Un gobierno de Coalición Nacional

5 de febrero de 2018. Rodolfo Piza, candidato presidencial del PUSC, apenas ha dormido. Se levanta de madrugada desvelado. No es el resultado de su candidatura lo que lo tiene desvelado, sino el panorama que se presenta para la segunda ronda. Hiperactivo y taciturno, comienza a redactar un documento con cerca de cien puntos en los que basar una futura negociación para unirse a alguno de los dos candidatos que quedan en liza.

Javier Chaves, presidente de Aldesa y destacada figura del equipo de Piza, es el primero en conocer sus planes: establecer un programa para lograr un acuerdo de gobierno con alguno de los dos candidatos. Este borrador incluía puntos que suponían para Restauración y PAC abandonar algunas de sus líneas rojas, en cuanto a derechos y libertades y programa económico, respectivamente. Con la lista consensuada junto a su equipo y otros líderes del PUSC, comienza la negocicación con ambos candidatos.

Ese mismo día Carlos Alvarado llama a Rodolfo Piza. Proponen una reunión inmediata, la cual no resulta muy satisfactoria para los mariachis que ven buena disposición en el candidato, pero existen aún muchos puntos de discordia. Junto al programa, Piza y su equipo buscan garantizar el acuerdo proponiendo incorporar a las personas que hagan cumplir lo pactado en puestos claves del futuro gobierno de coalición.

Rodolfo Piza no encuentra la misma receptividad por parte de la candidatura evangélica. Fabricio Alvarado se toma unas merecidas vacaciones y deja al mando al experimentado diputado Mario Redondo, que se erige en próximo ministro del gabinete restaurador. Redondo no tarda en ponerse manos a la obra, pero no para acercarse a su antiguo partido, el PUSC, sino para reunirse con Carlos Benavides, el diputado electo del PLN y mano derecha de la campaña de Alvarez Desanti.

Piza no logra respuesta por parte de Fabricio, pero lo intenta por medio de Javier Chaves, quien contacta a Mario Redondo. Este encuentro tampoco fructifica. Redondo, si bien acepta las líneas maestras del programa de Piza, no ofrece ninguna garantía a Chaves para que se cumpla lo pactado, “hablemos después del 1 de abril, seguro que llegamos a un acuerdo”, parece ser el mensaje del negociador de Restauración. Ya Redondo tiene sus piezas en el tablero, gracias al acuerdo logrado con una de las facciones de Liberación. Además a Restauración le llueven las propuestas de ministrables gracias a los oficios de Redondo y de Mónica Araya Esquivel, lobista de los exportadores y cercana al PUSC hasta el 5 de febrero.

Carlos Alvarado avanza dentro de su candidatura para modular posiciones y hacer viable el acuerdo de Coalición con Rodolfo Piza. Así, el siete de marzo, después de muchas sesiones de trabajo se logra un documento consensuado entre ambos equipos. Piza no quiere una adhesión vacía, sino un acuerdo de gobierno que dé estabilidad al país, garantizado con una serie de puestos claves que ya tienen nombre y apellidos: André Garnier, Edna Camacho o Jorge Guardia, entre otros.

Piza llega más lejos y logra el compromiso por parte de Alvarado de que los puestos clave para cumplir el programa de la Coalición, serán propuestos por él. Además el equipo de Piza lidera el grupo económico conjunto y apoyará la campaña de Carlos Alvarado que pasa a ser la de la Coalición.

A partir del acuerdo llegan las adhesiones que sorprenden a propios y extraños: Luís Javier Castro, Dyalá Jiménez Figueres o Rafael Ortiz, rival de Piza en las primarias del PUSC. Esta Coalición permite, no sólo quitar etiquetas al PAC, sino augurar un futuro más claro para después del 2 de abril. El propio José María Figueres señaló esta alianza como la única viable para el futuro de Costa Rica ante este panorama para el balotaje. Marcando así la clara división interna existente en el seno de Liberación Nacional que, pese a su mayoría parlamentaria, resulta complicado pensar que será un bloque compacto.

Costa Rica ante su espejo

Antes de comenzar quiero invitar al amable lector a que revise mi anterior entrada en relación con mi postura en la primera ronda electoral del 2 de febrero. Nunca me he sentido cerca del PAC. Pero la realidad en la que estamos nos obliga a recalibrar nuestro pensamiento, porque estamos ante una segunda ronda absolutamente inesperada. Aunque parece que hay mucha gente que aún sigue en primera ronda, cuando había otras alternativas, más allá de este panorama que se nos plantea: una mala opción o una opción peor.

Una opción que debe señalar con claridad si vamos a seguir por la senda del despilfarro público, la inacción ante la criminalidad y el circo mediático como forma de hacer política. Dejar claro si esta opción representa el continuismo de 12 años de impulso estatal imparable e ineficiente, que no atiende a las necesidades básicas de la población: salud, educación, seguridad e infraestructura. Mala opción pensar que sólo más impuestos solucionan el problema.

La otra opción para el gobierno de Costa Rica es un grupo con intereses espurios, plagado de ineptos y liderados por un fanático religioso que ni siquiera pudo graduarse en la universidad. Que cancela debates porque no tiene propuestas ni programa más allá del modelo de familia pentecostal. Una opción en la que los que rodean a última hora al candidato van buscando el favor político, la palanca del Estado para los negocios propios o recobrar el protagonismo que las urnas les negaron. Pésima opción si, con la esperanza –probablemente falsa- de mejorar las finanzas públicas, Costa Rica tiene que retroceder al siglo XIX en materia de derechos humanos.

Este es el debate que vivimos a diario en los cafés, en las oficinas y en las redes sociales. Un debate tergiversado como siempre por acusaciones de parte, por verdades a medias y por presiones de todo tipo.  Un debate en el que está saliendo a flote lo peor de la sociedad tica. En el que hablar de derechos humanos empieza a estar mal visto, porque podría afectar a las tasas de interés. En el que hay que taparse la nariz y transigir con los que atacan sistemáticamente nuestro credo, con tal de que lleguen a redactar un plan de gobierno potable para las élites económicas.

A veces hablamos de fractura social cuando vemos el auge de determinadas opciones populistas. Desde los cantos de sirena del chavismo, hasta la oleada conservadora evangélica. Movimientos extremos y pendulares presentes en todo el continente. Lo que no apreciamos es que estamos ante algo más que una lucha de clases, o el reflejo del resentimiento social de una sociedad con importantes desequilibrios sociales. Estamos ante el examen de reválida de una sociedad y una democracia madura.

Si el 5 de febrero preguntaba públicamente ¿qué hiciste por evitar este escenario?, hoy mi pregunta es ¿qué vas a hacer para evitar que Costa Rica vuelva al pasado o caiga en la quiebra?. Porque es muy difícil pensar que un país que da marcha atrás en libertades civiles, en derechos humanos consolidados como los que tienen las grandes democracias de Occidente, vaya a sobrevivir económicamente en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Si hoy el mundo mira hacia Costa Rica por algo, es por el camino recorrido gracias a los avances que lograron los Santamaría, Mora, Facio, Figueres o Calderón. No lo deshagamos ahora por el espejismo de la teología de la prosperidad.

Se acabó la fiesta

Han sido tres años y medio de intensa campaña electoral. Por supuesto, en el tramo final el Gobierno del cambio no nos iba a decepcionar y ha redoblado sus esfuerzos por ocultar la realidad de las finanzas públicas, la inseguridad ciudadana y la corrupción que son los factores que más importan a la población. Según las encuestas. Unas encuestas que no tienen credibilidad algunas, gracias a los propios encuestados que mienten o prefieren patear el balde y decir que son indecisos.

A juzgar por las últimas apariciones de Luis Guillermo Solís en redes sociales, a razón de seis posteos diarios -la mayor cobertura jamás vista acerca de las actividades de un funcionario que pareciera no haber pisado Zapote desde que compareciera a cuenta del escándalo del cementazo-, vivimos en una suerte de El Dorado en el que el dinero público fluye cual maná alimentando al pueblo de Israel en el desierto. En paralelo nos cuenta el Ministro de Hacienda que “hemos hecho todo lo posible para reducir el déficit público”, pero el dato es demoledor: 6.2% del PIB es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado en el último año de la Administración Solís.

Parece que el maná no viene del cielo, sino que se transfigura en deuda pública, cuando no en problemas de liquidez, como el anunciado por el propio Solís en agosto del pasado año. Demasidas personas no entienden cómo esto puede afectarles y se dejan llevar por los disfraces presidenciales, los cortes de cinta del avance del 35 por ciento de una rotonda o el folclor local –y bananero- que rodea las incesantes giras de El Presi.

Tres años de más madera en el gasto público han deshecho los efectos de la bonanza económica. La mayor recaudación fiscal no se tradujo en superávit o equilibrio, sino en déficit por la glotonería de una Administración que gasta a manos llenas. Subidas salariales por encima del sector privado, incremento de los presupuestos de las instituciones autónomas y un despligue de transparencia en forma de propaganda nunca antes visto, han sido claves para desequilibrar el presupuesto estatal.

Las señales no pueden ser peores. La caída de la confianza de la deuda tica en los mercados es más que evidente y las tasas ya se sienten en la economía, que comienza a desacelerarse. Además la deuda pública creciente requiere más y más recursos de los mercados de deuda, con la subida de tasas que implica. Mayores tasas suponen menos crédito para el sector privado. Dificultades para el acceso al crédito de las empresas y las familias, que empeoran por la situación en la que los escándalos vividos por los bancos estatales durante esta Administración.

Este empeoramiento de la situación económica ya se traduce en menor consumo privado. Las ventas de carros, por ejemplo, cayeron en 2017 un 13 por ciento. La contracción económica acecha y la única receta que tiene el PAC es subir los impuestos. Una subida que generará aún más problemas para la economía productiva, mientras el Estado continúa en su senda de derroche.

La peor parte de esta historia que nos oculta la incesante Ruta de la Alegría es que todo este despilfarro estatal no se traduce en mejores servicios para los ciudadanos. El transporte público sigue anquilosado en un modelo de los ochenta, la educación no universitaria pública sufre un abandono absoluto, las listas de espera de la Caja son inauditas y las mafias del narcotráfico campan por Costa Rica a su antojo. Tampoco los índices de corrupción son menores, como prometió el PAC durante toda la campaña que les dio la victoria en 2014.

La fiesta se acaba y ahora toca limpiar los estragos que dejan cuatro años de insensatez en el gasto. Eso sí, con mucho color y todo publicado en Facebook.

Esto era el cambio. Una reflexión pre-electoral para Costa Rica.

Nadie puede negar que Luis Guillermo Solís (LGS) está cumpliendo a cabalidad con su promesa de establecer el Gobierno del Cambio en Costa Rica. El cambio ha sido más que evidente, sobre todo en la forma de ejercer la máxima autoridad del país durante estos casi cuatro años.

Para empezar LGS cambió a todos los cargos de relevancia en todas las instuciones, empresas y organismos del Estado. No quedaron al margen los bancos estatales, uno de ellos hoy quebrado bajo el mandato de algunos de sus más allegados colaboradores. Tampoco el ICE, hoy con un tremendo déficit en sus cuentas, las cuales no quiso hacer públicas LGS a pesar de su prometida transparencia. En paralelo también hemos vivido, gracias a las políticas de expansión del gasto público, cómo las tarifas de los servicios básicos incrementaron astronómicamente, a pesar de la promesa electoral contraria. Cambio sí, a peor.

Cambió también LGS a los jerarcas del MOPT, con su brazo armado el Conavi, o la piñata de la obra pública. No, no lo cerró, a pesar de su cacareado compromiso de cierre. Ahí cambió poco, sólo los jerarcas que, como los anteriores, hicieron de las suyas. Aún tenemos en la memoria la adjudicación de la construcción del edificio del MOPT con un cartel que sólo permitía presentarse a dos empresas.

En la DIS, que tampoco cerró, cambió a su director y puso a su íntimo amigo Mariano Figueres, el cual ya sabemos que también modificó algunas cosas sobre la forma de utilizar la inteligencia patria y, de paso, las visitas a Casa Presidencial. Pero el que más sabe de estos cambios es Juan Carlos Bolaños, hoy en prisión preventiva, que fue invitado de Zapote en numerosas ocasiones. La versión oficial es que lo hizo para “abrir el duopolio cementero”, lo cual nunca sucedió pero sí se enriquecieron unos cuantos de estos gobernantes del cambio.

Pocos recuerdan que el cambio también pasaba por el estado laico. Menos aún que el 6 de febrero de 2014, día de la primera ronda presidencial que llevó al poder a LGS, éste se encontraba en la Catedral Metropolitana. Había que rascar votos católicos el día E. En cualquier caso pocos cambios hemos visto en este tema. Si acaso la patada de los matrimonios homosexuales hacia la CIDH para no mojarse mucho. ¿Ha visto alguien algún movimiento del Gobierno del Cambio para hacer efectiva la sentencia?.

Pero el cambio más profundo se ha producido en la forma de interpretar el mandato popular por parte de LGS. La transparencia y la cercanía han consistido en convertir la Presidencia de la República en una suerte de espectáculo público diario. Miles de posteos en redes sociales, transmisiones en vivo a diario para dar a conocer cualquier avance de obra, videos propagandísticos varios, por no hablar del afán carnavalesco de LGS. Decenas de disfraces nos ha mostrado el mandatario: bombero, piloto, ingeniero, explorador, afrodescenciente y hasta imitador del comandante del Air Force One, con bomber y gorra, cada vez que el viento soplaba más fuerte de lo habitual.  No ha existido un gobierno más atento a las señales meteorológicas que el de LGS.

El resultado del cambio es un país fragmentado con un caldo de cultivo óptimo para el arribo de algún líder populista -¿acaso no hasido el de LGS un gobierno populista?-. Una Costa Rica en la que las redes sociales tienen más credibilidad de los debates en sede parlamentaria o los discursos bien argumentados. Un déficit fiscal galopante imposible de atajar sin una subida de impuestos y, en paralelo, un recorte importante de la estructura estatal, incrementada por el cambio de sillones.

A pocos días de las elecciones, los costarricenses se sienten confundidos ante la fragmentación del voto que auguran las encuestas. Los debates principales, que rentan votos al populismo, poco tienen que ver con la realidad de nuestro día a día como afanados trabajadores, profesionales o empresarios. Sin embargo, lo que parece necesario es un Gobierno que ofrezca estabilidad, medidas concretas, rigor presupuestario y que permita al país seguir avanzando para mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Medite bien su voto… y su futuro.

¿Qué ocurre en Cataluña?. Una versión para no españoles.

Muchos amigos de fuera de España me preguntan acerca de lo que viene sucediendo en nuestro país con respecto al intento de secesión de Cataluña. En primer lugar, hay que tener muy claro que la sociedad catalana es diversa y no coincide con esa identidad independentista que a veces se nos ofrece desde algunos medios. El 27 de septiembre de 2015 los catalanes fueron llamados a las urnas –los catalanes han acudido a las urnas tres veces en menos de dos años- para elegir al gobierno autonómico por medio del sistema de representación parlamentario. Los partidos independentistas (Junts Pel Sí y CUP) obtuvieron un 47,8 por ciento de los sufragios.

Esta victoria simple permitió al independentismo formar mayoría absoluta parlamentaria gracias a la distribución de los votos frente a las escaños. Las provincias catalanas más proclieves al secesionismo necesitan menos votos para conseguir representación, frente a Barcelona, la provincia más poblada y menos nacionalista. La coalición en el poder autonómico catalán nombró a Carles Puigdemont president. Si bien él nunca fue el candidato, el partido anticapitalista CUP obligó a Junts Pel Sí a sustituir al candidato más votado: Artur Mas.

Autonomía regional

España está conformada por diecisiete comunidades autónomas, las cuales cuentan con diferentes niveles de autogobierno. Cataluña es una de las regiones con mayor capacidad en la gestión de los servicios. Salud, educación, seguridad pública o infraestructuras, son algunas de las competencias que corresponden administrar de forma autónoma a la Generalitat de Cataluña. A pesar de este alto nivel de autogobierno, similar e incluso superior en algunos casos al de los lander alemanes, el nacionalismo reclama más soberanía a España.

Un intento de obtener más competencias para Cataluña se produjo en 2006, con la aprobación de un estatuto de autonomía que incorporaba elementos de autogobierno que fueron desestimados por el Tribunal Constitucional español en 2010. A partir de ahí, sumida España en plena crisis económica, el independentismo comienza a fortalecerse mezclando crisis y recortes con autogobierno. El discurso secesionista se centra en la fortaleza de la economía catalana, la continuidad de Cataluña en la Unión Europea (UE) y en una narrativa histórica sobre la existencia de una singularidad territorial ancestral y reprimida por España. La salida es la realización de un referéndum de independencia el cual no tiene encaje en la Constitución Española de 1978, a la sazón aprobada por más del 90 por ciento de los catalanes en sufragio universal.

La situación actual

La exigua mayoría parlamentaria separatista aprueba el día 6 de septiembre la celebración de este referéndum para el 1 de octubre. Esta consulta vinculante fue decretada inconstitucional y anulada por el Tribunal Constitucional.  A pesar de la ilegalidad, Carles Puigdemont y sus socios de gobierno autonómico insisten en realizar el referéndum sin ningún tipo de garantía democrática -censo universal, votos duplicados, etc-. Del inválido resultado se obtiene una declaración de independencia votada el 27 de octubre por 70 de los 135 miembros del parlament.

A raíz de estos hechos, Cataluña entra en una especie de incertidumbre jurídica que tiene importantes consecuencias. Más de 1.800 empresas, entre ellas los bancos y la industria más importante, decide cambiar su sede a otros lugares de España. La UE expresa la imposibilidad de aceptar una Cataluña independiente en su seno de forma directa.

A partir de ahí el Gobierno español de Mariano Rajoy, el mismo 27 de octubre, con el apoyo de más del 70 por ciento de las fuerzas parlamentarias españolas, aplica los mecanismos de intervención para devolver la legalidad a Cataluña. El famoso artículo 155 de la Constitución Española, que es votado a favor por 214 de los 262 senadores elegidos en 2016 por el pueblo español.

Con la autorización del Senado, el Gobierno catalán es cesado y se convocan elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.  Estas medidas son aceptadas por la práctica totalidad de los cargos políticos catalanes, si bien los que instigaron la declaración tendrán que asumir las consecuencias legales al considerar la justicia que cometieron delito de rebelión. Sin embargo, el presidente regional cesado, Puigdemont, junto con cuatro de sus ex-consejeros, decide marcharse a Bélgica huyendo de las posibles consecuencias legales de la declaración unilateral de independencia.

Convocatoria electoral 21D

Se abre así un proceso electoral aceptado por todos los partidos catalanes, si bien la resistencia a acatar las decisiones de la justicia española por parte de Puigdemont y algunos de sus correligionarios, pueden mantener este escenario de incertidumbre.

Ante la convocatoria electoral, el independentismo tiene ante sí el reto de retomar la senda de la legalidad y la negociación dentro del marco constitucional. Asumiendo las consecuencias que desmontan su discurso sobre la economía y la permanencia en la UE. Por su parte las fuerzas constitucionalistas deben encontrar cauces para demostrar que Cataluña es mucho más dentro de España que aislada y recuperar así la normalidad social. Mención aparte merece la formación política de corte chavista Podemos (aliada a otra marca electoral denominada Catalunya Sì que es Pot), la cual mantiene una actitud ambivalente sobre el independentismo, en la búsqueda de mantener o ampliar su caudal de votos entre del nacionalismo catalán.