¿Qué ocurre en Cataluña?. Una versión para no españoles.

Muchos amigos de fuera de España me preguntan acerca de lo que viene sucediendo en nuestro país con respecto al intento de secesión de Cataluña. En primer lugar, hay que tener muy claro que la sociedad catalana es diversa y no coincide con esa identidad independentista que a veces se nos ofrece desde algunos medios. El 27 de septiembre de 2015 los catalanes fueron llamados a las urnas –los catalanes han acudido a las urnas tres veces en menos de dos años- para elegir al gobierno autonómico por medio del sistema de representación parlamentario. Los partidos independentistas (Junts Pel Sí y CUP) obtuvieron un 47,8 por ciento de los sufragios.

Esta victoria simple permitió al independentismo formar mayoría absoluta parlamentaria gracias a la distribución de los votos frente a las escaños. Las provincias catalanas más proclieves al secesionismo necesitan menos votos para conseguir representación, frente a Barcelona, la provincia más poblada y menos nacionalista. La coalición en el poder autonómico catalán nombró a Carles Puigdemont president. Si bien él nunca fue el candidato, el partido anticapitalista CUP obligó a Junts Pel Sí a sustituir al candidato más votado: Artur Mas.

Autonomía regional

España está conformada por diecisiete comunidades autónomas, las cuales cuentan con diferentes niveles de autogobierno. Cataluña es una de las regiones con mayor capacidad en la gestión de los servicios. Salud, educación, seguridad pública o infraestructuras, son algunas de las competencias que corresponden administrar de forma autónoma a la Generalitat de Cataluña. A pesar de este alto nivel de autogobierno, similar e incluso superior en algunos casos al de los lander alemanes, el nacionalismo reclama más soberanía a España.

Un intento de obtener más competencias para Cataluña se produjo en 2006, con la aprobación de un estatuto de autonomía que incorporaba elementos de autogobierno que fueron desestimados por el Tribunal Constitucional español en 2010. A partir de ahí, sumida España en plena crisis económica, el independentismo comienza a fortalecerse mezclando crisis y recortes con autogobierno. El discurso secesionista se centra en la fortaleza de la economía catalana, la continuidad de Cataluña en la Unión Europea (UE) y en una narrativa histórica sobre la existencia de una singularidad territorial ancestral y reprimida por España. La salida es la realización de un referéndum de independencia el cual no tiene encaje en la Constitución Española de 1978, a la sazón aprobada por más del 90 por ciento de los catalanes en sufragio universal.

La situación actual

La exigua mayoría parlamentaria separatista aprueba el día 6 de septiembre la celebración de este referéndum para el 1 de octubre. Esta consulta vinculante fue decretada inconstitucional y anulada por el Tribunal Constitucional.  A pesar de la ilegalidad, Carles Puigdemont y sus socios de gobierno autonómico insisten en realizar el referéndum sin ningún tipo de garantía democrática -censo universal, votos duplicados, etc-. Del inválido resultado se obtiene una declaración de independencia votada el 27 de octubre por 70 de los 135 miembros del parlament.

A raíz de estos hechos, Cataluña entra en una especie de incertidumbre jurídica que tiene importantes consecuencias. Más de 1.800 empresas, entre ellas los bancos y la industria más importante, decide cambiar su sede a otros lugares de España. La UE expresa la imposibilidad de aceptar una Cataluña independiente en su seno de forma directa.

A partir de ahí el Gobierno español de Mariano Rajoy, el mismo 27 de octubre, con el apoyo de más del 70 por ciento de las fuerzas parlamentarias españolas, aplica los mecanismos de intervención para devolver la legalidad a Cataluña. El famoso artículo 155 de la Constitución Española, que es votado a favor por 214 de los 262 senadores elegidos en 2016 por el pueblo español.

Con la autorización del Senado, el Gobierno catalán es cesado y se convocan elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.  Estas medidas son aceptadas por la práctica totalidad de los cargos políticos catalanes, si bien los que instigaron la declaración tendrán que asumir las consecuencias legales al considerar la justicia que cometieron delito de rebelión. Sin embargo, el presidente regional cesado, Puigdemont, junto con cuatro de sus ex-consejeros, decide marcharse a Bélgica huyendo de las posibles consecuencias legales de la declaración unilateral de independencia.

Convocatoria electoral 21D

Se abre así un proceso electoral aceptado por todos los partidos catalanes, si bien la resistencia a acatar las decisiones de la justicia española por parte de Puigdemont y algunos de sus correligionarios, pueden mantener este escenario de incertidumbre.

Ante la convocatoria electoral, el independentismo tiene ante sí el reto de retomar la senda de la legalidad y la negociación dentro del marco constitucional. Asumiendo las consecuencias que desmontan su discurso sobre la economía y la permanencia en la UE. Por su parte las fuerzas constitucionalistas deben encontrar cauces para demostrar que Cataluña es mucho más dentro de España que aislada y recuperar así la normalidad social. Mención aparte merece la formación política de corte chavista Podemos (aliada a otra marca electoral denominada Catalunya Sì que es Pot), la cual mantiene una actitud ambivalente sobre el independentismo, en la búsqueda de mantener o ampliar su caudal de votos entre del nacionalismo catalán.

Recuperemos la sensatez

Los acontecimientos recientes nos invitan a tomar un poco de distancia de todo lo que viene sucediendo desde el 6 de septiembre en España, en Cataluña. La distancia que nos ofrecen los hechos, ya consumados, para recobrar la sensatez propia de una de las democracias más fuertes del mundo. Esto del nivel democrático de España no lo digo yo, lo dice el semanario económico más prestigioso del mundo The Economist en su Democracy Index 2016. Nuestro país está en el puesto 17 de 167 países, por delante de Francia o Japón, por ejemplo.

Quizá este sea el primer paso hacia la sensatez perdida: reconocer que España es una democracia mejorable, como todas, pero que funciona con total normalidad. El pacto constitucional de 1978 no ha dado malos frutos, por mucho que ahora nos empeñemos en revisarlo ante cualquier visicitud propia del Estado de Derecho. Como digo mejorable, pero afirmar que es inválido, sencillamente es faltar a la verdad o intentar deslegitimar la solidez democrática de España.

La tozudez de la realidad, que nos insta de igual modo a recuperar la sensatez, desmonta muchas de las consignas que se vierten para fortalecer una determinada posición política. Veamos algunas. Cataluña es parte de la Unión Europea (UE) como consecuencia de su pertenencia a España. Una Cataluña independiente no se convertiría de forma automática en miembro de la UE. No es una opinión personal, sino la realidad del marco legal de la Unión, como todos los líderes europeos han expresado a lo largo de las últimas semanas.

Fuera de la UE parece claro que Cataluña tendría serios problemas de estabilidad económica y jurídica. La huida de más de 1.000 empresas en menos de dos semanas así lo pone de manifiesto. El dinero es cobarde y no quiere riesgos. Lo cual ha provocado la caída del mito del maná de una economía catalana autónoma. Un mercado de 7 millones de catalanes es menos interesante que un mercado de 40 millones de españoles o 500 millones de europeos. La UE es la economía más grande del mundo. Un mercado abierto, sólido y confiable.

Otro hecho que ha quedado constatado en estas últimas semanas es la división de opiniones existente en la sociedad catalana. Si bien las elecciones de 2015 dejaron claro que el independentismo logró el 48 por ciento de los votos, la propaganda contínua del separatismo hace creer que los catalanes que quieren dejar de pertenecer a España son una inmensa mayoría de población. Una falsedad que el propio reférendum ilegal dejó claro al conseguir tan sólo un 38 por ciento de votos de la totalidad de catalanes llamados a la consulta. Datos que además están en entredicho dada la falta de rigor del proceso.

Esa división de opiniones ha dado paso, gracias al empeño secesionista por arrinconar a la población catalana que se siente española, a una importante fractura social. Quizá se a esta la más grave de las consecuencias de todo este sinsentido. Una Cataluña dividida, enfrentada y sumida en la protesta contínua, no puede ser una región pujante como lo ha sido históricamente. Aquí es donde la recuperación del ´seny´, la sensatez, es crucial para Cataluña y el resto de España.

Del lado de los gobiernos centrales, también se requiere recuperar la sensatez. Dejar crecer un problema larvado, en una comunidad autónoma con tanta capacidad de autogobierno como es Cataluña, ha llevado el estado de las cosas hasta aquí. Décadas de adoctrinamiento en los colegios, propaganda institucional separatista e incluso la instalación en el exterior de células en busca de apoyos internacionales, no podrían arrojar otro resultado.

Pensar que todo el sentimiento secesionista cultivado por décadas, puede desaparecer por la vía de la legalidad coercitiva sería iluso. El Gobierno tiene que encontrar cauces para demostrar que Cataluña es mucho más dentro de España que aislada. Tienen los partidos constitucionalistas un reto importante dentro del Estado de Derecho, pero con altura de miras para devolver la sensatez y la concordia al pueblo catalán.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución no puede tener como resultado una mayor fractura social en Cataluña. Tampoco puede derivar en una campaña electoral de seis meses en la que los argumentos, aunque destrozados por la realidad, continúen siendo los mismos. Tiene que quedar clara la voluntad de normalizar la vida en Cataluña dentro del marco de convivencia democrática, entendiendo que existen demandas con un amplio respaldo de la población catalana, pero también excesos en la búsqueda de homogeneizar a ese mismo pueblo.

Hay que recuperar la sensatez y ahí los catalanes, todos los catalanes, tienen mucho que decir porque ha llegado su momento.

Hora de trabajar, señores

Carece de sentido analizar los resultados de la contienda electoral del domingo 26. Es agua pasada y ya se han derramado ríos de tinta –sobre todo virtuales- al respecto.  Un 33% de los votantes dio su apoyo a una formación política. El resto, que no alcanzaron más de 85 escaños de forma individual, no les queda más que aceptar el resultado y esperar su oportunidad en los próximos comicios.

El resultado de estas elecciones ha sorprendido a casi todos, al igual que ha dejado claro que es necesario llegar a acuerdos para formar un Gobierno estable, que retome senda del crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de los servicios esenciales.

Ahora es tiempo de que los políticos, sobre todo los que afirmaron en campaña que no habría una tercera convocatoria electoral, se pongan a trabajar. A día de hoy, trabajar quiere decir llegar a un acuerdo para que España tenga un Gobierno legítimo y no uno transitorio. Conseguirlo parece bastante fácil y sería comenzando por los puntos en común.

¿Acaso PP, PSOE y Ciudadanos no quieren reducir las cifras de desempleo?. ¿No prometieron los tres fortalecer la educación?. ¿No buscan los tres partidos una España competitiva, cohesionada y pujante?. Parece evidente que sí. Como también existen diferencias en el modo de lograr tales objetivos. Pero si hay objetivos comunes, es posible remar juntos en el mismo sentido.

Ya conocemos el resultado de las estrategias partidarias que se pusieron en marcha tras el 20D. Sabemos que el coste económico y político de seguir por el camino de la confrontación es alto, sobre todo para los que ven una oportunidad en la falta de estabilidad y se nutren del descontento ciudadano.

Es por ello que los españoles reclaman a los políticos la amplitud de miras suficiente para superar la ceguera de la confrontación, la excusa de la interpretación de los resultados y la supuesta dictadura de los comités directivos de los partidos.  Más de un año de campaña electoral es más que suficiente para que algunos olviden las frases hechas y las consignas demagógicas.

Ha llegado el momento de ponerse a trabajar por una España mejor.  Eso es lo que estamos esperando de ustedes.

¿Y si es Albert Rivera?

Algunos hablan de su juventud (36 años) y su falta de experiencia. Sin embargo, Albert Rivera es el líder político que mayor caudal de votos ha logrado en sus primeras elecciones a nivel nacional. Más mérito aún si tenemos en cuenta que Ciudadanos (C´s) no ha tenido la capacidad financiera del resto de sus rivales en las elecciones del 20-D.

Rivera no tiene muertos en el baúl. Ni casos de corrupción, como PSOE o PP, ni apoyos de gobiernos extranjeros con un claro sentido anti-democrático, como Podemos. Tampoco ha trazado cordones sanitarios a la hora de pactar con otras formaciones políticas. Aunque más que pactos, C´s lo que ha posibilitado han sido gobiernos estables en varias comunidades autónomas  y ayuntamientos importantes.

Los únicos requisitos claros de C´s en este período han sido la unidad de España y la lucha contra la corrupción. Para Podemos y sus alianzas territoriales con el independentismo (Cataluña, Valencia, País Vasco y Galicia) la unidad de nuestro país es una entelequia a la que denominan “realidad plurinacional”, un aforismo inventado en la época de Rodríguez Zapatero y que nos ha traído hasta aquí.

De igual modo parece que ni PP ni PSOE pueden sacar pecho en lo que a corrupción se refiere. Los casos de corrupción son importantes en las filas de una y otra formación. Por mucho que Pedro Sánchez se empeñe, los casos de Andalucía son gravísimos y semanalmente vemos nuevos imputados, a pesar de haber conseguido sacar a la juez Alaya de la instrucción.

Rivera no ha pedido sillones. Ha pedido unidad y un gran pacto de Estado. Tiene claro que unas nuevas elecciones no son la solución de España, porque muy probablemente el arco iris actual volverá a tornarse rojo y azul. Podemos y C´s se verían con toda seguridad perjudicados, pero los defenestrados serían Rajoy y Sánchez, los cuales aún se resisten a entender que son el obstáculo para el gran pacto que solicita la mayoría de los españoles.

En una encuesta de Metroscopia publicada por el diario El País, vemos que ni tan siquiera los votantes de PSOE y PP otorgan el apoyo a sus respectivos candidatos. Menos aún los de C´s. Curiosamente los votantes de Podemos se declaran más partidarios de un Gobierno presidido por Sánchez (72%) que los propios electores socialistas (57%).

En esa misma encuesta Albert Rivera aparece como el líder político más valorado tras las elecciones de diciembre. Rivera está a decenas de puntos de ventaja sobre Iglesias, Sánchez o Rajoy, todos ellos desaprobados ampliamente en la consulta. Quizá porque los ciudadanos hemos visto en él al único líder político humilde que ha sido capaz de negociar con todos y el verdadero artífice del pacto en el Congreso de los Diputados, en el que PSOE y PP han cedido.

Ante este panorama, si empleamos el sentido común, parece claro que el verdadero candidato a presidir esta época turbulenta de la Historia de España es un muchacho joven, pero capaz, inteligente, negociador, abierto y fresco llamado Albert Rivera.

Con este Pacto de Estado PP+PSOE+C´s, podríamos soñar los españoles con lograr los mejores resultados por medio de las reformas que llevamos décadas pidiendo y que han estado al albur de los movimientos partidistas de los grandes actores políticos desde la transición. Hablamos de educación, lucha contra la corrupción, régimen territorial y racionalización del gasto público. Temas de los que nadie habla en estos días, sólo Albert Rivera. Démosle la oportunidad.

¿Ha llegado la hora de pensar en España?

Más allá de analizar los resultados electorales del domingo, me parece más oportuno señalar cómo deberíamos reflexionar al respecto de los mismos de cara a los pactos que se avecinan. Porque de pactos trata ahora este juego y, en tal magnitud, que nunca antes habíamos asistido a un escenario parecido. Ni por el número de actores, ni por el pelaje de los mismos.

Con esta perspectiva, más que analizar datos lo que cabe es analizar realidades. Porque una vez más asistimos a la ceremonia del todos ganan, pero todos, absolutamente todos han perdido en estas elecciones. Unos en votos y otros en expectativas de voto. Pero los que más pueden perder, en este nuevo escenario, son precisamente aquellos que acudieron a votar el domingo. De ahí que quizá haya que revisar, no los resultados, pero sí lo que se deriva de los mismos que son las enseñanzas para los actores que van a tener una parte importante del futuro –y la recuperación- de España en sus manos.

El Partido Popular no puede sacar pecho de estos resultados. El mapa teñido de azul que presenciamos el domingo a última hora de la noche no es más que un espejismo, porque todo apunta a que los pactos no le van a favorecer. Ha llegado la hora de la renovación de un partido que mantiene intacto el aparato de la debacle de 2004. El domingo se movieron los cimientos de aquel "Roma se conquista desde las provincias", que estableciera Aznar de forma tácita. Y con este terremoto se tiene que ir la soberbia instalada en Génova desde aquella mayoría absoluta del año 2000.

En el PP tienen que cambiar mucho las cosas, no sólo las caras. Estos resultados son la oportunidad para Rajoy de pensar en su partido más allá del 13 de junio. Todo queda resumido en una palabra que muchos desconocen o evitan: humildad. El electorado popular lo ha dejado muy claro: ¡basta de corrupción!. No confundamos el mensaje.

Ser la tercera fuerza política en la capital de España es un varapalo sin precedentes para el PSOE. Un partido tocado de muerte en muchos municipios y unas cuantas autonomías. Rebasado por la izquierda, pero también arrasado por la corrupción y por la herencia del peor presidente del gobierno de la democracia: José Luis Rodríguez Zapatero, al que sacaron a pasera en campaña.

El domingo Pedro Sánchez sonreía a pesar de perder 800.000 votos frente a 2011 y casi 2.000.000 de votos con respecto a las elecciones de 2007, más que el PP. La victoria del que esperaba una derrota aún más severa lo consoló. Sin embargo, las alternativas de pactos parecen darle ventaja al PSOE, que podría caer en el error de entrar en ese revanchismo que tanto nos caracteriza a los españoles: cualquier cosa menos mi archienemigo.  

Y digo error porque ese "cualquier cosa" es una amalgama de partidos, tendencias, personalidades y personajes varios que le van a exigir mutar en cualquier cosa –ahora sí- menos en un partido nacional. Ya lo hicieron en el pasado reciente y las consecuencias fueron desastrosas. Aún hoy las sufren en Galicia o Cataluña.

Aquí no va a servir el discurso de la-lista-más-votada de las lideresas derrotadas del PP. Tampoco el de "todo vale para derrocar al enemigo", que vislumbra la cúpula del PSOE. Los que están hambrientos de poder tienen muy poco que perder y mucho que ganar en esta etapa de pactos que nos regalan los comicios del domingo. Quizá la mayor enseñanza no sea la de continuar con el cálculo político del pasado, sino la de abrir una nueva era de entendimiento nacional y de acuerdos para borrar del mapa los grandes problemas de España: corrupción y paro.