Recuperemos la sensatez

Los acontecimientos recientes nos invitan a tomar un poco de distancia de todo lo que viene sucediendo desde el 6 de septiembre en España, en Cataluña. La distancia que nos ofrecen los hechos, ya consumados, para recobrar la sensatez propia de una de las democracias más fuertes del mundo. Esto del nivel democrático de España no lo digo yo, lo dice el semanario económico más prestigioso del mundo The Economist en su Democracy Index 2016. Nuestro país está en el puesto 17 de 167 países, por delante de Francia o Japón, por ejemplo.

Quizá este sea el primer paso hacia la sensatez perdida: reconocer que España es una democracia mejorable, como todas, pero que funciona con total normalidad. El pacto constitucional de 1978 no ha dado malos frutos, por mucho que ahora nos empeñemos en revisarlo ante cualquier visicitud propia del Estado de Derecho. Como digo mejorable, pero afirmar que es inválido, sencillamente es faltar a la verdad o intentar deslegitimar la solidez democrática de España.

La tozudez de la realidad, que nos insta de igual modo a recuperar la sensatez, desmonta muchas de las consignas que se vierten para fortalecer una determinada posición política. Veamos algunas. Cataluña es parte de la Unión Europea (UE) como consecuencia de su pertenencia a España. Una Cataluña independiente no se convertiría de forma automática en miembro de la UE. No es una opinión personal, sino la realidad del marco legal de la Unión, como todos los líderes europeos han expresado a lo largo de las últimas semanas.

Fuera de la UE parece claro que Cataluña tendría serios problemas de estabilidad económica y jurídica. La huida de más de 1.000 empresas en menos de dos semanas así lo pone de manifiesto. El dinero es cobarde y no quiere riesgos. Lo cual ha provocado la caída del mito del maná de una economía catalana autónoma. Un mercado de 7 millones de catalanes es menos interesante que un mercado de 40 millones de españoles o 500 millones de europeos. La UE es la economía más grande del mundo. Un mercado abierto, sólido y confiable.

Otro hecho que ha quedado constatado en estas últimas semanas es la división de opiniones existente en la sociedad catalana. Si bien las elecciones de 2015 dejaron claro que el independentismo logró el 48 por ciento de los votos, la propaganda contínua del separatismo hace creer que los catalanes que quieren dejar de pertenecer a España son una inmensa mayoría de población. Una falsedad que el propio reférendum ilegal dejó claro al conseguir tan sólo un 38 por ciento de votos de la totalidad de catalanes llamados a la consulta. Datos que además están en entredicho dada la falta de rigor del proceso.

Esa división de opiniones ha dado paso, gracias al empeño secesionista por arrinconar a la población catalana que se siente española, a una importante fractura social. Quizá se a esta la más grave de las consecuencias de todo este sinsentido. Una Cataluña dividida, enfrentada y sumida en la protesta contínua, no puede ser una región pujante como lo ha sido históricamente. Aquí es donde la recuperación del ´seny´, la sensatez, es crucial para Cataluña y el resto de España.

Del lado de los gobiernos centrales, también se requiere recuperar la sensatez. Dejar crecer un problema larvado, en una comunidad autónoma con tanta capacidad de autogobierno como es Cataluña, ha llevado el estado de las cosas hasta aquí. Décadas de adoctrinamiento en los colegios, propaganda institucional separatista e incluso la instalación en el exterior de células en busca de apoyos internacionales, no podrían arrojar otro resultado.

Pensar que todo el sentimiento secesionista cultivado por décadas, puede desaparecer por la vía de la legalidad coercitiva sería iluso. El Gobierno tiene que encontrar cauces para demostrar que Cataluña es mucho más dentro de España que aislada. Tienen los partidos constitucionalistas un reto importante dentro del Estado de Derecho, pero con altura de miras para devolver la sensatez y la concordia al pueblo catalán.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución no puede tener como resultado una mayor fractura social en Cataluña. Tampoco puede derivar en una campaña electoral de seis meses en la que los argumentos, aunque destrozados por la realidad, continúen siendo los mismos. Tiene que quedar clara la voluntad de normalizar la vida en Cataluña dentro del marco de convivencia democrática, entendiendo que existen demandas con un amplio respaldo de la población catalana, pero también excesos en la búsqueda de homogeneizar a ese mismo pueblo.

Hay que recuperar la sensatez y ahí los catalanes, todos los catalanes, tienen mucho que decir porque ha llegado su momento.

Nosotros, los fascistas

Madrid 12 de octubre de 2017, un joven se aproxima a presenciar el desfile conmemorativo del Día de la Hispanidad. Porta una bandera de España a la que anexa otra con los colores arcoiris de la diversidad sexual. El resto de los asistentes lo saludan amigablemente, algunos “incluso me han pedido tomarse fotos conmigo”, confirma Valentín Garal, orgulloso defensor de la libertad.

Esa misma noche, Valentín accede a una discoteca gay con un lazo con los colores de la enseña nacional. El joven es increpado hasta en cuatro ocasiones por personas de su misma orientación sexual, tachándolo de facha, fascista o pregúntandole de forma despectiva “¿por qué llevas eso?”.

Les da la razón a los que acusan a Valentín el conocido columnista Javier Marías en su hoja parroquial dominical en El País, el medio de comunicación del centroizquierda español. Dice Marías que “siempre que veía gran número de banderas me acordaba de Núremberg” y que esta oleada de banderas españolas es “el despertar de un nacionalismo peligroso que llevaba décadas adormecido”.

Estas afirmaciones procedentes de uno de los líderes intelectuales de la izquierda moderada española no es un caso aislado. Portar una bandera de España es considerado, para una parte de los españoles, un símbolo de pertenencia a la extrema derecha. Dicho de otro modo, los que nos sentimos españoles y lo confirmamos usando la bandera de nuestro país somos unos fascistas.

Nosotros, los fascistas, no increpamos a los que usan la bandera del orgullo gay. Lo respetamos, porque respetamos la diversidad, pero no hacemos alharacas por ello. Quizá sea porque en nuestras filas fascistas militan muchos homosexuales y no los señalamos como tales, sino como uno más. Por el contrario estos repartidores de carnés de fascista, los intelectuales de la izquierda y los portadores de camisetas del Ché Guevara –homófobo de reconodida trayetoria criminal, pero al que se le perdona todo por sus revolucionarias ideas-, tienen la necesidad de repertirnos una y otra vez su rechazo al hetropatricarcado o a la ideología de género.

En esta misma línea, nosotros, los fascistas, somos hombres y mujeres, sin distinción, sin necesidad de anunciar a los cuatro vientos si cumplimos o no con las políticas de paridad de género. No vemos necesario sacar pecho si una mujer es nombrada presidenta, portavoz o alcaldesa. Es algo normal. Por el contrario los repartidores de carnés de fascista, siempre con su actitud de macho alfa, tienen que dejar clara su política de igualdad de genéro, segregando a las mujeres en grupos feministas.

Nosotros, los fascistas, no vamos proclamando nuestra simpatía con esta o aquella minoría, por el contrario las integramos a todas dentro del respeto por la libertad, la democracia y la diversidad. Quizá por eso, los repartidores de carnés de demócrata, necesiten llamarnos fascistas.

A nosotros, los fascistas, nos invade la zozobra cuando vemos el resurgimiento en Europa y América de movimientos de extrema derecha o extrema izquierda, así como las derivas totalitarias que experimentan algunos países. A los repartidores de carnés de fascista, por el contrario, sólo les molestan los movimientos de extrema derecha, mientras que miran con buenos ojos cualquier ascenso de la izquierda totalitaria o los avances de las dictaduras de izquierdas en América Latina.

Quizá lo que los repartidores de carnés de fascista no quieren ver es que nosotros, los fascistas, somos demócratas convencidos, nacidos, criados o defensores del Estado de Derecho; somos de izquierda, de centro y de derecha; somos hombres y mujeres adinerados, de clase media y pobres; heterosexuales y homosexuales; católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, agnósticos y ateos. No quieren ver que la sociedad española ha evolucionado y superado la larga noche de la dictadura hace mucho tiempo. Que enarbolar nuestra bandera es un síntoma de normalidad democrática, como lo es en Japón, en Grecia, en Venezuela o en Francia.

Nosotros, los fascistas, somos, al fin y al cabo, personas que, sin sectarismos, sin rencores, sin resentimientos, pero también sin miedo, creemos en la libertad, en la democracia y en el Estado de Derecho. Quizá por eso nos llamen fascistas. ¡Ya basta!.

De la nueva relatividad moral

No cabe duda de que vivimos en una época extraña. Un tiempo en el que la relatividad moral se ha adueñado de la escena pública sin ningún reparo. En el que los derechos humanos se relativizan sin sonrojo a conveniencia de intereses espurios.

Así, nos encontramos con paradojas como el contínuo reproche a cualquier actitud o insinuación que tenga un lejano atisbo de machismo. Eso tiene validez siempre y cuando el presunto machista sea occidental y, además, pertenezca a algún grupo sospechoso de no comulgar con las tendencias globales de lo políticamente correcto. Si esto ocurre el emisor del mensaje puede ser vilipendiado, valupeado e insultado sin sonrojo.

La relatividad moral se pone de manifiesto cuando los vilipendiadores del supuesto machista, no tienen empacho a la hora de simpatizar con regímenes autoritarios que someten a la mujer en sus sociedades. Más aún si el régimen de turno extiende pingües subvenciones a favor de las actividades propagandísticas de los defensores de esta nueva moral occidental.

Tres cuartos de lo mismo ocurre cuando algunos políticos, abanderados de los derechos de los homosexuales, resultan ser acérrimos defensores de dictaduras que aplastan esos mismos derechos de forma sistemática. No olvidemos la admiración que sienten –siempre desde la comodidad de la democracia occidental-, todos estos impulsores de la nueva moral pública por el régimen de la familia Castro en Cuba.

Algo parecido sucede con los derechos de los trabajadores, los parados o los más necesitados. Siempre son los demás, los reaccionarios, los que los violentan de forma sistemática. Pero la realidad es tozuda y nos muestra a los líderes de esos movimientos sociales (sic) en su actuar fuera de cámaras y de redes sociales como verdaderos déspotas. Verbigracia ese gran líder argentino que no pagaba la seguridad social a su asistente doméstico. Por no hablar del nepotismo ilustrado que copa los puestos públicos en aquellos lugares en los que gobierna cualquiera de estos predicadores de la nueva moral.

Muchos se rasgan las vestiduras por los derechos de los animales. Algunos incluso los tratan como a seres humanos -¡cuánto daño ha hecho Disney a nuestra tierna y acomplejada conciencia colectiva!-.  Pero no tenemos reparo a la hora de justificar o incluso sentir cierta simpatía por los actos terroristas contra seres humanos. No extraña ver a los propietarios de la verdadera moral moderna, ensalzar la figura de terroristas. Incluso los admiten en sus filas con regocijo.

Cualquier intento de un gobierno democrático por regular derechos como la libertad de expresión o libre movimiento de los ciudadanos es criticado, como no puede ser de otro modo, de forma unánime y contundente. Pero mucho cuidado con criticar la represión brutal a la que los regímenes de izquierda someten a su pueblo. Los líderes bolivarianos, por ejemplo, pueden cerrar medios de comunicación contrarios al régimen, apalear manifestantes o encarcelar opositores a su antojo. No hay problema. La mera adscripción a las tendencias morales globales les exime de su cumplimiento.

Algo igual sucede con la división de poderes. Las democracias occidentales, con sus mejorables sistemas de elección de poderes siempre serán, a los ojos de los apóstoles de la nueva moral, sistemas represivos en manos de las oligarquías. Por el contrario, la inexistencia de división de poderes de sus admirados –y benefactores- regímenes dictatoriales, ejercen siempre el poder estatal a favor de los más desfavorecidos.

Y así, sin darnos cuenta, vamos cayendo en el juego terrible de esa doble moral de la que acusábamos al clero en los tiempos del franquismo: “Haced lo que yo os diga, pero no hagáis lo que yo hago”. Lo mejor de todo es que la compramos, la hacemos propia y la divulgamos mediante inocentes videos con grandes letras en nuestros muros en redes sociales. Y cuídese el amable lector de no hacerlo, de no apoyar alguno de los aspectos generalmente aceptados por esta nueva -y relativa- moral, porque puede ser tachado de insolidario, fascista, reaccionario...

Democracia de saldo y sus efectos en Occidente

Reino Unido,  23 de junio de 2016, el 51,9 por ciento de los votantes deciden que su país debe abandonar la Unión Europea. Colombia, 2 de octubre de 2016, el 50,2 por ciento de los votantes no respaldan los acuerdos de paz del Gobierno con el grupo terrorista FARC. Turquía, 16 de abril de 2017, el 51,4 por ciento de los electores apoyan un cambio constitucional para susituir el sistema democrático parlamentario por uno presidencialista, el cual otorga amplios poderes a Erdogan para gobernar sin control del legislativo.

Son tres ejemplos a los que podemos añadir lo sucedido en las recientes elecciones presidenciales de los EE UU y Ecuador, entre otros. Soy consciente de que estos dos casos pueden ser idénticos muchos otros balotajes. La cuestión es que las opciones que se enfrentan son cada vez más antagónicas. No podemos comparar la elección de Obama versus Romney, con la de los dos últimos contendientes en las presidenciales estadounidenses.

La exaltación del patriotismo –más bien patrioterismo-, la apelación a sentimientos de clase o la tergiversación de los argumentos hasta límites insospechados, cuando no la vil mentira, son las armas empleadas por los políticos en pleno siglo XXI para ganar elecciones. Goebbels  tiene más seguidores que Churchill en esta época en la que vivimos.

Los resultados de los comicios son automáticos: la población del país dividida en dos, polarización social y problemas de convivencia. A las elecciones en los EE UU y al referédum del Brexit siguieron manifestaciones de los perdedores. A las de Ecuador y Turquía, impugnaciones.

El impacto de resultados electorales en los que se confronta a la población de forma interesada puede ser devastador para la economía y la sociedad de un país. La cuestión que hay que plantearse es si es sostenible democráticamente que continuemos viendo campañas así o, lo que es peor, sus consecuencias. Dramáticas en algunos casos.

La democracia ha comenzado a ser utilizada como arma arrojadiza por parte de los vencedores contra los vencidos. Las urnas son sagradas a pesar de que, en el fragor de la batalla, para vencer, se haya mentido, manipulado o destruido la credibilidad de un país entero. Como ejemplo más palmario el del impulsor del Brexit, Nigel Farage que, tras vencer el referendo, admitió haber ofrecido datos inflados sobre lo que el Reino Unido aporta a la Unión Europea.

Por no hablar de la campaña de Trump contra el traslado de empleos de mano de obra barata a México o China. Empleos que nadie quiere en los EE UU, país te cuenta con una de las tasas de desempleo más bajas de los últimos 20 años. Pero la Historia no recordará las mentiras y falacias de los líderes políticos a lo largo de las campañas electorales, sólo quedarán los resultados.

Los procesos electorales están quedando en entredicho. El populismo, filtraciones periodísticas interesadas unidas a la falta de información contrastada o el desinterés de la población por la política, están haciendo de nuestro sistema democrático una suerte de mercado de votos sin pies ni cabeza. Los economistas alertan de la creciente influencia de líderes populistas, como la ultraderecha en Francia o la extrema izquierda en España. De lo que hablamos poco es de cómo está afectando esta deriva antidemocrática a Occidente.

¿Y si es Albert Rivera?

Algunos hablan de su juventud (36 años) y su falta de experiencia. Sin embargo, Albert Rivera es el líder político que mayor caudal de votos ha logrado en sus primeras elecciones a nivel nacional. Más mérito aún si tenemos en cuenta que Ciudadanos (C´s) no ha tenido la capacidad financiera del resto de sus rivales en las elecciones del 20-D.

Rivera no tiene muertos en el baúl. Ni casos de corrupción, como PSOE o PP, ni apoyos de gobiernos extranjeros con un claro sentido anti-democrático, como Podemos. Tampoco ha trazado cordones sanitarios a la hora de pactar con otras formaciones políticas. Aunque más que pactos, C´s lo que ha posibilitado han sido gobiernos estables en varias comunidades autónomas  y ayuntamientos importantes.

Los únicos requisitos claros de C´s en este período han sido la unidad de España y la lucha contra la corrupción. Para Podemos y sus alianzas territoriales con el independentismo (Cataluña, Valencia, País Vasco y Galicia) la unidad de nuestro país es una entelequia a la que denominan “realidad plurinacional”, un aforismo inventado en la época de Rodríguez Zapatero y que nos ha traído hasta aquí.

De igual modo parece que ni PP ni PSOE pueden sacar pecho en lo que a corrupción se refiere. Los casos de corrupción son importantes en las filas de una y otra formación. Por mucho que Pedro Sánchez se empeñe, los casos de Andalucía son gravísimos y semanalmente vemos nuevos imputados, a pesar de haber conseguido sacar a la juez Alaya de la instrucción.

Rivera no ha pedido sillones. Ha pedido unidad y un gran pacto de Estado. Tiene claro que unas nuevas elecciones no son la solución de España, porque muy probablemente el arco iris actual volverá a tornarse rojo y azul. Podemos y C´s se verían con toda seguridad perjudicados, pero los defenestrados serían Rajoy y Sánchez, los cuales aún se resisten a entender que son el obstáculo para el gran pacto que solicita la mayoría de los españoles.

En una encuesta de Metroscopia publicada por el diario El País, vemos que ni tan siquiera los votantes de PSOE y PP otorgan el apoyo a sus respectivos candidatos. Menos aún los de C´s. Curiosamente los votantes de Podemos se declaran más partidarios de un Gobierno presidido por Sánchez (72%) que los propios electores socialistas (57%).

En esa misma encuesta Albert Rivera aparece como el líder político más valorado tras las elecciones de diciembre. Rivera está a decenas de puntos de ventaja sobre Iglesias, Sánchez o Rajoy, todos ellos desaprobados ampliamente en la consulta. Quizá porque los ciudadanos hemos visto en él al único líder político humilde que ha sido capaz de negociar con todos y el verdadero artífice del pacto en el Congreso de los Diputados, en el que PSOE y PP han cedido.

Ante este panorama, si empleamos el sentido común, parece claro que el verdadero candidato a presidir esta época turbulenta de la Historia de España es un muchacho joven, pero capaz, inteligente, negociador, abierto y fresco llamado Albert Rivera.

Con este Pacto de Estado PP+PSOE+C´s, podríamos soñar los españoles con lograr los mejores resultados por medio de las reformas que llevamos décadas pidiendo y que han estado al albur de los movimientos partidistas de los grandes actores políticos desde la transición. Hablamos de educación, lucha contra la corrupción, régimen territorial y racionalización del gasto público. Temas de los que nadie habla en estos días, sólo Albert Rivera. Démosle la oportunidad.