El balance necesario

A pesar de que desde abril de este año, mes y medio después del inicio de los efectos de la pandemia, ya se hablaba de una negociación con el FMI para la obtención de un crédito blando, no es hasta mediados de septiembre que el Gobierno de Costa Rica anuncia su propuesta de negociación con el organismo internacional. Para sorpresa de propios y extraños, las condiciones se basan en una reforma fiscal en busca de nuevos ingresos para el Estado, tan sólo 15 meses después de la entrada en vigor de la reforma anterior. Una ley tributaria que creaba nuevos impuestos e incrementaba otros. 

En 2018 la sociedad civil, encabezada por el sector privado, comprendió la necesidad de esta reforma, si bien desde el primer momento el apoyo contenía un importante mensaje para el Gobierno de Carlos Alvarado: el balance a la mayor presión fiscal debía ser un ajuste del aparato estatal. Sin embargo, este ajuste nunca llegó. Como tampoco llegaron medidas de reactivación económica que redujeran el impacto en el empleo que supusieron nuevos impuestos en una economía estancada. No parece que nuestros gobernantes hayan aprendido la lección.

 

Resulta evidente que esta propuesta gubernamental busca romper de forma definitiva aquel pacto tácito de 2018, así como el acuerdo político firmado por Carlos Alvarado y Rodolfo Piza, denominado Acuerdo Nacional, que muchos respaldamos y que un año después se convirtió en papel mojado. Las evidencias son contundentes y ya la maquinaria de los depredadores del presupuesto público está en marcha. Dos son los mensajes perversos que se están lanzando desde el depredador insaciable de recursos en que se ha convertido el Estado costarricense.

 

El primero es la amenaza clara y contundente que llega desde las filas de esa academia estatal elitista, sesgada y todopoderosa contra el principal generador de empleo privado de Costa Rica: las zonas francas. Ya las redes sociales arden contra el régimen fiscal de las zonas francas y la presión será mayor en los próximos días. Se trata de una suerte de chantaje brutal contra el sector privado, principalmente contra las decenas de miles de costarricenses que se desempeñan profesionalmente en las zonas francas. “O aceptas el nuevo paquete de impuestos o iré contra las zonas francas”, es el mensaje claro que los mamporreros de los que quieren mantener sus privilegios -hoy en el poder- nos están enviando.

 

El segundo mensaje consiste en culpar al sector privado de ser consistentemente evasor de impuestos. La Contraloría de la República hizo público en estos días un informe -¿casualidad?- acerca de la incapacidad del Ministerio de Hacienda para recaudar los impuestos existentes y señala una serie de falencias en los sistemas de control tributario. Este informe es troceado, interpretado, manoseado de forma partidaria para señalar que la culpa de dicha incapacidad es de los evasores, no del que debería controlar o, sencillamente, cobrar a los sujetos pasivos de los impuestos. La trágica noticia es que hasta en una parte del sector empresarial se aplaude dicha interpretación y se entona el mea culpa.

 

Ante este panorama el sector privado, de nuevo, se divide. Ya se oyen voces hablando de “balancear” la voracidad fiscal del Gobierno Alvarado. Algunos, quizá con irrisorias aspiraciones electorales, creen que este nuevo zarpazo a la creación de empleo y la inversión, les dejaría unas arcas estatales menos depauperadas en un hipotético -y muy remoto- triunfo en 2022. Otros ya han comprado las amenazas y prefieren que se hable de impuestos que no les afectan tanto antes de que les toquen el bolsillo por otro lado, al fin y al cabo siempre hay ganadores y perdedores.

 

Pero aquí el único balance que cabe es el de cumplir con el acuerdo de 2018: ajustar las finanzas públicas agrupando o eliminando instituciones, vendiendo activos que no cumplen ninguna función social o ajustando gasto público en donde menos afecte a la inversión pública. Cualquier otra propuesta que no empiece por un plan de choque de ajuste del gasto público resulta a todas luces inadmisible por parte de los que acordaron soportar el resultado de la reforma fiscal de 2018.

Galgos o podencos

No sé si el amable lector está familiarizado con la fábula de los dos conejos de Tomás de Irarte. En la fábula se narra como dos conejos empiezan a discutir sobre la raza de los perros que los persiguen, galgos o podencos, de modo que al final, imbuidos en la discusión, se despistan y son cazados inexorablemente. 

Esta fábula ejemplifica muy bien esta ceremonia que estamos viviendo en este traspaso de gobierno en Costa Rica. Parece que importa más el sexo o la edad de los cargos que su capacidad para acometer las importantes reformas legislativas y para solucionar las graves deficiencias que deja el ejecutivo saliente.  Ser joven, mayor, alto, bajo, hombre o mujer no otorga especiales capacidades a las personas a la hora de ocupar un cargo público.

Esa especie de panacea titulada “Una nueva forma de hacer política” tendrá sentido si se ven los resultados. Porque algunos corren el riesgo de creer que esta nueva forma no sea más precisamente eso: forma. Meros movimientos para contentar a un sector de la opinión pública.

El Estado costarricense está al borde del colapso. Demasiados años de gasto público incontrolado, de ausencia de proyectos importantes, de permitir que esa inercia inmovilizadora del aquí nunca pasa nada sea la que rija los destinos del país. Llegados aquí poco importa el sexo, la raza, la religión o la edad de los ministros, lo que se necesitan son gestores capaces de tomar decisiones, incluso si son impopulares. Hacen falta personas honestas, valientes y ejecutoras para romper esta inercia.

Carlos Alvarado cuenta con un importante caudal político merced a su abultada victoria en segunda ronda. No necesita gestos para la galería. Es un hombre ambicioso y con las ideas claras. Ahora tiene que poner en marcha esos cinco ejes de los que no se cansó de hablar durante la campaña de balotaje. Ahora lo respalda un gabinete que combina experiencia con audacia, independientemente de la condición personal de cada uno de los componentes. 

Esperemos que estos primeros pasos no representen la continuación de la política de gestos y titulares de Luis Guillermo Solís, que tan escasos resultados dio a lo largo de los últimos cuatro años. Porque no es hora de mirar la raza de los perros que nos persiguen. Es hora de trabajar.

Reflexiones sobre esta campaña... y sobre la Costa Rica del futuro

A estas alturas de la campaña electoral de la segunda ronda o balotaje por la presidencia de Costa Rica, ha llegado el momento de mirar atrás y comprobar los aprendizajes adquiridos durante el proceso.

Para empezar me encuentro estrenando títulos: “socialista”, “comunista” o “chavista”. Son algunos de los pretendidos insultos que he recibido de propios y extraños por apoyar la coalición Rodolfo Piza-Carlos Alvarado. En realidad siempre resulta fácil etiquetar al que no piensa como uno para no tener que ahondar en argumentos. “Si apoyas al PAC eres comunista”, resulta irrefutable. Eso sí, mucho ojo con definir a Fabricio Alvarado como candidato pentecostal, entonces estás “insultando".

Esto me ha mostrado la piel tan fina que tienen las personas cuando se quedan sin argumentos. Enseguida echan mano del sentimiento de ofensa para, de nuevo, abandonar el camino de la argumentación. Se ofenden si les recuerdas el origen pentecostal de su nuevo líder, pero olvidan fácilmente de que te llamaron “chavista” al iniciar la conversación.

Por otro lado a estas alturas de la campaña hago un poco de reflexión más allá del fragor de la batalla, hoy tan intensificada gracias a las redes sociales. Un análisis en la línea del que cerraba hoy el artículo de mi buen amigo Eli Feinzaig en el Semanario Universidad, con respecto al daño a la convivencia que pueda producirse a raíz del fuerte antagonismo vivido en la campaña. No obstante mi reflexión no lleva al mismo lugar. No creo que la sangre llegue al río, por mucho que hayamos visto –por primera vez para mi- una separación absoluta en el alineamiento político de las clases más pudientes del país. En esta ocasión no era TLC sí ó sí, ni Frente Amplio no o no, la clase alta se fragmentó.

Esta ruptura me lleva a pensar que existe una doble vía en la evolución de Costa Rica hacia el futuro. El camino de los que piensan que una economía boyante es suficiente para sacar adelante al país y el de los que buscan un modelo que equilibre lo económico con lo social. El modelo estadounidense frente al modelo europeo, si queremos simplificarlo al máximo.

He insistido mucho en estos días en que la senda del crecimiento económico en Costa Rica, no puede ir separada de los avances en libertades civiles en los que somos un referente mundial. Más aún cuando el país abandonó, años ha, la etiqueta del subdesarrollo para insertarse en la de renta media. Costa Rica en el mundo es admirada por no tener ejército, por su respeto al medioambiente y por contar con personas muy capacitadas, entre otros.

Es innegable que, a pesar de la mala situación de las finanzas del Estado, merced a 10 años de políticas expansivas del gasto público, el potencial económico de Costa Rica es muy alto. Precisamente lo es en este mundo globalizado de la economía de la información, en la que la alta cualificación de las personas está por encima de la mano de obra barata.

No podemos mirar hacia otro lado y pensar que ese mundo que hoy nos admira, seguirá volviendo sus ojos hacia una Costa Rica menguada en derechos civiles, una Costa Rica reaccionaria, una Costa Rica con su capital humano mermado en su libertad. Resulta impensable que en un mundo interconectado podamos darnos el lujo de recortar derechos o revisar nuestra participación en foros internacionales de Derechos Humanos. ¿Qué harían en esa situación las multinacionales que cada año depositan su confianza en Costa Rica como centro de operación regional?.

Hay mucho trabajo por hacer para continuar en el camino del desarrollo humano de todo un pueblo. Sinceramente creo que ese trabajo sólo se puede acometer desde la unidad en torno a un proyecto común basado en la libertad.

Se acabó la fiesta

Han sido tres años y medio de intensa campaña electoral. Por supuesto, en el tramo final el Gobierno del cambio no nos iba a decepcionar y ha redoblado sus esfuerzos por ocultar la realidad de las finanzas públicas, la inseguridad ciudadana y la corrupción que son los factores que más importan a la población. Según las encuestas. Unas encuestas que no tienen credibilidad algunas, gracias a los propios encuestados que mienten o prefieren patear el balde y decir que son indecisos.

A juzgar por las últimas apariciones de Luis Guillermo Solís en redes sociales, a razón de seis posteos diarios -la mayor cobertura jamás vista acerca de las actividades de un funcionario que pareciera no haber pisado Zapote desde que compareciera a cuenta del escándalo del cementazo-, vivimos en una suerte de El Dorado en el que el dinero público fluye cual maná alimentando al pueblo de Israel en el desierto. En paralelo nos cuenta el Ministro de Hacienda que “hemos hecho todo lo posible para reducir el déficit público”, pero el dato es demoledor: 6.2% del PIB es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado en el último año de la Administración Solís.

Parece que el maná no viene del cielo, sino que se transfigura en deuda pública, cuando no en problemas de liquidez, como el anunciado por el propio Solís en agosto del pasado año. Demasidas personas no entienden cómo esto puede afectarles y se dejan llevar por los disfraces presidenciales, los cortes de cinta del avance del 35 por ciento de una rotonda o el folclor local –y bananero- que rodea las incesantes giras de El Presi.

Tres años de más madera en el gasto público han deshecho los efectos de la bonanza económica. La mayor recaudación fiscal no se tradujo en superávit o equilibrio, sino en déficit por la glotonería de una Administración que gasta a manos llenas. Subidas salariales por encima del sector privado, incremento de los presupuestos de las instituciones autónomas y un despligue de transparencia en forma de propaganda nunca antes visto, han sido claves para desequilibrar el presupuesto estatal.

Las señales no pueden ser peores. La caída de la confianza de la deuda tica en los mercados es más que evidente y las tasas ya se sienten en la economía, que comienza a desacelerarse. Además la deuda pública creciente requiere más y más recursos de los mercados de deuda, con la subida de tasas que implica. Mayores tasas suponen menos crédito para el sector privado. Dificultades para el acceso al crédito de las empresas y las familias, que empeoran por la situación en la que los escándalos vividos por los bancos estatales durante esta Administración.

Este empeoramiento de la situación económica ya se traduce en menor consumo privado. Las ventas de carros, por ejemplo, cayeron en 2017 un 13 por ciento. La contracción económica acecha y la única receta que tiene el PAC es subir los impuestos. Una subida que generará aún más problemas para la economía productiva, mientras el Estado continúa en su senda de derroche.

La peor parte de esta historia que nos oculta la incesante Ruta de la Alegría es que todo este despilfarro estatal no se traduce en mejores servicios para los ciudadanos. El transporte público sigue anquilosado en un modelo de los ochenta, la educación no universitaria pública sufre un abandono absoluto, las listas de espera de la Caja son inauditas y las mafias del narcotráfico campan por Costa Rica a su antojo. Tampoco los índices de corrupción son menores, como prometió el PAC durante toda la campaña que les dio la victoria en 2014.

La fiesta se acaba y ahora toca limpiar los estragos que dejan cuatro años de insensatez en el gasto. Eso sí, con mucho color y todo publicado en Facebook.