Los columnistas de la izquierda aquí en Costa Rica y en toda América Latina se han lanzado en manada a relatarnos su peculiar y, en la mayoría de los casos, desacertada visión acerca de la condena que Baltasar Garzón recibió de parte del Tribunal Supremo de España. Por cierto, fallo unánime de los siete magistrados, los únicos que lograron sortear las numerosas de recusaciones con las que el ex juez intentó posponer el primero de los tres juicios que tenía pendientes.
La mayoría de los que han dedicado líneas de apoyo al mediático jurista hay que reconocer que tienen cierto conocimiento de la trayectoria de Garzón. Los columnistas han cargado las tintas en sus más conocidas actuaciones, como la detención de Pinochet. Sin embargo, ninguno ha hecho referencia a sus innumerables errores en su labor de juez instructor. Estos errores provocaron no pocas absoluciones de narcotraficantes y terroristas.
Precisamente es un error, o más bien un abuso, el que ha llevado a Garzón a recibir una severa condena del máximo tribunal español. Se trata de la utilización de grabaciones de conversaciones entre imputados y sus defensores como parte del sumario instruido por el denominado juez estrella. En otras palabras, Garzón aprobó que se conociesen y utilizasen las charlas de los juzgados con sus abogados para conocer las estrategias de defensa. La justicia a cualquier precio.
Resulta llamativo que los hechos concretos que motivan la condena del ex magistrado pasen desapercibidos para tan insignes columnistas. Pero para formarse una opinión o, más bien, para intentar influir en la opinión del público, hay veces que la realidad supone un obstáculo merecedor de ser apartado con palabras grandilocuentes, cuando no amenazantes: vuelve la dictadura, el franquismo, los herederos del falangismo.
Parecen olvidar los editorialistas la filiación política del inhabilitado juez. Garzón fue diputado por el PSOE entre 1993 y 1994 y secretario de estado durante la última legislatura de Felipe González. Casualidades de la vida, precisamente el partido que nombró al fiscal que se negó a presentar acusación contra Garzón a pesar de lo flagrante de su imputación, como ha demostrado la unánime sentencia del Supremo. Por no hablar del oportunismo político con el que ha actuado Garzón. Ni una línea al respecto.
Pero lo más importante es el profundo desconocimiento que demuestran la mayoría sobre la realidad política y social española. Alguno incluso habla de la “República de España”, lo cual nos deja entrever la validez de sus opiniones. Si no se conoce el sistema político de un país, ¿se puede opinar sobre un asunto jurídico del mismo?.
Otros mezclan torticeramente esta condena por prevaricación en un asunto de corrupción con otro juicio, pendiente aún de sustanciarse, en el que se acusa a Garzón de abuso de autoridad en relación con su investigación de los crímenes del franquismo.
No, señores, no vale todo a la hora de hacer justicia. Como tampoco vale todo cuando de defender posiciones ideológicas se trata. La ideología no puede ocultar los hechos, ni tampoco mezclarlo todo para que, del cóctel resultante, nuestra opinión parezca cargada de razones.
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