El balance necesario

A pesar de que desde abril de este año, mes y medio después del inicio de los efectos de la pandemia, ya se hablaba de una negociación con el FMI para la obtención de un crédito blando, no es hasta mediados de septiembre que el Gobierno de Costa Rica anuncia su propuesta de negociación con el organismo internacional. Para sorpresa de propios y extraños, las condiciones se basan en una reforma fiscal en busca de nuevos ingresos para el Estado, tan sólo 15 meses después de la entrada en vigor de la reforma anterior. Una ley tributaria que creaba nuevos impuestos e incrementaba otros. 

En 2018 la sociedad civil, encabezada por el sector privado, comprendió la necesidad de esta reforma, si bien desde el primer momento el apoyo contenía un importante mensaje para el Gobierno de Carlos Alvarado: el balance a la mayor presión fiscal debía ser un ajuste del aparato estatal. Sin embargo, este ajuste nunca llegó. Como tampoco llegaron medidas de reactivación económica que redujeran el impacto en el empleo que supusieron nuevos impuestos en una economía estancada. No parece que nuestros gobernantes hayan aprendido la lección.

 

Resulta evidente que esta propuesta gubernamental busca romper de forma definitiva aquel pacto tácito de 2018, así como el acuerdo político firmado por Carlos Alvarado y Rodolfo Piza, denominado Acuerdo Nacional, que muchos respaldamos y que un año después se convirtió en papel mojado. Las evidencias son contundentes y ya la maquinaria de los depredadores del presupuesto público está en marcha. Dos son los mensajes perversos que se están lanzando desde el depredador insaciable de recursos en que se ha convertido el Estado costarricense.

 

El primero es la amenaza clara y contundente que llega desde las filas de esa academia estatal elitista, sesgada y todopoderosa contra el principal generador de empleo privado de Costa Rica: las zonas francas. Ya las redes sociales arden contra el régimen fiscal de las zonas francas y la presión será mayor en los próximos días. Se trata de una suerte de chantaje brutal contra el sector privado, principalmente contra las decenas de miles de costarricenses que se desempeñan profesionalmente en las zonas francas. “O aceptas el nuevo paquete de impuestos o iré contra las zonas francas”, es el mensaje claro que los mamporreros de los que quieren mantener sus privilegios -hoy en el poder- nos están enviando.

 

El segundo mensaje consiste en culpar al sector privado de ser consistentemente evasor de impuestos. La Contraloría de la República hizo público en estos días un informe -¿casualidad?- acerca de la incapacidad del Ministerio de Hacienda para recaudar los impuestos existentes y señala una serie de falencias en los sistemas de control tributario. Este informe es troceado, interpretado, manoseado de forma partidaria para señalar que la culpa de dicha incapacidad es de los evasores, no del que debería controlar o, sencillamente, cobrar a los sujetos pasivos de los impuestos. La trágica noticia es que hasta en una parte del sector empresarial se aplaude dicha interpretación y se entona el mea culpa.

 

Ante este panorama el sector privado, de nuevo, se divide. Ya se oyen voces hablando de “balancear” la voracidad fiscal del Gobierno Alvarado. Algunos, quizá con irrisorias aspiraciones electorales, creen que este nuevo zarpazo a la creación de empleo y la inversión, les dejaría unas arcas estatales menos depauperadas en un hipotético -y muy remoto- triunfo en 2022. Otros ya han comprado las amenazas y prefieren que se hable de impuestos que no les afectan tanto antes de que les toquen el bolsillo por otro lado, al fin y al cabo siempre hay ganadores y perdedores.

 

Pero aquí el único balance que cabe es el de cumplir con el acuerdo de 2018: ajustar las finanzas públicas agrupando o eliminando instituciones, vendiendo activos que no cumplen ninguna función social o ajustando gasto público en donde menos afecte a la inversión pública. Cualquier otra propuesta que no empiece por un plan de choque de ajuste del gasto público resulta a todas luces inadmisible por parte de los que acordaron soportar el resultado de la reforma fiscal de 2018.

Valores, no derechos

En ocasiones se producen acontecimientos que ponen a prueba la solidez de una sociedad. Estos meses, desde que iniciara la huelga de los sindicatos del sector público, venimos viviendo una de esas situaciones. Por fortuna, la sociedad en general respondió con solidez. No obstante, se puso de manifiesto la descomposición de los valores de una parte importante de la Administración Pública costarricense.

Decenas de miles de funcionarios públicos dejan claro que su conciencia como ciudadanos es nula. Que lo único que les interesa es recibir un salario –seguro- a fin de mes, sin importar la función pública para la que se postularon en su momento. Esos servicios públicos y esenciales que se jactan defender en sus alegatos, no les interesan en lo más mínimo.

Cientos de miles de escolares perdieron un trimestre completo de educación gracias a los que pasean banderas arrogándose la postestad de hablar en nombre del pueblo. ¿Acaso los escolares a los que afectan no son hijos del pueblo costarricense?. ¿No va en contra del pueblo dejar sin el derecho a la educación a infinidad de niños?. 

Centenares de cirujías se suspendieron, algunos niños no pudieron recibir su sesión de quimioterapia o ser intervenidos para ser curados, a pesar de que sus padres pagan todos los meses su cuota obrera a la Caja Costarricense del Seguro Social. Amenazantes y altaneros se les veía a los empleados en la puerta de los hospitales, aunque otros aprovecharon para salir de vacaciones sin el menor recato, mientras el Pueblo no podía acceder a los servicios esenciales.

Miles de casos o trámites judiciales quedaron empantanados gracias al paro indiscriminado e irresponsable de los funcionarios de los juzgados. Por cierto que sus máximos jerarcas, por el camino, decretaron que sus retribuciones no pueden ser ajustadas por el resto de los poderes de la República. Como si el presupuesto del Poder Judicial procediera de sus propios recursos.

En este mismo sentido las universidades estatales, aprovechando la oleada populista sindical, decretaron que su independencia administrativa es también territorial y que sus recursos no son susceptibles de revisión o supervisión por parte del Estado. Lo más curioso fue ver a una supuesta estudiante de origen cubano defender la extraterritorialidad de la UCR, hecho este que causaría tremenda hilaridad en las autoridades de su país de origen.

En definitiva, estos sucesos han venido a dejar claro que el servicio público en Costa Rica está plagado de personas que no tienen ninguna vocación profesional. Que su presunto patriotismo no es más que una excusa para dejar a los ciudadanos sin los servicios esenciales para los que fueron contratados. 

Una situación que tiene que llevarnos a reflexionar acerca de cómo revertir esta falta de conciencia. ¿Cómo hemos llegado a este escenario tan desbalanceada?. ¿Qué medidas debemos tomar, representantes políticos y sociedad civil, para dar vuelta a este sinsentido de Estado de Derecho fallido?. En mi opinión, lejos de buscar culpables o recurrir a la retórica de la limpieza, hemos de encontrar una conciencia compartida como sociedad. Quizá haya llegado el momento de desterrar el falso patriotismo de los derechos sagrados y comenzar a pensar en valores compartidos.

Derechos sagrados

Tienen siempre los himnos algo de épico en sus letras: “Nuestro brazo nervudo y pujante contra el déspota inicuo opresor”, reza el himno patriótico del 15 de septiembre costarricense, escrito por el español Juan Fernández Ferraz. Al fin y al cabo de eso se trata, de ensalzar de forma exacerbada los valores del país al que se dedica el cántico, o de crear un enemigo común, aunque sea irreal. Muchos de esos himnos fueron creados precisamente para generar un imaginario común de Estado.

Ese imaginario creado a finales del siglo XIX en Costa Rica aún sigue vigente -por suerte-, si bien es manoseado hasta el punto de perder, no ya su esencia, sino cualquier atisbo de valor patriótico. 

Hace unos días un grupo de manifestantes coreaban el único verso que les interesaba de ese mismo himno: “… derechos sagrados la Patria nos da”. Apostados al frente de la Asamblea Legislativa empujaban a la policía, a la cual lanzaban botellas, palos y monedas con el fin de asaltar el edificio del Primer Poder de la República. La Patria otorga derechos nada menos que sagrados para insultar, agredir y coaccionar a la autoridad legalmente establecida. 

Esa misma noche un grupo de jóvenes cortaban el libre tránsito en San Pedro de Montes de Oca, a pocos metros de la Universidad de Costa Rica. Al intentar ser disueltos por la policía, con los rostros cubiertos, comenzaron a lanzar todo tipo de objetos a las fuerzas de seguridad. Con la llegada del cuerpo antimotines, los delincuentes huyen a refugiarse dentro del recinto universitario. Un lugar al que los asaltantes y sus defensores atribuyen la misma categoría jurídica de una embajada extranjera. 

Esos derechos sagrados se los atribuyen los supuestos estudiantes agresores gracias a la autonomía administrativa de las universidades públicas. Una inmunidad legal emanada de ese transfigurado imaginario patriótico. 

En esta ocasión el mismísimo Presidente de la República reconoce los derechos sagrados tras la llamada de su mentor político, Alberto Salom, rector de la UNA y uno de los funcionarios mejor pagados de este país. Quedamos advertidos el resto de los ciudadanos: los estudiantes de las universidades públicas tienen más derechos sagrados que cualquier otro. Derechos incluso para delinquir sin posibilidad de detención por las autoridades.

En estos tiempos convulsos la atribución de derechos sagradosemanados de un himno decimonónico es el único valor seguro. El refugio al que se acoge cualquiera que, con un poco de agilidad mental, pretenda imponerse en una sociedad en la que la impunidad es la moneda de cambio de la sociedad.  Bien sea para cortar calles, para destruir bienes públicos, apedrear a policías o tomar el camino corto.

Un valor tan seguro que incluso es avalado por la crema de la intelectualidad patria -parafraseando a Sabina-. Ahí los tienen desde sus púlpitos bañados de pluses salariales y beneficios sociales, el súmmum de los derechos sagradosque defienden en las calles menos de 4,000 sindicalistas. Hablan de equidad tributaria mientras se embolsan salarios de siete dígitos sin el menor reparo.

No hace falta ser muy avispado para darse cuenta de que cualquier ciudadano quiere tener su cuota de derechos sagrados. Si ellos cortan calles sin el menor atisbo de pagar las consecuencias, ¿por qué no voy yo a tirar la basura en medio de la calle?, ¿por qué no voy yo a saltarme un semáforo en rojo?, ¿quién me va a impedir buscar mi beneficio personal en medio de esta situación?. Al fin y al cabo derechos sagrados la Patria nos da.

Claro que lo que nadie canta es esa otra parte del himno: “… a los ruines esbirros espante que prefieren el ocio al honor”.

¿Qué vas a hacer por Costa Rica?

“No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país”, así reza la placa bajo el busto de John F. Kennedy ubicado en el parque homónimo de San Pedro de Montes de Oca. Hoy un buen amigo me dio ese dato después de que yo le citara la famosa frase del malogrado presidente estadounidense, en referencia al proceso electoral cerrado el domingo en Costa Rica. Ya el 5 de febrero pregunté a muchas personas de mi entorno precisamente eso: “¿Estás preocupado?. ¿Qué hiciste los últimos años para evitarlo?”.

Esta contienda electoral ha sido muy intensa. Quizá la más tensa que se recuerda desde el referendum de aprobación del TLC en 2007. Aunque con peculiaridades bastante lejanas de aquel envite, como explico en mi artículo anterior. Las distintas generaciones han experimentado un importante distanciamiento a la hora de acudir a las urnas. Padres e hijos no compartían criterio. Aunque tampoco lo hacían hermanos que entraban en discusión a cuenta de a cuál Alvarado dar el voto. Amigos distanciados por la política y, aún hoy, cuatro días después, gente echando leña al fuego en las redes sociales.

No cabe duda de que se ha producido un resurgimiento del interés en la vida pública en el país. La muestra más clara es que, mientras que hace cuatro años Luis Guillermo Solís tuvo que salir a buscar ministros, hoy Carlos Alvarado tiene fila de pretendientes para casi todos los cargos. Muchos dieron un paso al frente a lo largo de la campaña y entendieron que tenían que involucrarse. El acuerdo con Rodolfo Piza fue el detonante para muchos.

La realidad es que el interés de todos los actores, públicos y privados, es común, o debería serlo: lograr una Costa Rica más desarrollada, más cercana a ese llamado primer mundo. Las diferencias siguen estando en el cómo conseguirlo. Por eso es necesario llegar a acuerdos, a entendimientos, a consensos de mínimos. Un país más desarrollado requiere de más impuestos. Pero también de mayor eficiencia y eficacia en el gasto público. Sobre ambos temas no existen dudas entre la gran mayoría de los ciudadanos. El ciudadano de a pie quiere más seguridad, mejor sanidad, mejor educación, un transporte público útil, infraestructuras modernas y una justicia ágil. Todos queremos lo mismo.

Para lograrlo no basta con criticar, con decir NO, con postear un artículo sobre Venezuela o sobre China, hay que arrollarse las mangas y ayudar a conseguirlo. Puede que este no sea el Gobierno que usted ha elegido, pero es el que tendremos TODOS durante los próximos cuatro años. Al igual que la Asamblea Legislativa. Si les va bien en su interés por hacer una Costa Rica mejor, nos irá bien a todos.

Por el contrario, si nos dedicamos a poner obstáculos, a quejarnos y a reclamar, puede que a los poderes Ejecutivo y Legislativo no les vaya bien. Y a nosotros tampoco. ¿Vamos a seguir pensando en la matemática electoral o con la generosidad que caracteriza a los ciudadanos ejemplares?. ¿Acaso no hemos aprendido nada de este proceso electoral?. ¿Quién apostaba un cinco por Carlos Alvarado en octubre de 2017?.

Eso no significa que no seamos exigentes con gobernantes y legisladores. Que no demandemos honestidad, eficacia y eficiencia. Pero para hacerlo no es suficiente con exigir, amparados en los derechos sagrados que nos da la Patria, como dice el himno. Debemos ser ciudadanos honestos, preocupados e involucrados.

Ahora con el escenario para los próximos cuatro años más claro, vale la pena reformularse la pregunta: ¿qué vas a hacer por Costa Rica durante los próximos años?.

Se acabó la fiesta

Han sido tres años y medio de intensa campaña electoral. Por supuesto, en el tramo final el Gobierno del cambio no nos iba a decepcionar y ha redoblado sus esfuerzos por ocultar la realidad de las finanzas públicas, la inseguridad ciudadana y la corrupción que son los factores que más importan a la población. Según las encuestas. Unas encuestas que no tienen credibilidad algunas, gracias a los propios encuestados que mienten o prefieren patear el balde y decir que son indecisos.

A juzgar por las últimas apariciones de Luis Guillermo Solís en redes sociales, a razón de seis posteos diarios -la mayor cobertura jamás vista acerca de las actividades de un funcionario que pareciera no haber pisado Zapote desde que compareciera a cuenta del escándalo del cementazo-, vivimos en una suerte de El Dorado en el que el dinero público fluye cual maná alimentando al pueblo de Israel en el desierto. En paralelo nos cuenta el Ministro de Hacienda que “hemos hecho todo lo posible para reducir el déficit público”, pero el dato es demoledor: 6.2% del PIB es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado en el último año de la Administración Solís.

Parece que el maná no viene del cielo, sino que se transfigura en deuda pública, cuando no en problemas de liquidez, como el anunciado por el propio Solís en agosto del pasado año. Demasidas personas no entienden cómo esto puede afectarles y se dejan llevar por los disfraces presidenciales, los cortes de cinta del avance del 35 por ciento de una rotonda o el folclor local –y bananero- que rodea las incesantes giras de El Presi.

Tres años de más madera en el gasto público han deshecho los efectos de la bonanza económica. La mayor recaudación fiscal no se tradujo en superávit o equilibrio, sino en déficit por la glotonería de una Administración que gasta a manos llenas. Subidas salariales por encima del sector privado, incremento de los presupuestos de las instituciones autónomas y un despligue de transparencia en forma de propaganda nunca antes visto, han sido claves para desequilibrar el presupuesto estatal.

Las señales no pueden ser peores. La caída de la confianza de la deuda tica en los mercados es más que evidente y las tasas ya se sienten en la economía, que comienza a desacelerarse. Además la deuda pública creciente requiere más y más recursos de los mercados de deuda, con la subida de tasas que implica. Mayores tasas suponen menos crédito para el sector privado. Dificultades para el acceso al crédito de las empresas y las familias, que empeoran por la situación en la que los escándalos vividos por los bancos estatales durante esta Administración.

Este empeoramiento de la situación económica ya se traduce en menor consumo privado. Las ventas de carros, por ejemplo, cayeron en 2017 un 13 por ciento. La contracción económica acecha y la única receta que tiene el PAC es subir los impuestos. Una subida que generará aún más problemas para la economía productiva, mientras el Estado continúa en su senda de derroche.

La peor parte de esta historia que nos oculta la incesante Ruta de la Alegría es que todo este despilfarro estatal no se traduce en mejores servicios para los ciudadanos. El transporte público sigue anquilosado en un modelo de los ochenta, la educación no universitaria pública sufre un abandono absoluto, las listas de espera de la Caja son inauditas y las mafias del narcotráfico campan por Costa Rica a su antojo. Tampoco los índices de corrupción son menores, como prometió el PAC durante toda la campaña que les dio la victoria en 2014.

La fiesta se acaba y ahora toca limpiar los estragos que dejan cuatro años de insensatez en el gasto. Eso sí, con mucho color y todo publicado en Facebook.

Esto era el cambio. Una reflexión pre-electoral para Costa Rica.

Nadie puede negar que Luis Guillermo Solís (LGS) está cumpliendo a cabalidad con su promesa de establecer el Gobierno del Cambio en Costa Rica. El cambio ha sido más que evidente, sobre todo en la forma de ejercer la máxima autoridad del país durante estos casi cuatro años.

Para empezar LGS cambió a todos los cargos de relevancia en todas las instuciones, empresas y organismos del Estado. No quedaron al margen los bancos estatales, uno de ellos hoy quebrado bajo el mandato de algunos de sus más allegados colaboradores. Tampoco el ICE, hoy con un tremendo déficit en sus cuentas, las cuales no quiso hacer públicas LGS a pesar de su prometida transparencia. En paralelo también hemos vivido, gracias a las políticas de expansión del gasto público, cómo las tarifas de los servicios básicos incrementaron astronómicamente, a pesar de la promesa electoral contraria. Cambio sí, a peor.

Cambió también LGS a los jerarcas del MOPT, con su brazo armado el Conavi, o la piñata de la obra pública. No, no lo cerró, a pesar de su cacareado compromiso de cierre. Ahí cambió poco, sólo los jerarcas que, como los anteriores, hicieron de las suyas. Aún tenemos en la memoria la adjudicación de la construcción del edificio del MOPT con un cartel que sólo permitía presentarse a dos empresas.

En la DIS, que tampoco cerró, cambió a su director y puso a su íntimo amigo Mariano Figueres, el cual ya sabemos que también modificó algunas cosas sobre la forma de utilizar la inteligencia patria y, de paso, las visitas a Casa Presidencial. Pero el que más sabe de estos cambios es Juan Carlos Bolaños, hoy en prisión preventiva, que fue invitado de Zapote en numerosas ocasiones. La versión oficial es que lo hizo para “abrir el duopolio cementero”, lo cual nunca sucedió pero sí se enriquecieron unos cuantos de estos gobernantes del cambio.

Pocos recuerdan que el cambio también pasaba por el estado laico. Menos aún que el 6 de febrero de 2014, día de la primera ronda presidencial que llevó al poder a LGS, éste se encontraba en la Catedral Metropolitana. Había que rascar votos católicos el día E. En cualquier caso pocos cambios hemos visto en este tema. Si acaso la patada de los matrimonios homosexuales hacia la CIDH para no mojarse mucho. ¿Ha visto alguien algún movimiento del Gobierno del Cambio para hacer efectiva la sentencia?.

Pero el cambio más profundo se ha producido en la forma de interpretar el mandato popular por parte de LGS. La transparencia y la cercanía han consistido en convertir la Presidencia de la República en una suerte de espectáculo público diario. Miles de posteos en redes sociales, transmisiones en vivo a diario para dar a conocer cualquier avance de obra, videos propagandísticos varios, por no hablar del afán carnavalesco de LGS. Decenas de disfraces nos ha mostrado el mandatario: bombero, piloto, ingeniero, explorador, afrodescenciente y hasta imitador del comandante del Air Force One, con bomber y gorra, cada vez que el viento soplaba más fuerte de lo habitual.  No ha existido un gobierno más atento a las señales meteorológicas que el de LGS.

El resultado del cambio es un país fragmentado con un caldo de cultivo óptimo para el arribo de algún líder populista -¿acaso no hasido el de LGS un gobierno populista?-. Una Costa Rica en la que las redes sociales tienen más credibilidad de los debates en sede parlamentaria o los discursos bien argumentados. Un déficit fiscal galopante imposible de atajar sin una subida de impuestos y, en paralelo, un recorte importante de la estructura estatal, incrementada por el cambio de sillones.

A pocos días de las elecciones, los costarricenses se sienten confundidos ante la fragmentación del voto que auguran las encuestas. Los debates principales, que rentan votos al populismo, poco tienen que ver con la realidad de nuestro día a día como afanados trabajadores, profesionales o empresarios. Sin embargo, lo que parece necesario es un Gobierno que ofrezca estabilidad, medidas concretas, rigor presupuestario y que permita al país seguir avanzando para mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Medite bien su voto… y su futuro.

La paradójica España de los recortes I

España, año 2016. Un joven camina por un parque hacia la universidad pública en la que estudia y por la que paga 720 euros anuales. Es un parque municipal perfectamente cuidado. Los árboles están bien podados y apenas se ven unas hojas en el suelo de la ancha acera, señal del otoño que comienza a sentirse con fuerza. Un cartel pegado sobre una farola del alumbrado público invita a los estudiantes para que acudan a una manifestación contra los recortes del Gobierno. A su lado la oferta cultural del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Destaca el Ciclo sobre Literatura Femenina en Asia.

Una señora de unos 50 años enfila caminando la acera que desemboca en el Centro Cultural Municipal de su pueblo. Una localidad con algo menos de 15.000 habitantes, que cuenta con un espacio público de más de 2.000 metros cuadrados, entre los que destaca un auditorio con 600 cómodas butacas. Allí la señora asistirá de forma gratuita a la proyección de la película Tomates Verdes Fritos, programada por el Centro de Municipal de Información a la Mujer. 

Estas son imágenes cotidianas de la España que no nos muestran los informativos en televisión, ni las portadas de los períodicos. No es noticia que la población española goce de innumerables servicios públicos, en su mayor parte gratuitos o con precios que apenas sufragan una fracción de lo que recibe el ciudadano por usarlos. La gente está acostumbrada a recibir todo eso sin cuestionar su origen o su idoneidad. Por el contrario se habla a diario de recortes gubernamentales, los cuales ciertamente se han producido, pero nadie explica muy bien en qué.

¿En qué se ha recortado?. Si la universidad de marras tiene dinero para conformar una agenda cultural de 35 actividades en un solo mes, pareciera que no son tan graves los recortes. ¿O es que quizá se prefiere recortar en otras partidas antes de tocar el presupuesto en actividades culturales?. Qué decir de la creación de múltiples infraestructuras y organismos públicos para los usos más variopintos que se nos puedan ocurrir. Como el Centro Municipal de Información a la Mujer que a buen seguro da empleo a unos cuantos asalariados públicos.

El problema es de percepciones y de falta de criterio en la asignación del gasto público. Por un lado tenemos un país con unos estándares de servicio público muy elevados. Pero la cara oculta es que esos altos niveles no son tan buenos en los servicios básicos: educación, sanidad y justicia. España continúa siendo un país a la cola de la OCDE en materia educativa, mientras que la sanidad pública –una de las mejores del mundo hace unos años- ha vivido un deterioro muy importante a lo largo de la última década.

Los que han tomado como bandera la denuncia contra los recortes, no quieren comprender que España ya no vive la época dorada de la burbuja financiero-inmobiliaria. El estallido de la burbuja supuso también un duro varapalo para los ingresos del Estado. Algo que aún no quieren asumir los apasionados defensores del gasto público desenfrenado.

¡No a los recortes!. ¡Más gasto público!. ¡Más madera!. Vociferan en plaza cercana al ayuntamiento, perfectamente alumbrada y repleta de mobiliario urbano impecable, el cual muy probablemente destrozarán a su paso. Después de la algarada para denunciar el “neoliberalismo salvaje”, que les permite tener una oferta infinita de actividades con cargo al erario público, un nutrido equipo de empleados de limpieza dejarán impoluta la plaza.

Esta es la paradoja que rodea todo este populismo de nuevo cuño que atrae como imán la atención de los medios de comunicación y las redes sociales. Consignas que suenan a música celestial a todos aquellos que pretenden, de un modo u otro, que el Estado sea el garante de su futuro. Un futuro lleno de comodidades sufragadas a golpe de impuestos.

Grecia como piedra de toque

Hoy se redacta en los diarios de todo el mundo la crónica de una muerte anunciada, la de la Grecia miembro de la Unión Europea. No son pocos los que apedrean a golpe de tuit a la canciller Angela Merkel y su receta de austeridad que tan poco gusta en los círculos del nuevo populismo europeo. Pero, ¿qué ha hecho Grecia para llegar a esta situación?. Pues seguir todas y cada una de las recetas que se impulsan desde los partidos populistas de izquierda que surgen en Europa, incluido Syriza, el único que ha logrado asumir el poder, precisamente en Grecia, con los resultados que hoy todos leemos.

Grecia es una economía basada en las ayudas procedentes de la Unión Europea. Sus principales sectores productivos: agricultura, transporte marítimo y turismo, apenas suman el 24 por ciento de su PIB. Su capacidad de innovación tecnológica es prácticamente nula, porque no existe ningún tipo de incentivo al respecto. Como alguien comentaba recientemente en un congreso sobre economía, ¿alguno de ustedes conoce algún dispositivo electrónico desarrollado en Grecia?, ¿algún software?.

Más Estado

La búsqueda de un Estado más grande es la receta keynesiana que han impuesto los diferentes gobiernos, incluso en los peores años de la crisis. Ni que decir Syriza, partido formado casi en su totalidad por funcionarios, que llegó al poder con la idea de aumentar el descomunal gasto público del país. Así, nos encontramos que los trabajadores públicos de Grecia tienen un salario medio de 70.000 euros (frente a los  55.000 de los funcionarios alemanes). Tampoco son pocos: cerca de un millón de griegos son empleados del sector público, más del 20 por ciento de la población activa.

Y es que Grecia, como propugnan los nuevos adalides del socialismo, no ha cesado de ampliar las competencias del Estado. Empresas públicas mastodónticas que, con el recorte de las ayudas europeas, se hicieron inviables. Por poner un ejemplo el presupuesto del metro de Atenas ronda los 500 millones de euros al año, mientras que los ingresos en taquilla apenas alcanzan los 90 millones.

¿Queremos seguir los pasos de Grecia?

Hoy todo ha desembocado en la más que segura salida de Grecia de la economía integrada europea y de la moneda única –a la que quizá nunca debió acceder-. Con un pueblo seriamente afectado al ver cómo sus ahorros se ven congelados y, probablemente, convertidos a una moneda devaluada y expuestos a una hiperinflación como la que se vive en Argentina o Venezuela.

Con este panorama, Grecia, para recuperar su economía y el bienestar de sus ciudadanos, no sólo va a tener que seguir la senda de la innombrable austeridad, sino que lo tendrá que hacer por sus propios medios. El fin de la ayuda europea y la ausencia de acceso a los mercados de capitales internacionales, motivarán que la travesía por el desierto que Syriza prometió en su campaña sea aún más dura.

Hoy muchos gritarán –virtualmente- contra la cruda realidad de las consecuencias de políticas económicas absurdas, pero el ciudadano medio podrá comprobar en piel ajena el resultado de los experimentos del socialismo de nuevo cuño. ¿O acaso queremos seguir los pasos del país helénico?.