoluta la plaza.

Esta es la paradoja que rodea todo este populismo de nuevo cuño que atrae como imán la atención de los medios de comunicación y las redes sociales. Consignas que suenan a música celestial a todos aquellos que pretenden, de un modo u otro, que el Estado sea el garante de su futuro. Un futuro lleno de comodidades sufragadas a golpe de impuestos.

Una minoría políticamente incorrecta

Tengo que confesar varias cosas. Soy varón, caucásico –sin el cuello rojo-, heterosexual y católico, voy a misa los domingos. Además me gusta el toreo, no soy vegano, no consumo productos órganicos de forma sistemática y tampoco tomo cerveza artesanal, de hecho casi no tomo cerveza. No pertenezco a ninguna ONG y tampoco soy activista de nada, que yo sepa. Dicho de otra forma, no formo parte de ninguna minoría.

Pero nada de eso supone una gran revelación. Mi mayor confesión es que no siento ninguna simpatía, así, de entrada, por las causas políticamente correctas. Los asuntos que se tratan en la vida pública son complejos y no se pueden simplificar con un sí o un no, por mucho que la presión de la opinión pública nos lo reclame.

Si me hablan del cambio climático, estoy convencido de que hay que preservar el medioambiente, pero sin aspavientos y con ejemplos concretos. La realidad es que estamos destruyendo el planeta, pero el ritmo de destrucción se ha visto aminorado de forma importante a lo largo de los últimos años. Sobre todo gracias a importantes avances tecnológicos y a los cambios en el grado de industrialización que estamos viviendo. Ya Al Gore nos demostró que escribir libros y publicar videos de ciencia ficticia sobre el tema, a la vez que se paseaba por el mundo emitiendo CO2 con su avión privado, es rentable.

Si leo sobre el enorme problema de los desahucios de viviendas en España, creo que hay que analizar caso por caso. Es curioso que para un fenómeno que tantas portadas ha generado, no existan datos exactos de cuántas personas se han visto forzadas por los cuerpos de seguridad del Estado a abandonar su vivienda habitual por impago. Los activistas antidesahucios, aún sin datos, nos dejan claro que, detrás de su altísima preocupación por los que no pagan su hipoteca, hay una agenda política paralela, cuando no, una forma de vida a cuenta de los presupuestos del Estado.

Si me preguntan por el control de armas de fuego en los EE UU, les recomiendo ver las estadísticas de personas que mueren en ese país como consecuencia de un balazo: 10,54 muertos por cada 100,000 habitantes en 2014. España tuvo 0,62. Hablan por sí solas.

Si el tema es el maltrato animal soy contrario a la violencia gratuita contra los animales. Pero admiro el arte del toreo, una cultura que tiene al animal en su cúspide, lo cual no entienden sus detractores. Menos aún los que jamás se han acercado a conocer cómo vive y cómo muere el toro de lidia. Tampoco me interesan las luchas civiles en pro de los animales, cuando hay tantos humanos sufriendo en el mundo.

Si escucho hablar de la discriminación hacia las mujeres, igualmente creo que no se puede generalizar. ¿Existen menos mujeres en cargos importantes en el ámbito público y privado que hombres?. Sí. Al igual que la población reclusa masculina en España es casi 13 veces superior a la femenina. No, no somos iguales. Pero si queremos defender la igualdad entre sexos, quizá debamos empezar por dejar de permitir el trato de inferioridad, casi de esclavitud, que algunas culturas dan a las mujeres.

Vivimos, los occidentales, en el nivel de vida más alto de la Historia. Ni los reyes ya en el siglo XIX contaban con las comodidades a las que puede acceder cualquier individuo de clase media hoy en día. El grado de libertad de las personas es altísimo. Podemos votar a nuestros representantes, informarnos libremente, buscar en Internet cualquier dato, opinar sobre cualquier asunto, etc. Todo esto lo consideramos absolutamente normal cuando vivimos amparados bajo la democracia capitalista de Occidente.

No obstante, continúan existiendo fuertes desigualdades en nuestra sociedad, aunque quizá no tan agravadas como las que vivían nuestros antepasados. Sobre todo cuando la mayoría de los estados occidentales ponen todos los medios a su alcance para que los ciudadanos tengan sus necesidades básicas cubiertas. Subsidios, ayudas, subvenciones, servicios gratuitos, apoyo social, etc. A todo ello también se ha ido acostumbrando la gente, especialmente en Europa. Muchos piensan que determinados privilegios del sistema democrático capitalista son derechos irrenunciables.

Sin embargo, también existen amenazas al estilo de vida libre y acomodado de Occidente. Muchas de esas amenazas proceden precisamente de la fuerza que las minorías, defensoras de lo políticamente correcto, han ido alcanzando en nuestra sociedad. Estas han ido ganando poder y generando conciencias parcializadas acerca de determinados aspectos de nuestro estilo de vida.

Lo políticamente correcto surge como una nueva forma de cercenar la libertad de los individuos, que sienten el deseo de agradar a todas y cada una de las minorías que nos señalan lo que es moralmente aceptable y lo que no. Nos sentimos culpables por comer carne, por ver espectáculos incorrectos, por tener un determinado color de piel, e incluso porque asesinen a decenas de nuestros semejantes individuos que “no lograron integrarse en nuestra sociedad” libre y democrática, como alguien decía por ahí tras el reciente atentado yihaidista de Niza.

Nuestras preocupaciones ya no son alimentarnos, tener un techo y vestido, sino que tenemos ambiciones y perseguimos objetivos mucho más complejos. Estos nobles fines que inspiran a los firmes seguidores de lo políticamente correcto, no pueden contemplar ningún atisbo de ataque hacia lo que somos como civilización occidental. No pueden crear una culpabilidad que nos englobe a todos como sociedad, imperfecta, por supuesto, pero libre, democrática y plural.

No nos dejemos culpabilizar, no nos dejemos amedrentar. Aunque seamos, como yo me declaro, miembros de una minoría políticamente incorrecta.

Grecia como piedra de toque

Hoy se redacta en los diarios de todo el mundo la crónica de una muerte anunciada, la de la Grecia miembro de la Unión Europea. No son pocos los que apedrean a golpe de tuit a la canciller Angela Merkel y su receta de austeridad que tan poco gusta en los círculos del nuevo populismo europeo. Pero, ¿qué ha hecho Grecia para llegar a esta situación?. Pues seguir todas y cada una de las recetas que se impulsan desde los partidos populistas de izquierda que surgen en Europa, incluido Syriza, el único que ha logrado asumir el poder, precisamente en Grecia, con los resultados que hoy todos leemos.

Grecia es una economía basada en las ayudas procedentes de la Unión Europea. Sus principales sectores productivos: agricultura, transporte marítimo y turismo, apenas suman el 24 por ciento de su PIB. Su capacidad de innovación tecnológica es prácticamente nula, porque no existe ningún tipo de incentivo al respecto. Como alguien comentaba recientemente en un congreso sobre economía, ¿alguno de ustedes conoce algún dispositivo electrónico desarrollado en Grecia?, ¿algún software?.

Más Estado

La búsqueda de un Estado más grande es la receta keynesiana que han impuesto los diferentes gobiernos, incluso en los peores años de la crisis. Ni que decir Syriza, partido formado casi en su totalidad por funcionarios, que llegó al poder con la idea de aumentar el descomunal gasto público del país. Así, nos encontramos que los trabajadores públicos de Grecia tienen un salario medio de 70.000 euros (frente a los  55.000 de los funcionarios alemanes). Tampoco son pocos: cerca de un millón de griegos son empleados del sector público, más del 20 por ciento de la población activa.

Y es que Grecia, como propugnan los nuevos adalides del socialismo, no ha cesado de ampliar las competencias del Estado. Empresas públicas mastodónticas que, con el recorte de las ayudas europeas, se hicieron inviables. Por poner un ejemplo el presupuesto del metro de Atenas ronda los 500 millones de euros al año, mientras que los ingresos en taquilla apenas alcanzan los 90 millones.

¿Queremos seguir los pasos de Grecia?

Hoy todo ha desembocado en la más que segura salida de Grecia de la economía integrada europea y de la moneda única –a la que quizá nunca debió acceder-. Con un pueblo seriamente afectado al ver cómo sus ahorros se ven congelados y, probablemente, convertidos a una moneda devaluada y expuestos a una hiperinflación como la que se vive en Argentina o Venezuela.

Con este panorama, Grecia, para recuperar su economía y el bienestar de sus ciudadanos, no sólo va a tener que seguir la senda de la innombrable austeridad, sino que lo tendrá que hacer por sus propios medios. El fin de la ayuda europea y la ausencia de acceso a los mercados de capitales internacionales, motivarán que la travesía por el desierto que Syriza prometió en su campaña sea aún más dura.

Hoy muchos gritarán –virtualmente- contra la cruda realidad de las consecuencias de políticas económicas absurdas, pero el ciudadano medio podrá comprobar en piel ajena el resultado de los experimentos del socialismo de nuevo cuño. ¿O acaso queremos seguir los pasos del país helénico?.