No quiero dos Españas

Los acontecimientos ocurridos en los últimos días han hecho salir a la superficie lo peor de nuestra idiosincrasia: el cainismo. Hoy es a cuenta de una manifestación religiosa, pero ayer fue por la aprobación de una ley y mañana por un paquete de medidas económicas. Por no hablar del fútbol, que tanto se asemeja a la política desde hace ya bastantes años.

Personalmente me he sentido atacado en estos días. Por un lado por los insultos gratuitos contra mi forma de pensar como católico. Por otro por los apoyos o silencios que la inmensa mayoría de los no creyentes han manifestado ante esas actitudes. Eso me ha hecho reaccionar de forma irracional, lo confieso. He atacado con el verbo a todos los que me han insultado o han amparado el insulto.

Esa actitud, aparentemente justificada, en realidad no es más que la reacción visceral que se desencadena ante la amenaza. Así, he alimentado ese sentimiento estúpido que demostramos los españoles antes los que no piensan como nosotros. “No soy como tú, soy mejor que tú”, parecemos gritar cada vez que sucede algo así. Son las famosas dos Españas. La de la derecha y la de la izquierda, la de los que creen y la de los que son ateos, la de los que perdieron y la de los que ganaron; y no me refiero a la Guerra Civil.

Pero hoy me rebelo contra ese sentimiento, contra mi propia actitud. Echo la vista atrás y recuerdo lo que ocurrió a mediados de mayo de este año. Sí, los españoles estábamos unidos. Buscábamos un fin común. Queríamos una mejor democracia.

Luego surgieron las diferencias. Los máximos y los mínimos. Los objetivos comunes ya no eran los mismos. Las dos Españas de nuevo en versión 15M. Los unos y los otros. Todo se ha ido desintegrando y lo de la JMJ ha sido el detonante para que las diferencias parezcan insalvables. Me equivoco. Nos equivocamos.

Este enfrentamiento continuo entre personas que piensan diferente es lo que nos esta exterminando como país y como sociedad. Sin embargo este enfrentamiento interesa. Sí, interesa a nuestra casta política, interesa a los medios de comunicación, que son los que al final toman partido por una u otra España y jalean a sus seguidores.

Seamos inteligentes, no sigamos cayendo en el error. Podemos salvar las diferencias o, al menos, aparcarlas, porque lo que TODOS queremos es un país mejor, una mejor sociedad. Creo que somos muchos, muchísimos, los que así pensamos. Por mucho que no coincidamos en el laicismo, en el Pacto del Euro o en las bondades de Mourinho,

No, yo no quiero dos Españas. Yo quiero un país unido frente a la crisis. ¡Recuperemos el espíritu del 15M!. Sumemos en lugar de restar.

¿Por qué el 15M no quiere culpables?

Napoleón Bonaparte, quizá uno de los más destacados militares que la Historia nos ha aportado, afirmó que "en las revoluciones existen dos tipos de personas, los que las hacen y los que se aprovechan de ellas". Él lo sabía bien, no en vano fue la Revolución Francesa la que le permitió alcanzar el poder.

Hoy en España se habla de revolución. Incluso algunos hablan de revueltas y las comparan con las acaecidas meses atrás en Libia, Siria o Túnez. Ponen en el mismo plano las dictaduras de Oriente Medio y la crisis política y económica que vive nuestro país. Allí los culpables son los dictadores, aquí políticos y banqueros.

Desde las filas oficiales del 15M los culpables de todo esto están claros: bancos, multinacionales y políticos. Todos juntos, un totum revolutum compacto, sin nombres y apellidos. Quizá si acaso se menciona a Emilio Botín. Aunque a Rubalcaba curiosamente se le mienta por no haber disuelto las acampadas. Pero a los grandes artífices de la crisis que vive la sociedad española, a esos, ni se les nombra.

Todos iguales. Políticos. Gobiernen o sean oposición. Hayan negado la crisis, la hayan ocultado o la hayan señalado y denunciado. Estuviesen en la gestión de las instituciones o clamando en contra de esa gestión. Lo mismo da. Todos culpables. Curioso, ¿no les parece?.

Yo lo que creo es que la inmensa mayoría de los que hoy gritan en las acampadas sin empleo, con trabajos precarios, viviendo en casa de los padres a los treinta y tantos y demás fauna que aún no ha abierto los ojos, en realidad también son culpables. Sí, culpables cuando en 2004 se desgañitaban en contra de una guerra que se sucedía a miles de kilómetros, sin ni siquiera percatarse de que España vivía en el esplendor de una nueva época dorada. Cuando se tiraron a la calle en plena jornada de reflexión ante la llamada de hoy candidato "Queremos un gobierno que no nos mienta".

Con el estómago lleno importan mucho las guerras en páramos desérticos. Cuando el paro se deja sentir con toda su crudeza, poco interesa que España combata en Libia y Afganistán.

No, entonces no se quejaban de los políticos, sino de los gobernantes. Entonces Aznar era el gran culpable por enviar tropas a Irak. Así que masivamente votaron a Rodríguez Zapatero. El líder bueno, el político inmaculado, el de las políticas sociales. Ese que hoy parece no tener culpa de nada.

En 2008 cuando la crisis era un clamor, a pesar de los miles de millones de euros gastados para ocultarla –gasto social, que llaman algunos-, le volvieron a votar. Quizá algunos menos, no lo dudo. Por eso quizá no interese señalar con el dedo a los que mintieron, a los que ocultaron, a los que dilapidaron durante casi una década, a los que nos arrastraron a la ignominia internacional, a los que han llevado este país a la más profunda de las crisis que se recuerdan.

De ahí que no haya culpables en esta revolución de indignados. Por eso nos hablan de la “crisis que vive el sistema capitalista internacional”, coincidente con el discurso aquel de “es una crisis internacional que afecta a todos los países de nuestro entorno”.

No es por otro motivo por el que ya no quieren hablar de reformas democráticas, sino de “salida social a la crisis” y “stoprecortes”. Simplemente porque en esa amalgama impersonal no señalan con el dedo a los que nos trajeron aquí con su voto.

En esta supuesta revolución también habrá dos tipos de personas: los que gritan en las plazas y los que se aprovechan de ellos para ocultar su culpa.

De la burbuja inmobiliaria a la burbuja del gasto público

Se han derramado ríos de tinta con sesudos análisis sobre la denominada burbuja inmobiliaria. Un fenómeno que se dejó sentir en el mundo entero, si bien la intensidad del mismo no fue igual en todos los países.

La cuestión es que la espectacular bonanza que experimentó el sector inmobiliario en casi todo el planeta durante no pocos años, hoy sabemos que se debió al crecimiento exponencial del crédito hipotecario. Su origen se centra en las bajas tasas de interés que los bancos centrales de Europa y los Estados Unidos establecieron tras una serie de acontecimientos concatenados: crisis económica alemana, estallido de la burbuja puntocom y atentados del 11-S.

Dicho de otro modo, el dinero barato permitió que mucha gente se endeudara para adquirir una vivienda o mejorar la que ya poseían. Lo cual provocó una cadena de crecimiento del sector que se retroalimentaba gracias a la expectativa de alza de los precios, la cual no sólo atraía a compradores reales, sino a inversores especulativos.

Claro que ese efecto tuvo consecuencias colaterales mucho más allá del sector inmobiliario. Por ejemplo en la recaudación de impuestos. Los gobiernos empezaron a llenar sus arcas gracias a la bonanza económica derivaba del boom inmobiliario. No en vano estamos hablando de uno de los sectores que soporta mayores impuestos: se gravan las compraventas, se gravan los beneficios, se gravan las hipotecas, etc.

En el caso de España el Estado pasó de recaudar en el año 2000, cuando comienza el ciclo expansivo inmobiliario, 231.960 millones de euros a ingresar 419.370 millones de euros en 2007, cuando la cresta de la ola toca a su fin. Esto supone un incremento de los ingresos del Estado del 80 por ciento en siete años. Durante ese periodo la inflación apenas creció un 30 por ciento. Dato que ofrezco por si algún avezado lector llega a pensar que el aumento de los ingresos se debió meramente al factor inflacionario.

La cuestión es que España vivió su particular burbuja del gasto público al amparo de la del ladrillo. Porque si los ingresos se incrementaron los gastos no se quedaron atrás. Sólo la partida de gastos de personal del Estado pasó de 64.278 millones de euros en 2000 a los 107.835 en 2007 y ha seguido creciendo hasta los 125.164 millones de euros en 2009, casi el doble en una década.

Al amparo de unos ingresos en continuo aumento, los gobernantes emprendieron toda clase de proyectos. Aprovechando tan favorable coyuntura, proliferaron las iniciativas denominadas sociales, desde la Ley de la Dependencia al conocido como cheque bebé, pasando por infinidad de subvenciones y la creación de innumerables entes estatales, autonómicos y municipales de más que dudosa utilidad para la sociedad en general. Igualmente se promovieron infraestructuras jamás soñadas: aeropuertos sin aviones, parques sin niños o plazas de toros sin corridas.

En ese escenario de días de vino y rosas, incluso los socialdemócratas más acérrimos decretaron importantes reducciones de impuestos. Bajar impuestos ahora era de izquierdas. Lo cual no hizo otra cosa que continuar alimentando la burbuja especulativa al permitir que hubiese más dinero en manos privadas.

Pero los gobernantes no son gestores de recursos, sino políticos cuyo interés es permanecer en el poder o cedérselo a sus más cercanos colaboradores. Así que no cayeron en la cuenta de que todas las inversiones que acometieron, todos los planes que aprobaron y cada uno de los entes que crearon tenían unas consecuencias económicas a largo plazo. Los aeropuertos no pueden cerrarse, los funcionarios no pueden ser despedidos y los organismos públicos no pueden ser eliminados sin más. Por mucho que sus inflados ingresos, producto de la burbuja inmobiliaria, hayan caído hasta límites insospechados.

Dicho de otra forma, la burbuja del gasto público no puede desinflarse, así como los estados no pueden ir a la quiebra. Al contrario que las empresas promotoras inmobiliarias, los países no tienen la capacidad de ir a un concurso de acreedores, ni tampoco pueden entregar sus activos a sus acreedores como dación en pago. Para mantener todo ese aparato creado de forma artificial, ahora se recetan subidas de impuestos para que el sector privado pague los excesos gubernamentales.

La solución es compleja. Los gobernantes son incapaces de adoptar medidas impopulares, pero aún son más incompetentes a la hora de dar marcha atrás y renunciar a todo ese fascinante Estado del Bienestar que crearon con ingresos procedentes de una coyuntura absolutamente irreal. Los mercados, esos ogros sin compasión, lo saben y por eso dudan de la capacidad de cobro de las deudas públicas de algunos países sumidos en la burbuja del gasto público.

Los países sumidos en esta crisis sin precedentes van a tener que aceptar cambios sin precedentes para remontar el estallido de la burbuja del gasto público. Aunque para mi lo importante es que se abra un debate profundo acerca del papel del Estado en la economía a la luz de lo que está sucediendo.

Porqué me opongo al programa económico del 15M

Imagino que los que me leen aquí o me siguen en tuiter se habrán percatado de mi animadversión por la mezcla que se hace desde el 15M, especialmente por parte de su principal promotor Democracia Real Ya (DRY), entre reformas para el fomento de la democracia y propuestas concretas de política económica. En vista de la insistencia por parte de los que aún apoyan al pie de la letra todo lo que representa este movimiento, mi preocupación ha crecido exponencialmente, hasta el punto de recelar acerca de las intenciones últimas de los promotores del mismo.

Se insiste por parte de muchos en que el 15M no es anticapitalista, ni tampoco una suerte de socialismo reinventado. No obstante, como digo, su reticencia a eliminar el programa económico para lograr un consenso más amplio, centrado en medidas para lograr una democracia más participativa, transparente y amplia, me lleva a pensar que son las propuestas económicas las que más interesan a los “indignados”. Por ello me propongo en estas líneas señalar el motivo de mi oposición a las propuestas económicas de este movimiento.

Supongo que todos los “indignados” han leído el manifiesto de DRY, si no lo han hecho debería correr a hacerlo, allí se dice textualmente lo siguiente:

"El ansia y acumulación de poder en unos pocos genera desigualdad, crispación e injusticia, lo cual conduce a la violencia, que rechazamos. El obsoleto y antinatural modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se consume a sí misma enriqueciendo a unos pocos y sumiendo en la pobreza y la escasez al resto. Hasta el colapso."

Si esto no es anticapitalismo, que venga Dios y lo vea. Pero sigue:

"La voluntad y fin del sistema es la acumulación de dinero, primándola por encima de la eficacia y el bienestar de la sociedad. Despilfarrando recursos, destruyendo el planeta, generando desempleo y consumidores infelices. Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades."

Este párrafo deja claro que lo que se intenta es acabar con el sistema capitalista.

A ese discurso todos sabemos lo que sigue: que el Estado controle todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida para evitar la "desigualdad", las "oligarquías" y la "espiral consumista". Todo se reviste de participación ciudadana por barrios, luego los barrios reportan al distrito, el distrito al municipio y el municipio a la asamblea general. Todo está inventado. Lo inventó Engels, lo difundió Marx, lo ejecutó Lenín y Stalin lo llevó a su máximo esplendor. Hoy aún pueden comprobarse sus secuelas en Cuba y Corea del Norte.

¿Alguien en su sano juicio piensa que este nuevo "sistema" es viable?. ¿Alguien en sus cabales cree que todas cada una de las medidas de política económica las puede decidir el pueblo -representado mediante asambleas de barrio- en su conjunto?. ¿Y ejecutarlas?.

Pongamos como ejemplo una de las propuestas estrella en materia económica de DRY: "Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido". En primer lugar queda claro que es el ESTADO el ente que va a pasar a poseer todo ese stock -¡un anglicismo, quién lo diría!- y aquí llegan las preguntas: ¿Quién determina qué viviendas se expropian y cuáles no?. ¿Quién fija el valor se va a otorgar como justiprecio en las expropiaciones?. ¿Por qué se van a colocar en el MERCADO -¡uy, el mercado!, ese monstruo controlado por oligopolios y oligarquías- en régimen de alquiler y no de propiedad?. Si se van a colocar en el mercado, ¿quién va a fijar el precio?, ¿la asamblea de Sol o la del barrio en la que esté ubicado el piso?.

¿No será que se expropiarán sin justiprecio y se repartirán entre primos, amigos y/o afines al régimen, perdón, Movimiento –ahora sí con mayúscula-?. Bueno algo así fue lo que ocurrió en la Revolución cubana, sólo que allí incluso se invitó a los propietarios a abandonar sus viviendas. Claro que todo eso no se explica en manifiestos grandilocuentes, se ejecuta en cuanto se logra el poder.

No seamos ingenuos, estimados lectores, el ser humano es lo que es. Con crisis o nadando en la abundancia de la burbuja inmobiliaria.

Sí, yo quiero una mejor democracia. Pero ni me molesta el capitalismo, ni quiero que se otorgue más poder a políticos y burócratas. Por eso lo que pido es una regeneración democrática y que los gobernantes, surgidos de las urnas, tomen las decisiones acordes con su programa económico, asuman sus errores y nos consulten a los ciudadanos si tienen dudas. El socialismo ya demostró lo que era, no repitamos la Historia.


Dedicado a Lino, creador de CiuDem y precursor del 15M.

Desmitificando a la banca… y señalando a las entidades financieras

Ya he dejado escrito por ahí que una de las grandes ventajas de ser de izquierdas es que el pensamiento crítico se facilita tremendamente. Las consignas lo acaparan todo y sólo hay que seguirlas, hacerlas propias, porque su lógica es demoledora: los malos son “los de siempre” y nosotros somos los defensores de los desfavorecidos.

En estos días convulsos las consignas se agrandan, se extienden y cobran fuerza a base de repetirlas. Afirmaba Russell que con un poco de agilidad mental y unas cuantas lecturas de segunda mano, cualquier imbécil encuentra pruebas de todo aquello en lo que quiere creer. Hoy podemos sustituir “lecturas” por documentales entre la denuncia y la ciencia ficción para dar vigencia a la máxima.

En estos días complejos son los bancos los grandes vapuleados de las consignas oficiales de la progresía. Aunque algunos detalles valdría la pena analizarlos antes de firmar la sentencia de culpabilidad, aunque la hay.

Acusamos a los bancos de codicia, de querer ganar más dinero, de vender hipotecas imposibles, pero ¿quién compró esas hipotecas?. Hasta donde me alcanza la memoria no conozco a nadie al que le pusieran una pistola en el pecho para comprarse una vivienda nueva. Con su correspondiente hipoteca, claro está. Tampoco recuerdo ningún caso de cambio de pisito de sesenta metros por adosado de tres plantas bajo amenaza de muerte.

Dicho de otra forma, sí, los bancos querían ganar mucho dinero vendiendo hipotecas a diestro y siniestro, pero a los que hoy acusan con el dedo a los banqueros tampoco les vino mal aquel furor de hipotecas baratas y casas con precios al alza. La codicia no fue sólo de los bancos.

Otro detalle importante es que la manía antibancaria se centra en los grandes bancos españoles, especialmente en el Banco de Santander. Quizá por la animadversión que genera su presidente, Emilio Botín, y sus corbatas curiosamente rojas. Mientras los dardos se dirigen al carismático banquero santanderino, los políticos que dirigen las cajas de ahorros se esconden para que nadie se acuerde de ellos.

Porque en realidad los grandes desembolsos que la economía española ha tenido que hacer para rescatar a las entidades financieras, han ido a parar a las cajas de ahorros. Cajas dirigidas fundamentalmente por políticos de PSOE y PP. No he visto a ningún indignado gritar contra Narcís Serra, presidente de Caixa Catalunya, o Juan Pedro Hernández Moltó, que dirigió los destinos de la intervenida Caja Castilla La Mancha, por ejemplo.

Parádojicamente las cajas son entes con fines sociales, o algo así, sobre todo si tenemos en cuenta su tutela política. Es decir, que la salida “social” a la crisis que se con tanta vehemencia se vocifera -frente al neoliberalismo feroz-, deja de lado que el sector público financiero es al que se está protegiendo de la quiebra. A renglón seguido se piden nacionalizaciones de la banca. ¿Más?, pregunto yo.

¿No se han parado a pensar todos estos documentalistas y pensadores de la consigna que las grandes perjudicadas de la dación en pago de las hipotecas serían precisamente las cajas de ahorros gobernadas por PSOE y PP?. ¿No se han dado cuenta tantos cerebros creadores de pancartas que en Banco Santander ha liquidado la mayoría de su cartera de adjudicados mediante su propia inmobiliaria, conocida como Altamira?. ¿No queda claro que ha sido la estrategia de internacionalización de las grandes empresas la que ha posibilitado que la crisis no afecte tanto a estos conglomerados empresariales?.

De ahí que yo sea partidario de cambiar aquello de “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, por “políticos y político/bancarios”. Mucho me temo que da bien en las pancartas.

Aunque quizá la mayor falacia de todas es aquella que afirma que la desregulación, esa gran lacra del neoliberalismo salvaje, de las entidades financieras ha sido la causante de nuestros males. Ignoran, o parecen ignorar, todos estos iluminados de la indignación que el sector financiero es el más regulado de todos los sectores económicos en el mundo entero, desde Pekín hasta Nueva York. Puede que las regulaciones no hayan sido las correctas. Pero todo se ha fraguado bajo la atenta mirada de los reguladores y cumpliendo la legalidad vigente. Posiblemente equivocada.

Dicho todo lo anterior, que nadie se lleve a engaño. Las entidades financieras son las grandes culpables de lo ocurrido en esta crisis financiera/inmobiliaria. Primero porque utilizaron todos los medios para hacer crecer una burbuja inmobiliaria sin sentido. Segundo porque han preferido buscar el apoyo político –no olvidemos que son políticos los que regentan la mitad del sistema financiero español-, antes que sanearse adecuadamente o ir a la quiebra. Tercero porque no han asumido su culpa, la cual pasa porque acepten los inmuebles como pago de la deuda. Este último punto no interesa ni a PSOE ni a PP que son titulares de casi todas las cajas de ahorros de España.

No, yo no quiero que se nacionalicen los bancos, al contrario quiero que salgan de las manos de los políticos. Tampoco que tengan más regulación, sino una mejor normativa que impida excesivos riesgos del sistema. Lo que sí quiero es que puedan ir a la quiebra, bancos y cajas, como la tienda de la esquina, de la que nadie se acuerda. Ni los indignados oficiales.